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Fachada del Ministerio de Hacienda.
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Fachada del Ministerio de Hacienda. (Foto: Raystorm vía Wikimedia Commons)

De los presidenciables, los recortes de antes y de ahora y lo del amigo catalán

jueves 04 de abril de 2019, 21:47h
Ha sido semana de listas y listillos. Y ha sido una semana donde el Ministerio de Hacienda tenía que haber oficializado el logro del gobierno regional de haber alcanzado por primera vez la estabilidad presupuestaria y haber cumplido con el objetivo de déficit público. Pero lo despachó con una nota de prensa y ocultó el informe. Y es que con el informe en la mano se pueden ver los detalles de por qué Valencia (donde gobierna el PSOE y que va a elecciones el 28 de abril) y Cataluña (con socios preferentes del actual gobierno) acumulan 2.481 millones del total de 2.810 millones del déficit que tienen las Comunidades Autónomas.
En las listas a las elecciones autonómicas finalmente se ha hecho pública la del PSOE por Ciudad Real, la única que faltaba. La cosa tiene su morbo, porque con lo de la limitación de mandatos, el aspirante a la sucesión de García-Page (gane o pierda) es conveniente que esté en el Parlamento Regional. Y es toda una señal que la de Ciudad Real la encabece el que fuera secretario de organización y actual presidente de la Diputación de esa provincia: José Manuel Caballero. Ya habíamos apuntado esa posibilidad desde clm21.

No es el único presidente de Diputación que pone red y proyecta su futuro en clave regional. Otro que regresa al parlamento es el actual presidente de la Diputación de Cuenca, el popular Benjamín Prieto. También el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, encabeza la lista autonómica de su partido, el PSOE, por esa provincia.

Y en las listas, en el PP no repite Carlos Velázquez, el hombre que ha llevado el peso del seguimiento de la política sanitaria del gobierno y ha sido el azote parlamentario del consejero de Sanidad. La cosa es en clave interna. Núñez ha conformado un grupo basado en la experiencia regional de algunos veteranos y expertos en sus áreas como Ana Guarinos, Lola Merino, Cesárea Arnedo y Lorenzo Robisco. Y ha renovado parte del grueso con personas que proceden de la vida municipal y provincial, tratando de dar entrada a determinados territorios como las comarcas de Hellín, La Roda, Valdepeñas, Manzanares, Quintanar, Mora… Núñez sabe que para no depender de otros partidos necesita al menos 425.000 votos en Castilla-La Mancha.

Es cuestión de números, como también en el citado informe sobre el déficit, que no ha sido visto por el portal de transparencia. Y es que los datos indican que Cataluña debe seguir dependiendo del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y no puede pasar al Fondo de Facilidad (FF). Eso traducido al castellano significa que Cataluña no puede emitir deuda pública por sí misma, que tiene que pedir dinero prestado al Gobierno central y que, a cambio, está sometida al control del Ministerio de Hacienda y que debe cumplir unos requisitos que le pone el Ministerio, como por ejemplo el ajuste de su sector público. A propósito, ayer mismo Economía Digital informaba de que “La Generalitat tiene 26 entidades públicas al borde del concurso”. Y cita el informe de la Sindicatura de Cuentas que “advierte sobre una veintena de organismos de la Generalitat con resultados negativos constantes que viven de las subvenciones”.

Y los independentistas quieren escaparse al control del Estado que rige para las Comunidades Autónomas con graves problemas financieros. Y el gobierno central con eso del diálogo ya había acordado con los independentistas relajar la situación y que Cataluña abandone el FLA y entrase en el FF, una excepción, un favor a los socios de la moción de censura y de los decretos de los viernes sociales.

Castilla-La Mancha, en cambio ha hecho un gran esfuerzo y ha conseguido finalmente cumplir el objetivo de déficit. La satisfacción era grande en el consejero de Hacienda y en el Gobierno. Y aunque el Ministerio no haya facilitado el informe de los datos consolidados de diciembre en términos de contabilidad nacional, los datos en términos presupuestarios apuntan a las razones de ese logro.

La buena noticia llegaba tras dos años (2016 y 2017) en el que el gobierno de García-Page había seguido la línea marcada por el gobierno Cospedal y había recortado los gastos en servicios públicos. Fueron dos años en los que los gastos regionales contabilizados en términos homogéneos estuvieron por debajo del gasto alcanzado en 2015. En 2016 el recorte fue de 415 millones de euros y en 2017 de 105 millones. A pesar de los sacrificios que suponía gastar menos que en 2015, los ingresos crecía, pero de forma insuficiente, porque todavía no se había trasladado al sector público el mayor dinamismo de la economía (el desfase es de dos años retraso). Ha sido en 2018, cuando ya se ha dejado sentir en los ingresos públicos autonómicos ese mejor comportamiento de la economía en los años anteriores. Y eso se ha traducido en más dinero procedente del Estado y más recaudación por un mayor dinamismo a través del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Esos mayores ingresos han permitido por primera al gobierno regional vez recuperar y superar el nivel de gasto de 2015 (casi 200 millones más que tres años antes). Y podrían haber sido otros 90 millones más si no llega a ser porque el gobierno central le metió la tijera a las cantidades comprometidas y anunciadas. Ese tijeretazo amargó la dicha completa y obligó al gobierno regional a echar el freno en el último trimestre para nivelar ese desajuste de 90 millones que le había provocado el gobierno del compañero Sánchez y controlar el déficit. De no haber pisado el freno, el déficit se hubiese desviado dos décimas hasta el 0,56%. El dinero comprometido que el gobierno central recortó equivale a tres veces el plan de renovación tecnológica de la sanidad regional para toda una legislatura.
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