La plataforma de reparto a domicilio Glovo ha comunicado a los sindicatos el inicio de un proceso de despido colectivo que afectará a cerca de 750 repartidores en España. La medida forma parte de una reestructuración del servicio de entrega a domicilio en ciudades donde la compañía considera que el volumen de pedidos no permite sostener el modelo laboral actual.
El ajuste se concentra principalmente en ciudades medianas y pequeñas, donde los costes operativos son más elevados en relación con el número de pedidos. Aunque la empresa no ha detallado todavía el listado completo de localidades afectadas, sí ha confirmado que el proceso alcanzará a más de 60 ciudades repartidas por todo el país.
Entre las provincias citadas en las primeras informaciones figuran Barcelona, Girona, Tarragona, Valencia, Alicante, Cáceres, Badajoz, Sevilla, Málaga, Cádiz o Guipúzcoa, además de Ciudad Real y Guadalajara en el caso de Castilla‑La Mancha.
Impacto del cambio de modelo laboral
El expediente se produce tras el cambio estructural que ha vivido el sector del reparto a domicilio en España en los últimos años. La denominada Ley Rider obligó a las plataformas digitales a reconocer la relación laboral con sus repartidores, lo que llevó a Glovo a integrar a miles de trabajadores en plantilla.
Este cambio ha supuesto un aumento significativo de los costes laborales y logísticos para las plataformas de reparto. En las grandes ciudades, donde el volumen de pedidos es elevado, el modelo puede mantenerse con relativa estabilidad. Sin embargo, en ciudades medianas o pequeñas la rentabilidad se reduce notablemente.
Reorganización del servicio
En este contexto, la compañía ha optado por una estrategia de reorganización territorial. En algunas localidades reducirá su estructura directa de reparto y en otras podría optar por modelos de colaboración con restaurantes o empresas logísticas externas.
La empresa sostiene que esta reorganización pretende garantizar la continuidad del servicio en determinadas zonas donde, de otro modo, la actividad podría dejar de ser viable desde el punto de vista económico.
Castilla‑La Mancha, entre las regiones afectadas
En Castilla‑La Mancha, la referencia a las provincias de Ciudad Real y Guadalajara apunta a que algunas de sus ciudades podrían verse afectadas por la reducción de plantilla o por una reconfiguración del modelo de reparto. Aunque todavía no se ha concretado el número de trabajadores implicados en la región, el ajuste refleja las dificultades del sector para mantener el servicio en territorios con menor densidad de pedidos.
La evolución del mercado del delivery en los próximos años dependerá en gran medida de la capacidad de las plataformas para adaptar su estructura de costes a un modelo laboral más regulado y a una demanda que continúa concentrándose en las grandes áreas urbanas.
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