El trabajo, firmado por los economistas Ángel de la Fuente y Rafael Doménech, sostiene que existe margen para mejorar la equidad del sistema actual, pero subraya que cualquier reforma implica decisiones políticas con claros ganadores y perdedores entre comunidades autónomas.
Ese debate territorial es precisamente el que ha llevado a comunidades como Castilla-La Mancha a posicionarse en contra del modelo planteado por el Gobierno al considerar que el nuevo reparto no corrige los desequilibrios que penalizan a regiones con menor capacidad fiscal y mayores necesidades de gasto.
Un sistema con distorsiones
El análisis de FEDEA parte de un diagnóstico crítico del modelo aprobado en 2009. Según el informe, el sistema actual presenta una paradoja: logra una nivelación prácticamente total de los recursos entre comunidades, pero al mismo tiempo genera elevados niveles de desigualdad y arbitrariedad en la financiación final.
En términos prácticos, la financiación por habitante ajustado presenta una dispersión significativa entre territorios. La distancia entre la comunidad mejor y peor financiada se aproxima a los 30 puntos, mientras que el orden de las comunidades según su financiación final puede cambiar de forma notable respecto a su capacidad fiscal inicial.
Los autores atribuyen estas distorsiones al peso de mecanismos complementarios que redistribuyen recursos al margen del núcleo del sistema. Estos instrumentos —como determinados fondos de compensación— canalizan cerca del 13 % del total de recursos y generan lo que el estudio describe como una especie de “ruido” en el reparto final.
La reforma del Gobierno reduce desigualdades, pero tiene coste
El estudio valora de forma moderadamente positiva la reforma planteada por el Gobierno porque simplifica la estructura del sistema y reduce el peso de esos mecanismos ad hoc.
Entre los efectos que detecta FEDEA destacan una reducción significativa de la desigualdad en la financiación por habitante ajustado y una menor arbitrariedad en el reparto de los recursos. El peso de los fondos discrecionales se reduciría además de forma drástica, pasando del 13 % al entorno del 2 % del total.
Sin embargo, el informe también pone el acento en el coste financiero de la reforma. El nuevo modelo requeriría transferencias adicionales del Estado superiores a 15.000 millones de euros anuales, lo que plantea interrogantes sobre su sostenibilidad presupuestaria.
Además, el sistema seguiría manteniendo elementos de compensación para evitar que ninguna comunidad pierda recursos en la transición, un factor que, según el estudio, limita las mejoras reales en términos de equidad.
El conflicto territorial sigue abierto
Más allá del análisis técnico, el estudio reconoce que el principal obstáculo para reformar el sistema no es económico sino político. Las comunidades autónomas tienden a rechazar cualquier cambio que suponga un empeoramiento relativo de su posición en el reparto de recursos y más cuando este se esgrime como arma política.
Ese bloqueo explica que el sistema vigente lleve más de una década pendiente de revisión. Y también explica la oposición de territorios como Castilla-La Mancha, que considera que el modelo propuesto no corrige los déficits históricos de financiación de regiones con menor renta y mayor dispersión territorial.
El informe de FEDEA advierte de que esa resistencia generalizada puede perpetuar un sistema que incluso sus propios autores consideran claramente mejorable. Pero al mismo tiempo reconoce que cualquier reforma exige un equilibrio político complejo entre comunidades con intereses divergentes.
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