CLM se une a la lucha de las Autonomías contra el gobierno central por la retención de 2.500 millones de euros

En el pasado Consejo de Ministros, el Ejecutivo anunció las entregas a cuenta a las Comunidades 2020 y de la liquidación del ejercicio 2018, es decir la cuantía de las transferencias de los fondos que les corresponden según las normas de financiación autonómica. En esa cuantía no se incluía los 2.500 millones que les adeuda por el cambio en la contabilidad del IVA, impuesto del que las Autonomías reciben el 50% de lo recaudado por el Estado. Además, los fondos anunciados por la liquidación de 2018 (lo recaudado menos las entregas a cuenta realizadas aquel año) se han rebajado en otros casi 1.000 millones de euros respecto a lo comunicado por el Ministerio hace apenas dos meses.

El Ministerio prioriza la bilateralidad

Los diálogos y las negociaciones sobre las entregas a cuenta y todos aquellos aspectos relacionados con la financiación autonómica se venían realizando en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que están representados tanto el Ministerio como las Consejerías de todas las Comunidades.

Antes de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Presidencia, la entonces consejera de Hacienda de Andalucía y hoy ministra del ramo, María Jesús Montero, era la referencia socialista en el Consejo donde se sentaban nueve gobiernos con mayoría socialista. Las principales medidas que defendían los gobierno autonómicos socialdemócratas eran dos. Por un lado un aumento de la financiación autonómica en 16.000 millones de euros anuales en detrimento del Estado, con una reasignación de los fondos en el nuevo modelo de financiación. Por el otro que los temas de financiación se abordaran en el Consejo y no en comisiones bilaterales: La postura de la negociación a dos defendida por Cataluña, que la reforzaba no asistiendo a las reuniones del Consejo. En esta situación la esperanza es que si se libra la deuda del IVA a Cataluña, se librará a todas las demás.

Tras la moción de censura, el gobierno central abrió una mesa bilateral, en la que acordó con Cataluña determinadas inyecciones de fondos a la Comunidad y la ejecución de varios proyectos de inversión con cargo a los presupuestos generales del Estado. En esa mesa estaba Pere Aragonés, responsable de la Hacienda catalana y, a su vez, presidente del consejo nacional de ERC. En enero de 2019, ERC no apoyó los presupuestos de Sánchez, en el que se incluían los compromisos a los que habían llegado en la mesa bilateral. Esa postura provocó la convocatoria de elecciones para el 28 de abril.

El gobierno Sánchez se financió con 7.200 millones de las Autonomías

A su vez el gobierno no hizo llegar a las Comunidades Autónomas la actualización para el ejercicio ni antes del 4 de marzo fecha en la que entró en funciones con la convocatoria electoral ni después. Las Comunidades empezaron a reclamar esa actualización de la financiación que ascendía a casi 4.700 millones y la deuda de los 2.500 millones por el cambio en la contabilidad del IVA que llevó a cabo el Ministerio. El gobierno central ganaba entre ambas partidas 7.200 millones que le permitían sanear sus cuentas y su déficit.

El 21 de agosto y todavía con el gobierno central en funciones, Pere Aragonés anunciaba el cierre anticipado de caja en Cataluña y la realización de ajustes del gasto y que su gobierno llevaría al de Pedro Sánchez a los tribunales por la retención de los fondos. En la misma medida se pronunciaron otros líderes autonómicos como el gallego Núñez Feijóo.

Con la presión de la derivada jurídica, el gobierno se sacó un supuesto informe de la Abogacía del Estado en el que se venía a concluir que sin presupuesto ordinario y con presupuesto prorrogado no se podía llevar a cabo la actualización de la financiación anual. Otras Comunidades, incluidas las socialistas empezaron a elevar su disconformidad.

Esta situación y el hecho de que la decisión del gobierno central había provocado el descontrol del déficit de las Comunidades Autónomas empezaron a doblar la postura ventajista del gobierno central, que es el que rinde cuentas en la Unión Europea del déficit total del Estado.

El juego financiero del gobierno central deteriora las cuentas autonómicas

Los datos de la contabilidad nacional del mes de agosto, conocidos en octubre, señalaban que el gobierno central había mejorado su déficit en 2.500 millones de euros respecto al año anterior (todo ello a pesar de que retenía 7.200 millones a las Comunidades). En Paralelo las regiones españolas habían pasado de un superávit de 1.092 millones un año antes a un déficit de 2.576 millones. El agujero en las cuentas autonómicas era de 3.668 millones de euros y su déficit acumulado ascendía al 0,21% del PIB, el doble del permitido. En el caso de Castilla-La Mancha, el déficit había pasado de 87 millones en agosto de 2018 a 433 en agosto de 2019. El Ministerio debía a nuestra región 226 millones por la actualización de la financiación de 2019 y otros entre 120 y 130 millones por la liquidación del IVA.

