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El malestar del gobierno regional con el central por las cuentas públicas se extiende por la limitación del crecimiento del gasto
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El malestar del gobierno regional con el central por las cuentas públicas se extiende por la limitación del crecimiento del gasto

lunes 09 de septiembre de 2019, 21:23h
El malestar del gobierno regional con las reglas fiscales crece y lo hace después de que, por primera vez, la Comunidad Autónoma cumpliera todas ellas el año pasado. Según fuentes del gobierno, este malestar no es sólo por la retención del gobierno central de casi 120 millones de IVA y de otros 250 millones por la actualización de la financiación de 2019. También se produce por el corsé de la regla de gasto, que limita el crecimiento del gasto de las Autonomías españolas durante 2019 a un 2,7% sobre lo establecido en 2018. El gobierno regional tiene el mecanismo de las pólizas de crédito para aliviar las tensiones de tesorería que generan las retenciones del dinero por parte del gobierno central, asume que no podrá cumplir el objetivo de déficit, pero sobre todo lamenta que no pueda desarrollar sus políticas por el constreñimiento en el crecimiento del gasto.
El malestar en cuanto a la regla de gasto procede de lo ajustado del límite. Hay que tener en cuenta que el capítulo de personal va a crecer en torno a un 4%, empujado por la subida salarial de los empleados públicos del 2,5% y el impacto de otros factores como el mayor gasto esperado en el capítulo por el cambio de la Mutualidad de Funcionarios a la Seguridad Social en las reposiciones de empleados. El capítulo de personal representa la mitad del gasto no financiero descontadas aquellas operaciones en las que la administración regional actúa meramente de caja pagadora. Eso supone que el resto de partidas quedan limitadas en su evolución a un crecimiento en una horquilla entre el 1,2% y el 1,5%.

A finales de mayo, mes del último informe publicado por la Intervención General del Estado (IGAE), el gasto regional de las Comunidades Autónomas había crecido un 6%. En el caso de Castilla-La Mancha el porcentaje llegaba al 9,4, y era el cuarto más elevado del país.

Aunque el presupuesto con el que funciona la administración autonómica es el de 2018 prorrogado, (lo que supone que en 2019 no puede variar el total de gasto establecido para el año pasado), el gobierno tiene capacidad de incrementar el gasto porque normalmente el presupuesto ejecutado siempre queda por debajo del inicial, es decir lo gastado no llega a alcanzar las previsiones.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal anticipaba en su informe del 18 de julio que la no entrega de los 120 millones de euros tendría un impacto en el déficit de la Comunidad de tres décimas, con lo que ya, de partida, el déficit se la región no bajaría de los 167 millones de euros, alcanzado en 2018, años que la Comunidad contó con unos ingresos extras procedentes de la Unión Europea que contribuyeron a que por primera vez cumpliera el objetivo de déficit.

La falta de ingresos por IVA sí computará a efectos de déficit. Sin embargo, el gobierno central está planteándose que no suceda lo mismo con los ingresos a cuenta, es decir, que se den como recibidos, aunque se produzcan en otro ejercicio, lo que supondría un efecto contable neutro.
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