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"Según ha podido confirmar Pueblos Vivos Cuenca con las personas responsables en España de la certificación europea Welfare Quality de bienestar animal, investigadores del IRTA (Instituto de Investigación y Tecnologías Agroalimentarias), empresa pública dependiente de la Generalitat de Cataluña, la empresa Incarlopsa no posee esta acreditación, a pesar de haberlo publicitado en su página web".

Andan los estados mayores de los partidos tratando de saber quiénes serán finalmente los candidatos rivales a unas elecciones autonómicas que, según la última encuesta, se presentan muy abiertas. Todos trabajan en distintos escenarios porque todos saben que, además de la marca y la organización, el tercer elemento determinante en una consulta es el candidato y el peso de ese tercer elemento todavía no queda reflejado en los sondeos de opinión. Los partidos mayoritarios consideran que eso puede ser decisivo.

Lo del gobierno regional huele a naufragio y a “¡Sálvese quien pueda!”. Ha sido la semana del principio del fin. A esas alturas dentro de un año las Cortes estarán disueltas y las elecciones regionales convocadas. Falta pues menos de un año y quien más quien menos va tomando posiciones. Ya se ha iniciado la carrera electoral 2019.

Si las familias de nuestra Comunidad tuvieran que hacer frente a la deuda que arrastra e incrementa año tras año el gobierno del presidente García-Page, tendrían que abonar a razón de 7.100 euros por cada uno de los componentes del hogar. El gobierno del presidente García-Page es el segundo más endeudado en relación a la riqueza regional, con un 36% del PIB de la Comunidad, sólo superado por el valenciano (42,5%). Sin embargo, los hogares de Castilla-La Mancha son, junto a los extremeños y canarios, los que menos ingresos netos medios anuales tienen. Nunca antes la deuda pública regional se había aproximado a los 14.500 millones de euros. En los dos primeros años de mandato la carga ha subido en 1.004 millones de euros y se sitúa en 14.430 millones. Todo ello sin contar las facturas que debían a sus proveedores y otros pagos a beneficiarios de subvenciones, otros 246 millones de euros.

En 2017 el gobierno de Castilla-La Mancha dejó sin gastar 682 millones de euros sobre el total del presupuesto definitivo. El dato forma parte del informe elaborado por el Ministerio de Hacienda sobre la ejecución presupuestaria de las Comunidades Autónomas en términos homogéneos, para lo cual se desestima algunas partidas como las del Fondo Europeo de Garantía Agraria (FEAGA).

Durante la actual legislatura se ha producido un fuerte incremento de los seguros privados de salud en nuestra Comunidad, a los que los ciudadanos han recurrido ante el deterioro del servicio público. Todo ello coincide con un proceso de aumento por parte del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha de los fondos destinados a derivaciones sanitarias en un intento de frenar el deterioro de las listas de espera.

Tiene el gobierno de García-Page la teoría y la práctica de marginar al crítico y al discrepante, ya sea una organización civil, un político rival (incluidos los del propio partido), un activista o un medio de comunicación… Y esa estrategia que antaño podía tener más o menos efectividad ha terminado por abrir brecha contra el propio gobierno y su presidente. Por el contrario, es generoso con el adulador.

Castilla-La Mancha incumplió el objetivo del déficit por el incremento de fondos que destinó a financiar servicios sanitarios con empresas privadas. Según la Intervención General del Estado (IGAE), el incremento del gasto (por encima de lo que la Comunidad podía asumir financieramente) es “consecuencia en gran medida del mayor gasto del 22,4% en conciertos de asistencia sanitaria”. Aunque el ejecutivo del presidente García-Page oculta los datos sobre la ejecución presupuestaria de finales de diciembre, que podrían arrojar luz sobre este y otros puntos de su gestión, el aumento podría haber alcanzado los 28,5 millones de euros sobre la cuantía aprobada por las Cortes.

Ha sido la semana de las personas con discapacidad psíquica. Y ha sido la semana del presidente García-Page y el “falso rumor”, que es como él ha calificado una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha a propósito de la persecución que hizo el gobierno a los veterinarios que denunciaron maltrato animal en la empresa Incarlopsa.

Dicen que en los negocios hay mucho de gestión y un poco de suerte. Y en el caso de Incarlopsa uno de esos momentos de suerte le vino dado por el hecho de que el gobierno del presidente García-Page modificara en 2015 los criterios establecidos en la orden de 2009 para acceder a las ayudas de la línea (FOCAL), levantando las restricciones a grandes empresas. El 31 de diciembre de 2016, el gobierno del presidente García-Page concedió a Industrias Cárnicas Loriente Piqueras una subvención de 3.478.658,68 euros y a Secaderos de Almaguer Sociedad Anónima una de 1.274.013,75. Eso las convertía en la segunda y la cuarta compañía más bonificadas de la convocatoria.