El impacto del combustible sobre los hogares no se limita, sin embargo, al coste de llenar el depósito. El encarecimiento de la gasolina y el gasóleo también incrementa los costes de transporte y distribución de las empresas, desde la industria hasta la alimentación, y puede terminar trasladándose parcialmente a otros precios. Ese traslado no es automático ni tiene la misma intensidad en todos los sectores, pero convierte a los carburantes en un elemento con capacidad para alimentar las presiones inflacionistas.
En este contexto, una fórmula fiscal permitiría amortiguar parte de ese impacto sin intentar controlar el precio internacional del petróleo ni intervenir directamente sobre los márgenes comerciales. La propuesta parte de una cuestión sencilla: cuando sube el precio del combustible antes de impuestos, también aumenta automáticamente la recaudación de IVA por cada litro vendido.
El IVA aumenta cuando se encarece el combustible
Con un tipo de IVA del 21%, una subida del precio antes de impuestos genera una mayor recaudación por cada litro aunque el Estado no haya modificado los tipos impositivos. La propuesta consiste en utilizar temporalmente el impuesto especial sobre hidrocarburos para compensar ese incremento extraordinario de recaudación.
El mecanismo sería relativamente directo. Si el precio antes de IVA aumenta 20 céntimos por litro, el IVA asociado a esa subida se incrementa en 4,2 céntimos. Para neutralizar el aumento de recaudación conjunta, el impuesto especial tendría que reducirse en aproximadamente 3,47 céntimos por litro, teniendo en cuenta que al rebajar este impuesto también disminuye la base sobre la que se calcula el IVA.
El resultado no supondría congelar el precio de los carburantes. La gasolina y el gasóleo seguirían encareciéndose si aumenta el coste antes de impuestos. La diferencia estaría en que el consumidor soportaría una subida inferior a la que tendría sin el ajuste fiscal.
En el escenario de una subida de 20 céntimos por litro antes de IVA, el precio final aumentaría 20 céntimos con la regla propuesta, frente a 24,2 céntimos sin ella. La diferencia sería, por tanto, de 4,2 céntimos por litro.
La intensidad del mecanismo crecería con la magnitud de la subida. Con un incremento de 10 céntimos antes de IVA, la diferencia frente al escenario sin ajuste sería de 2,1 céntimos por litro. Con una subida de 30 céntimos, alcanzaría 6,3 céntimos, y con una de 50 céntimos llegaría a 10,5 céntimos.
El conductor seguiría pagando más, pero menos
El efecto se aprecia con mayor claridad al trasladar la simulación al presupuesto de un hogar.
Si una persona parte de un precio de 1,50 euros por litro y destina inicialmente 100 euros a repostar, puede adquirir unos 66,67 litros. Ante una subida de 20 céntimos antes de IVA, el precio final alcanzaría 1,742 euros por litro sin ningún ajuste fiscal. Con la regla, se situaría en 1,70 euros.
Para llenar el depósito con los mismos 66,67 litros, el gasto pasaría de 100 euros a 116,13 euros en el primer escenario y a 113,33 euros en el segundo. La diferencia sería de 2,80 euros por cada 100 euros de gasto inicial.
No se trataría, por tanto, de una compensación completa de la subida. El consumidor seguiría pagando 13,33 euros más por la misma cantidad de combustible, pero evitaría otros 2,80 euros de incremento que se producirían en ausencia del ajuste.
La clave de la propuesta está precisamente en esa naturaleza de amortiguador. No pretende eliminar el impacto de una subida del petróleo, sino evitar que el incremento del IVA se convierta en una recaudación adicional automática para las arcas públicas cuando el precio de origen del combustible aumenta.
Una décima menos de IPC en el escenario central
El efecto sobre la inflación sería más limitado que el ahorro directo en el surtidor. El informe calcula, a modo de simulación, que una diferencia de 4,2 céntimos por litro podría traducirse en una moderación directa de alrededor de 0,11 puntos porcentuales sobre el nivel del IPC si los carburantes representasen un 4% de la cesta.
Con una subida de 10 céntimos antes de IVA, el efecto ilustrativo sería de 0,06 puntos; con 30 céntimos, de 0,17; con 40 céntimos, de 0,22; y con 50 céntimos, de 0,28 puntos.
