Asimismo, el acuerdo contempla también suspender las reglas fiscales en 2020 y en 2021. Se trata de una medida extraordinaria que se adopta en un escenario de pandemia y que se sustenta en la decisión adoptada por la Comisión Europea de activar la cláusula de salvaguarda para este año y el próximo.
En cualquier caso, como ha recordado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la suspensión de las reglas fiscales no supone que desaparezca la responsabilidad fiscal. De hecho, la intención del Gobierno es avanzar hacia una senda descendente del déficit público que comenzará de forma significativa a partir del próximo año.
Suspensión de reglas fiscales
En un escenario de pandemia mundial, la Comisión Europea decidió aplicar la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2020, que también se prorrogará en 2021. Esta medida permite a los Estados miembro dejar en suspenso la senda de consolidación fiscal aprobada antes de la crisis.
La suspensión de las reglas fiscales, además de ir en la misma dirección que la adoptada por la UE, es una medida amparada por la Constitución Española y por la Ley de Estabilidad. En concreto, el artículo 135.4 de la Carta Magna recoge esta suspensión en caso de “catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados”.
Por tanto, el Consejo de Ministros ha solicitado al Congreso que declare si España se encuentra en uno de esos supuestos recogidos en la Constitución y que habilitan la suspensión de las reglas fiscales. La ministra de Hacienda ha mostrado su confianza en que la Cámara Baja no tendrá dificultades en pronunciarse a favor de una medida que “dota a las administraciones públicas de la flexibilidad suficiente para abordar la crisis sanitaria, social y económica”.
Sin embargo, la titular de Hacienda ha dejado claro que la suspensión de las reglas fiscales no supone la desaparición de la responsabilidad fiscal. De hecho, Montero ha resaltado que el Gobierno no renuncia a la estabilidad presupuestaria ni tampoco al principio de prudencia a la hora de realizar los Presupuestos Generales.
En este sentido, la ministra de Hacienda ha explicado que, pese a no existir unos objetivos de estabilidad para el próximo año, sí que se han establecido unos déficits de referencia basados en la previsión de crecimiento y que deben servir como guía para elaborar las cuentas públicas a cada una de las administraciones.
Referencia de déficit
La previsión para el año en curso es que el déficit público cierre en torno al 11,3% del PIB. Una cifra elevada por el impacto de la pandemia, pero Montero ha resaltado que la intención del Gobierno es iniciar el camino de la consolidación fiscal mediante una reducción paulatina del déficit público a partir del próximo ejercicio. De hecho, el déficit de referencia en 2021 será del 7,7%, lo que supone un descenso de 3,6 puntos respecto a 2020.
Referencias por subsectores
La referencia de déficit por subsectores muestra cómo la Administración Central asume la mayor parte del coste de la pandemia, algo que ha ocurrido desde el inicio de la emergencia sanitaria. De hecho, la Administración Central asumirá gran parte del déficit de las Comunidades Autónomas y la Seguridad Social.
En principio, la tasa de referencia del déficit del 7,7% de 2021 se repartiría de la siguiente forma: un 2,4% para la Administración Central; un 2,2% para las Comunidades Autónomas; un 3% para la Seguridad Social; y un 0,1% para las Entidades Locales.
Sin embargo, la ministra de Hacienda ha anunciado que el Gobierno aprobará unas transferencias extraordinarias de 18.396 millones de euros para la Seguridad Social y de 13.486 millones para las Comunidades Autónomas. Es decir, el Estado asumirá 31.882 millones de déficit de la Seguridad Social y las Comunidades Autónomas.
Por tanto, la tasa de referencia en 2021 será finalmente del 5,2% para la Administración Central. La referencia de las Comunidades Autónomas se reducirá a la mitad y se situará en el, 1,1%. La Seguridad Social pasará de un déficit de referencia del 3% al 1,3%.
Las Entidades Locales mantendrán su tasa de déficit del 0,1%, aunque gracias a la suspensión de las reglas fiscales podrán hacer uso de sus remanentes y contribuir así en la recuperación económica y social de España.
Techo de gasto
El Consejo de Ministros también ha fijado el límite de gasto no financiero del Estado para 2021. Es un paso clave para la elaboración de los Presupuestos Generales que tienen como objetivo reconstruir los daños económicos, sociales y sanitarios provocados por la pandemia. La ministra ha indicado que las cuentas públicas deben ser, además, el vehículo para canalizar los fondos europeos que permitan diseñar la transformación del modelo productivo de España hacia una mayor digitalización, un impulso a la transición energética y una mayor igualdad de género.
Todas estas circunstancias hacen que el techo de gasto de 2021 no sea comparable al de años precedentes. De hecho, para analizar el techo de gasto hay que tener en cuenta diversos factores.
En primer lugar, está lo que se podría denominar límite de gasto homogéneo, que asciende a 136.779 millones. Supone un 7,2% más que el límite de gasto aprobado para 2020. Este aumento se debe a las mayores partidas para cubrir el Ingreso Mínimo Vital, incrementar las partidas en dependencia, reforzar la educación o las aportaciones a la Unión Europea. Este límite de gasto sí que admite la comparación con el anterior.
Sin embargo, hay que añadir varios elementos que no tienen equivalencia en años anteriores. Es el caso de la transferencia extraordinaria de 31.882 millones para absorber la mitad del déficit autonómico y parte de la referencia de la Seguridad Social. Esta partida, eleva el techo de gasto hasta los 168.661 millones de euros.
Además, hay que incluir una parte de los fondos europeos. Así, la ministra de Hacienda ha recordado que el Consejo Europeo aprobó movilizar 750.000 millones de euros, que se articularán fundamentalmente a través de un Fondo de Recuperación. En concreto, a España le corresponden 59.168 millones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y otros 12.436 millones del Programa REACT-EU.
El Plan de Recuperación que España presentará a las instituciones europeas recogerá 25.000 millones de transferencias del Mecanismo de Recuperación en 2021, que se incorporan al techo de gasto. Además, como se informó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado ayer, la mayor parte de los 12.436 millones del programa REACT-EU se destinarán a las CCAA, aunque habrá 2.436 millones que se incorporarán al Ministerio de Sanidad para, posteriormente, repartirlo entre los territorios para la adquisición de vacunas, reforzar la atención primaria o renovar el material sanitario.
Por tanto, el techo de gasto de 2021 incorporará un total de 27.436 millones de los fondos europeos, lo que eleva el límite de gasto no financiero hasta los 196.097 millones. La ministra Montero ha señalado que los fondos europeos incrementan el techo de gasto, pero no tienen impacto en el déficit público ya que se reconocen como un ingreso.
Con esta cantidad de recursos sin precedentes, el Gobierno elaborará unos Presupuestos Generales expansivos.
Previsiones de deuda
En cuanto a los objetivos de deuda pública, el Gobierno prevé que se sitúe al cierre de este año en el entorno del 118% del PIB como consecuencia del esfuerzo fiscal realizado para mitigar los efectos sanitarios, económicos y sociales de la crisis y del impacto de los estabilizadores automáticos. No serán necesarias para este año emisiones adicionales de deuda sobre las ya previstas.
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