Las finanzas públicas se deterioran a más velocidad de lo previsto y centrarán la reunión de presidentes autonómicos

El BBVA advierte en su último observatorio fiscal que los datos de ejecución presupuestaria de las administraciones españolas a finales de abril “anticipan un mayor impacto de la pandemia en las cuentas públicas de lo inicialmente previsto”, lo que le hace elevar la previsión del déficit del Estado a final de año al 14,4%. Las previsiones están en línea con las informaciones que ha venido publicando clm21.es.

BBVA Research confía en que en 2021, la recuperación cíclica de la actividad y la temporalidad de gran parte de las medidas aprobadas favorecerán una rápida reducción del déficit hasta el 8,4%.

Este deterioro de las cuentas públicas se saldará con un aumento del endeudamiento que se situará a cierre de 2021 por encima del 122% del PIB.

Las causas de la mayor desviación del déficit sobre las previsiones anteriores estarían, por un lado en que, las medidas de contención de la pandemia y el estado de alarma han tenido una duración mayor de lo esperado inicialmente, y, por otro, en que la pérdida de ingresos tributarios será más intensa a lo estimado anteriormente (con una caída del 16,8% a/a frente al 15,4% previsto en su observatorio anterior).

El menor crecimiento de la actividad será compatible con una menor reducción de la ratio de ingresos públicos sobre el PIB, que se minorará en torno a 0,7 puntos porcentuales hasta el 38,4% del PIB en 2020. Igualmente, se espera una aceleración en el crecimiento del gasto, que aumentará más de 10,5 pp hasta situarse en el 52,3% del PIB a cierre de 2020 (48,9% del PIB previsto en abril). La aceleración será más intensa en el consumo público, por el aumento del gasto sanitario, y en las prestaciones sociales, por la prórroga de las medidas de protección del empleo.

La entidad ofrece los datos globales. En el caso de las Comunidades, como ya adelantó clm21.es el impacto en las cuentas públicas se dejará sentir en 2021, con un recorte de las entregas a cuenta y, especialmente, en 2022, cuando se haga la liquidación de la financiación de 2020, que se realizó con anterioridad a la pandemia y no recoge el impacto de La Covid en la disminución de los ingresos públicos.

No obstante, en 2020 las Comunidades sufrirán una pérdida de ingresos fiscales propios por la disminución de la actividad económica. Esa pérdida se dejará sentir especialmente en la recaudación del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Por lo que respecta a Castilla-La Mancha, cerró el primer semestre del año con un déficit presupuestario (antes de aplicarse los criterios de contabilidad nacional) de 304,6 millones de euros, un 45,6% más alto que el contabilizado en el mismo periodo de 2019. El déficit presupuestario en junio de 2019 era de 209,2 millones de euros, pero aplicados los ajustes de contabilidad nacional se elevaba hasta los 543 millones, lo que suponía un déficit contable del 1,26% del PIB, que lograría rebajar al 1,17% a finales del ejercicio.

El gobierno regional ha visto caer sus ingresos fiscales propios, que era del 38% en tributos y del 23,9% en las tasas. El gobierno va a recibir una inyección de dinero adicional proveniente del reparto entre comunidades de 16.000 millones de euros del Fondo Covid. El primer paquete era de 6.000 millones y estaba destinado a compensar el gasto sanitario de las Comunidades para hacer frente a la pandemia. Pero lo adjudicado a Castilla-La Mancha no llega para cubrir ese gasto. Faltan 40 millones adicionales.

Está previsto que, en la reunión de presidentes, que se celebrará el 31, quede patente la preocupación por la situación financiera de las Comunidades en 2020 y por el escenario muy adverso para 2021 y 2022, lo que hace ineludible abordar cómo se van a gestionar los 140.000 millones de euros del rescate europeo y qué parte de esos fondos van a ser gestionados por las Comunidades Autónomas, en la medida que en España son las administraciones responsables de la prestación de los principales servicios sociales. Un reparto por el que ya se han ido pronunciando los gobiernos de las regiones españolas. Desde Castilla-La Mancha se defiende ”una reflexión coordinada” del Fondo Europeo de Reconstrucción.