Dos de cada tres euros de los 10.505,1 millones que el gobierno regional tiene previsto gastar el año que viene se destinarán a personal (3.406 millones), pagos de amortizaciones créditos (2.605 millones) y gastos farmacéutico y en material sanitario (950 millones). En total estas tres partidas supondrán 6.961 millones de euros, el 66,3% del total del gasto. Otros 737 millones serán para pagos directos de la Política Agraria Común (PAC), sobre los que no puede intervenir la Junta de Comunidades y que suponen el 7% del presupuesto total.
La quinta gran partida se la llevan los bienes y servicios que compra el gobierno a empresas privadas (descontados los del SESCAM, que por su importancia se han contabilizado como diferenciado). Son en total 525 millones de euros y representan el 5% del total. En este concepto se incluyen fundamentalmente los suministros de todos los centros públicos (luz, agua, seguridad, teléfonos), así como gastos de comedores educativos, de centros hospitalarios, asistenciales…). También las indemnizaciones y los gastos de promoción y de representación, las reuniones y los trabajos técnicos.
La sexta recoge todas las transferencias de capital, que es el término con el que se conoce a las ayudas que concede el gobierno para las inversiones privadas y de otras administraciones y organismos públicos y de organizaciones no gubernamentales. El total asciende a 430 millones de euros y representa el 4,1% del gasto. La mayor parte, 282 millones, la gestiona el departamento de Agricultura. Aquí se incluyen las ayudas al regadío y a las explotaciones, a la promoción y el desarrollo rural, a la mejora de la producción animal vegetal y a la industria agroalimentaria. Esta última se lleva el grueso de las ayudas con 97 millones de euros. Otros 71 millones los concede la nueva Consejería de Desarrollo Sostenible, 34 millones son de Economía, Empresas y Empleo (27 millones son para el plan de competitividad) y 22 millones de Fomento (de los que 20 son para el programa de vivienda).
Las ayudas sociales (transferencias corrientes) suponen 356 millones de euros (el 3,37% del presupuesto). Estas cuantías incluyen las ayudas a la dependencia (129 millones), de los programas sociales básicos (69 millones), de los programas de mayores, familia, menores y de discapacidad (114 millones) y las pensiones y prestaciones sociales (41 millones).
La inversión propia de la Junta de Comunidades en bienes será de 227 millones de euros, el 2,16% del gasto total y se destinará fundamentalmente a centros sanitarios y educativos.
La novena mayor porción de la tarta del gasto es para las ayudas corrientes de los programas de empleo, que totalizan 218 millones de euros. La décima porción es para los intereses y gastos que se deberán pagar por los créditos y que suman 211 millones.
El resto del gasto hasta completar los 10.505 millones asciende a 722 millones (6,9% del presupuesto total).
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