La presión autonómica, los datos de las cuentas y la convocatoria electoral para noviembre llevaron al gobierno a liberar los fondos de las actualizaciones de 2019, pero no los 2.500 millones de IVA pendiente. Para entonces el agujero en las arcas autonómicas (que oficialmente se conocería en diciembre) era ya de 7.060 millones en comparación con los datos del año anterior, el déficit multiplicaba por 3,5 veces el máximo permitido. En el caso de Castilla-la Mancha el déficit era de 603,4 millones de euros, que suponía el 1,42% del PIB

El juego a los impactos mediáticos

Tras las elecciones, el nuevo gobierno de coalición ha jugado a los impactos mediáticos. El gobierno en funciones retuvo tres grandes medidas: la subida de las pensiones, la subida de sueldo a los funcionarios según el acuerdo trianual de los sindicatos con Montoro y finalmente las entregas a cuenta a las Comunidades. Todos tenían su debilidad. Se había jugado con pensionistas, funcionarios y Comunidades para ganar titulares y trasladar la imagen de que el nuevo gobierno de coalición abordaba la agenda social. Y en el anuncio sobre la financiación a las Comunidades tenía dos cruces: el recorte de casi 1.000 millones en la liquidación de 2018 sobre lo que había anunciado dos meses antes y la retención de los 2.500 millones.

Sin dinero para la agenda prometida

El gobierno que quiere proyectar una transformación social precisa de fondos para sufragarla. Y eso en un escenario en el que se estima una caída de la recaudación motivada por la desaceleración de la economía y en el que se cierra el escenario de déficit presupuestario. Por su parte, las Comunidades, que son las responsables de la prestación de los servicios públicos esenciales (sanidad, educación y servicios sociales), ven que todavía no se ha abordado el nuevo modelo de financiación y no pueden acceder a los 16.000 millones a los que aspiran y en los que cifran su infrafinanciación, y que el gobierno central se queda con dinero que les corresponde y que debería servir para cubrir el déficit generado en 2019. De lo contrario, las regiones se verán abocadas a recortar en los gastos, es decir, en servicios públicos, algo de por sí muy complicado, máxime tras el aumento de la factura en alguno de ellos provocado por decisiones unilaterales del anterior gobierno Sánchez (reducción alumnos por aula, rapidez en la cobertura de vacantes y otros sobre el copago de medicamentos), unas decisiones también de impacto mediático cuyo coste corría a cargo de otros, en un “yo invito y tú pagas”

El gobierno central busca una salida a través de dos instrumentos: la negociación con la Unión Europea para ampliar la senda de déficit y un incremento de la presión fiscal. La primera medida no sólo responde con las previsiones de actuación a futuro, sino con la desviación del año pasado en las cuentas públicas. Por otro lado alguna de las medidas fiscales previstas y anunciadas ya han provocado la fuga de sociedades de inversión a otros países con fiscalidad más reducida. En Davos la pasada semana el presidente Sánchez trataba de transmitir tranquilidad a las grandes compañías tecnológicas, de distribución y a los bancos de inversión sobre tres asuntos: el crecimiento de la economía española, la estabilidad de las cuentas públicas y la nueva fiscalidad.

Pero también se ha encontrado con el anuncio de otro presidente autonómico, el castellano-manchego, García Page, de su propio partido, dando un plazo de quince días para solucionar la deuda del IVA retenido para no terminar en los tribunales.

La deuda autonómica con proveedores crece un 8,21%

Esta misma semana se conocían los datos oficiales de la deuda comercial de las Comunidades Autónomas a finales de noviembre. Los datos reflejan que las Comunidades han trasladado parte de sus problemas de financiación por la retención de fondos a sus proveedores y a beneficiarios de fondos públicos, en un efecto dominó. A falta de un mes para que terminara el año, las facturas acumuladas por los gobiernos regionales sumaban 5.090 millones de euros, un 8,21% más (386 millones) que un año antes y había otros 6.600 millones adicionales de deuda no financiera fuera de la de proveedores (600 millones más que un año antes). En noviembre del año pasado las regiones pagaban a sus proveedores en 39,75 días, seis días y medio más tarde que un año antes.

En el caso de Castilla-La Mancha la deuda con proveedores era de 242,5 millones de euros y el periodo medio de pago rozaba los 45 días. Un año antes las facturas pendientes sumaban 179,2 millones y el periodo medio de pagos estaba en 47 días.