Crónica: No hace falta esperar a la próxima pandemia para reforzar la sanidad. Es necesario aquí y ahora

La cuestión es que quien habla es el vicepresidente segundo del gobierno de España. No es el jefe de filas de un partido en la oposición. Y, a saber, el gobierno de España, este y no otro, mantiene retenidos por decisión unilateral 2.538 millones propiedad de las Comunidades Autónomas, que deberían haber recibido ese dinero el año pasado. Son las Comunidades las que, de ordinario, gestionan la sanidad (además de la educación, los servicios sociales, la dependencia…) y ese dinero era fundamentalmente para sanidad.

El modelo de financiación autonómica tiene una partida específica denominada Fondo de Garantía de los Servicios Públicos y otro Fondo de Suficiencia Global. A saber, durante la pandemia, el Gobierno central, no ha hecho aportaciones adicionales a las cantidades previstas antes de la crisis sanitaria. Tampoco ha hecho transferencias de fondos adicionales para gasto sanitario a las Comunidades.

Es cuestión de dinero. Hay que reforzar lo público, como bien decía el vicepresidente Pablo Iglesias. Eso, en principio, se hace con más dinero. Y el que controla el 95% del dinero público es el gobierno central. No es necesario esperar a la pandemia que pueda venir en un futuro. La necesidad es aquí y ahora, aquí y ayer.

Por lo tanto, sería deseable que el vicepresidente segundo del gobierno en el próximo Consejo de Ministros proponga y gestione fondos adicionales para las Comunidades Autónomas en su lucha contra la pandemia, para la compra de material de protección, para la contratación de personal, para incrementar los suministros de test, de medicamentos para los tratamientos a los infectados…

No es cuestión de situar el debate en la responsabilidad de este o aquel gobierno autonómico, de los que tienen consejeros de Podemos o de los que no los tienen, de los que apoya Podemos o de los que no apoya.

En los últimos años, los gobiernos autonómicos, en su conjunto, han reforzado los servicios públicos. La salida de la crisis, la mejor marcha de la economía iba generando más ingresos en las arcas autonómicas. Y buena parte de ese dinero se ha destinado a reforzar el sistema público de salud, que quedó seriamente tocado con la crisis financiera e inmobiliaria de 2008.La Gran Recesión golpeó con fuerza a las batas blancas. Pero las Comunidades, que han tenido que cumplir con las normas de disciplina fiscal (ir rebajando su déficit controlando la expansión del gasto), no han tenido tiempo suficiente para recomponer el sistema.

Baste señalar que el virus de la gripe común en momentos de picos ya saturaba cada año el sistema, antes de que llegara este hermano suyo más agresivo y letal. Esa saturación quedaba de manifiesto con la reducción de operaciones programadas para liberar recursos de Ucis y de personal en época de gripe, en la que, además se contrataba más personal, los conocidos dentro del mundillo como “los griposos”. La magnitud de la tragedia ha dejado al descubierto la magnitud de las necesidades. Las había antes, de ordinario, y se han multiplicado exponencialmente. No hay que esperar a mañana. La cuestión es cuánto dinero hace falta y de dónde sale. Y sin demagogias (de los ricos, del Ibex-35, de las tecnológicas…) Hoy, por hoy, de la deuda pública.

Lo dijo el presidente, hoy y mañana se va a hipotecar el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos para recuperar el país, en lo económico y en lo social. Los analistas calculan que la deuda pública subirá entre un 30% y un 40%, o lo que es lo mismo entre 400.000 y 540.000 millones adicionales a los 1,38 billones de euros que España debe en la actualidad. De cómo se reparta esos fondos para impulsar la economía y para no dejar a nadie atrás y de qué modelo económico de crecimiento se desarrolle dependerá el grado de acierto y de error. Baste señalar que, en el caso de que hubiera compradores de esa deuda (a menor número de compradores, más tipo de interés a pagar por España), a nuestro país le costaría no menos de 11.000 millones de euros adicionales cada año en intereses, una partida que rebasaría cada año los 35.000 millones y que estaría próxima a los 40.000.

Y en el diseño de ese futuro, lo dijo muy bien el presidente de Castilla-la Mancha, Emiliano García-Page, y fue secundado por otros líderes autonómicos durante su última reunión telemática con el presidente Sánchez, deben participar las Comunidades. No en vano son las que gestionan los pilares básicos del Estado del Bienestar. No dotarles de recursos es devaluar los servicios públicos esenciales.