La cifra de una décima, sin embargo, no debe interpretarse como una estimación de cuánto habría sido menor el IPC real durante el último año. El propio informe advierte de que para reconstruir ese escenario sería necesario disponer de las series mensuales de precios antes y después de impuestos, las cantidades vendidas, el calendario exacto de aplicación de la medida y las ponderaciones oficiales correspondientes.
La simulación utiliza una ponderación hipotética del 4% para los carburantes y no incorpora los efectos indirectos sobre transporte, producción y distribución. Por ello, la estimación debe entenderse como un ejercicio ilustrativo y no como una previsión oficial.
El efecto sobre la cesta de la compra no sería automático
La propuesta también permite distinguir entre el impacto directo sobre el combustible y el posible efecto sobre el resto de bienes.
Si una cesta de alimentos y bebidas no alcohólicas de 100 euros se encarece un 2,7%, pasaría a costar 102,70 euros. La rebaja del impuesto especial sobre hidrocarburos no permitiría descontar automáticamente ninguna cantidad de ese incremento.
Sí podría producirse un efecto indirecto si unos menores costes de combustible redujeran los gastos de transporte, almacenamiento y distribución de las empresas y estas trasladaran parte de ese ahorro a sus precios. Pero ese proceso dependería de la estructura de costes, los contratos, el grado de competencia y las decisiones comerciales de cada sector. El escenario planteado no cuantifica ese posible ahorro.
En la simulación, por tanto, un presupuesto inicial de 200 euros —100 destinados a combustible y otros 100 a alimentos— acabaría en 218,83 euros sin ajuste y en 216,03 euros con la regla fiscal. La diferencia sería de 2,80 euros, equivalente al 1,4% del presupuesto inicial conjunto.
Una regla temporal y revisable
La principal ventaja de la fórmula sería vincular la rebaja fiscal a una variable observable: el incremento de recaudación por IVA provocado por la subida del precio antes de impuestos. El mecanismo permitiría amortiguar parte del encarecimiento tanto para los hogares como para las empresas consumidoras de carburantes.
Además, al plantearse como una medida temporal y revisable, podría adaptarse a la evolución de los precios y retirarse cuando desapareciese el incremento extraordinario de recaudación que la justifica.
Pero la fórmula también presenta límites. No puede contener el precio internacional del petróleo, no garantiza una reducción concreta del IPC y tampoco asegura que los menores costes de combustible terminen trasladándose a los precios de otros productos.
A ello se suma el coste presupuestario de la rebaja y la necesidad de comprobar su compatibilidad con los mínimos fiscales y el marco jurídico europeo. Si ya existen reducciones temporales sobre los carburantes, el nuevo mecanismo debería coordinarse con ellas para evitar duplicidades.
Transparencia para saber cuánto cuesta y cuánto ahorra
La aplicación de una regla de este tipo exigiría además un mecanismo de seguimiento público. El Gobierno podría publicar mensualmente el precio medio de gasolina y gasóleo antes de impuestos, el incremento estimado del IVA, la rebaja correspondiente del impuesto especial, el ahorro efectivamente observado en el surtidor y el coste recaudatorio de la medida.
La regla debería incorporar también una fecha de revisión y de caducidad, de modo que la rebaja se redujera o desapareciera cuando dejase de existir el aumento de recaudación que pretende compensar.
Para Castilla-La Mancha, donde el IPC ha escalado hasta el 5,5% interanual en septiembre, el debate tiene una especial relevancia por el peso que los desplazamientos y el transporte tienen sobre los presupuestos de hogares y empresas en una comunidad extensa y con una elevada dependencia de la movilidad por carretera. El dato regional, no obstante, no permite atribuir el repunte de la inflación exclusivamente a los carburantes: el IPC recoge la evolución conjunta de energía, alimentos, servicios y el resto de componentes de la cesta.
La propuesta no elimina el problema de fondo, pero introduce una vía para evitar que una parte del impacto de una subida del combustible se transforme automáticamente en una mayor recaudación fiscal. En el escenario central analizado, una subida de 20 céntimos por litro antes de IVA dejaría el precio final 4,2 céntimos por debajo del que se produciría sin ajuste y permitiría ahorrar 2,80 euros por cada 100 euros de gasto inicial en combustible.
El efecto sobre el IPC sería más reducido: alrededor de una décima de punto en el supuesto utilizado. Una cifra que debe entenderse como una simulación y no como una inflación que se hubiera evitado con certeza. La eficacia real dependería de la fórmula concreta, su aplicación efectiva, el comportamiento de los precios internacionales y la respuesta de empresas y consumidores.
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