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Okupas

El Gobierno de Castilla-La Mancha, ante la problemática que sufren muchos municipios de la región, ha dado un ultimátum al Gobierno de Pedro Sánchez para que actúe contra la okupación de viviendas. Le ha marcado el mes de diciembre como plazo máximo para que haga movimientos legislativos, aunque admite que se trata de una cuestión "incómoda" para la coalición de Gobierno, dada la postura de Podemos.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido al Gobierno central una respuesta respecto a su ley para luchar contra la okupación ilegal en esta Comunidad autónoma, y ha avisado que, de no tenerla, la llevarán a una futura conferencia de presidentes autonómicos o al Congreso de los Diputados.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha propuesto una batería de medidas para luchar contra la ocupación ilegal, ya que como ha destacado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, “es imprescindible impulsar cambios legislativos que articulen mecanismos legales ágiles que permitan la defensa de los derechos de titulares legítimos que se ven privados ilegalmente y sin su consentimiento de la posesión de su vivienda”.
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Castilla-La Mancha experimentó un aumento del 36,49% en el número de desahucios en el primer trimestre del año, hasta un total de 404, con respecto al primer trimestre de 2020, según recoge el Consejo General del Poder Judicial