En su programa electoral nacional Podemos no habla ni de objetivos ni de medidas. Emplea los términos horizontes y garantías. Marca tres horizontes y cinco grandes bloques de garantías. Y algunos de esos bloques fueron los que coordinó en Castilla-La Mancha. Una gestión que pilló de lleno un único ejercicio completo, el de 2018, desde su diseño y aprobación hasta su gestión. Casualmente, se acaba de conocer el resultado de aquella coordinación ejercida por una consejera y un vicepresidente de la formación morada ese año.
Un equipo de más de una decena de personas de Podemos, entre altos cargos y personal eventual, desembarcó en el gobierno regional con el objetivo de hacer realidad su programa de garantías sociales y de impulsar la participación ciudadana.
El Plan de Garantías se dotó inicialmente con 155,8 millones de euros, al que se añadieron otro 19 para igualdad de género hasta completar los 174,8 millones. De aquella cuantía 57,4 millones se quedaron sin gestionar, o lo que es lo mismo 1 de cada 3 euros (67,19%).
Los fondos que más sufrieron por la falta de coordinación de los miembros del gabinete de Podemos fueron los que se destinaban a la vivienda, que la formación morada entiende como “como derecho y no como mera mercancía” y para el que propone intervenir el mercado del alquiler, un contrato indefinido de alquiler, incrementar 50.000 pisos mediante la cesión obligatoria de los grandes propietarios y prohibir el desalojo sin que exista garantía habitacional.
Tan sólo en los seis primeros meses del año pasado se produjeron 1.359 desalojos forzosos por ejecución de lanzamientos judiciales. Al final de año, El Plan de garantía para ayudas al alquiler había gastado 662.000 euros, sólo el 7,11% de los 9,3 millones de euros. De los 179.000 euros para las oficinas anti-desahucios no se había gastado ni un sólo euro y de los 2 millones de para la reparación del parque público de viviendas se habían gastado sólo 95.730 euros. El presupuesto para subvenciones a la inversión pública de los ayuntamientos en vivienda pública era de 800.000 euros. A lo largo del año se redujo a 80.000 y a 31 de diciembre no se había reconocido ninguna obligación, no se había ejecutado esta línea de garantías.
El otro gran bloque del Plan de Garantías era el de rentas que se dividía en empleo, educación y servicios sociales. El de empleo abarcaba a su vez los programas de promoción, las ayudas sociales a los alumnos trabajadores y las contrataciones temporales y contratos de colaboración. Estos últimos, las ayudas a las empresas para acción por el empleo y las ayudas sociales a alumnos trabajadores fueron los que menor índice de gestión tenían a finales de año. En los contratos de colaboración el gasto ejecutado apenas si llegaba al 5% (4,81% de los 750.000 euros presupuestados), las ayudas salariales a los alumnos trabajadores directas se quedaron en la mitad (1,25 millones de los 2,5 millones consignados), las que se tramitaban a través de los municipios en el 37% (9,25 millones gastados de los 25,36 consignados).
En el segundo gran apartado de las garantías de renta figuraban las educativas. De los 6,48 millones de ayudas a los alumnos y a las familias para garantizar el desarrollo de los programas educativos se concedieron 4,6 millones. Los 6,6 millones para becas de comedor escolar se ampliaron a 8,1 millones. De ese presupuesto definitivo, se concedieron 3,96, el 49%.
El balance de todas las partidas puede consultarse en el cuadro anexo que recoge las medidas del Plan de Garantías, cuyo control, coordinación e impulso correspondía al equipo de Podemos en el primer gobierno de coalición en el que entró.
El 20 de diciembre de 2015 Podemos daba la sorpresa, obtenía en Castilla-La Mancha 159.000 votos. La coalición electoral de Izquierda Unida consiguió otros casi 42.000. Cuatro años después, el 10 de noviembre de 2019, Podemos-IU se quedaba en 99.652 votos en la Comunidad. Para esa fecha ya no tenía representación en las Cortes regionales. Los dos diputados conseguidos en 2015 (107.000 votos en solitario, sin contar otros 34.000 votos de la coalición IU), perdió el 26 de mayo de 2019 (Podemos-IU-Equo consiguió 74.372 votos, el 6,9%).
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