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La armonización fiscal choca con la España federal y con el modelo plurinacional del Gobierno

La armonización fiscal choca con la España federal y con el modelo plurinacional del Gobierno

  • El Estado transfirió unos impuestos armonizados a las regiones y estas los han ido modificando (generalmente al alza) en virtud de su autonomía

jueves 03 de diciembre de 2020, 21:58h
Miguel Sebastián, que fue director de la oficina presupuestaria del presidente Zapatero (2004-2006), candidato socialista a la alcaldía de Madrid en las elecciones de 2007 y ministro de Industria (2008-2011), dice que es tramposo utilizar el término “armonización fiscal si se cree en el modelo federal”. Y no le falta razón.
Conviene reseñar que la armonía fiscal ya existió en origen, cuando el Estado transfirió unos impuestos (que gravaban y funcionaba de igual manera en toda España) a las Comunidades, que, con el tiempo rompieron esa igualdad fiscal, generalmente al alza.

El planteamiento de limitar la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas tiene poco de federal y mucho de limitación de la autonomía. Coincide con un avance político desde el gobierno hacia una España plurinacional, defendida por el presidente Sánchez. Incluso esta misma semana representantes de una formación parlamentaria que forma parte de esa “nueva mayoría de izquierdas” de ese “bloque de Estado” de la que habla el vicepresidente Iglesias, aboga por España como una república confederal. El modelo político federal y más aún el confederal no casa con esa armonización fiscal que pretende limitar la capacidad de una región para subir o bajar los impuestos propios.

No puede haber autonomía política si no hay autonomía financiera. Y las Comunidades Españolas tienen muy limitada esa autonomía. El gobierno central de coalición y Esquerra Republicana quieren limitarla aún más, cuando el reto está en avanzar hacia un modelo de financiación donde aumente la autonomía y se establezcan mecanismos de reequilibrio territorial.

Como hemos publicado esta misma semana, la tesis del dumping fiscal no tiene respaldo real. Es cierto que Madrid es la comunidad que atrae más empresas. Pero las empresas no cotizan por el mero hecho de serlo, sino por sus actividades económicas. Y resulta que en los nueve primeros meses del año, la Comunidad que ha sido más beneficiada ha sido Cataluña. Esa Comunidad ha recibido empresas que aportan más de 4.000 millones netos de cifra de negocio, que es la base que determina la recaudación de buena parte de las figuras tributarias. Paradójicamente, la que ha perdido rentas empresariales es Madrid (más de 5.500 millones de euros anuales).

A veces se construyen argumentos sobre planteamientos que no son ciertos, sobre sensaciones más que sobre hechos.

El modelo fiscal que rige en las Comunidades Autónomas en los impuestos transferidos tiene un origen igualitario. Es decir, el sistema fiscal estaba armonizado de origen. La armonía se ha roto con el tiempo. En su autonomía financiera, unas Comunidades han apostado libremente por subir la presión fiscal a sus ciudadanos a través de los impuestos transferidos. Otras, en cambio, y dentro de esa misma autonomía y libertad de decisión, han hecho una reordenación fiscal donde hay cuestiones que no han variado desde que recibieron esos impuestos, otras han sufrido modificaciones al alza, otras a la baja y se han establecido exenciones. Cada Comunidad tuvo sus razones para obrar de una manera u otra.

Las Comunidades recibieron el impuesto de transmisiones patrimoniales con un tipo que gravaba la compraventa de viviendas de segunda mano con el 6% (el tipo de IVA reducido que se aplicaba como IVA a las de primera mano hasta 1995, cuando pasó a ser del 7%; del 8% en 2010 y del 10% en 2012). Hoy día el IVA reducido se mantiene en el 10%. Hay regiones que en la medida que ha ido creciendo ese tipo han ido subiendo las transmisiones patrimoniales y, generalmente están entre el 8% y el 10%. Madrid lo mantiene en el 6% y Cataluña lo tiene en el 11%. La única región que mantiene la armonía fiscal de origen es Madrid.

Conviene señalar que este impuesto grava fundamentalmente la compraventa de segunda mano de viviendas y de coches (en sustitución del IVA). Por tanto, no grava las rentas (ricos-pobres), sino el consumo. Lo que en la práctica sucedería de llevarse a cabo esa armonización fiscal es que un ciudadano de Madrid que compre una casa de 150.000 euros tendría que pagar en impuestos entre 3.000 y 6.000 euros más de lo que paga en la actualidad (tipo entre el 8% y el 10%). De pagar 9.000 euros pasaría a pagar entre 12.000 y 15.000 euros.

Los otros dos grandes impuestos transferidos son el de patrimonio y el de sucesiones y donaciones.

El de patrimonio fue considerado un impuesto anacrónico por el gobierno Zapatero que en 2008 optó por su extinción estableciendo una bonificación del 100%. Como las regiones perdían uno de sus impuestos, compensó esa pérdida en el modelo de financiación autonómica de 2009. El impuesto ya estaba armonizado (todas las comunidades a cero). En 2009 las regiones experimentaron un crack financiero (que todavía siguen pagando) por la fuerte caída de la recaudación. El gobierno Zapatero decidió darles un balón de oxígeno y permitió que las que quisieran recuperaran el impuesto de patrimonio, abriendo la vía a romper la armonización fiscal, como así sucedió. Cuando en 2008 se suspendió el Impuesto sobre el patrimonio, el gobierno planteó la posibilidad de establecer un impuesto a las grandes fortunas, algo que tras la recuperación no se hizo y que ha recuperado el actual gobierno de coalición, pero que sería estatal y se sumaría al de patrimonio que gestionan las Comunidades Autónomas.

El impuesto de sucesiones y donaciones ha ido desapareciendo en muchos de los países de nuestro entorno. En España, el modelo llega a ser confiscatorio, en la medida que el heredero adquiere una deuda con la administración por recibir un bien que podrá ser suyo. El problema es que para hacer la liquidación del impuesto debe tener dinero efectivo. Si no lo tiene y no tiene la posibilidad de conseguirlo, la deuda va creciendo y finalmente el bien puede terminar en manos de la administración.

Las crisis económicas 2008-2014, primero, y la provocada por la pandemia después, mermaron los bolsillos de los españoles y ocasionaron un considerable aumento de deudas y procesos de ejecuciones tributarias. Tanto es así que varios partidos plantean directamente su desaparición y otros, como el PSOE de Madrid llegó a verbalizar que la base de cálculo (la herencia) debería superar el millón y medio de euros para empezar a aplicarse. Algunos de los partidos que apuestan por su supresión, lo han reducido a la mínima expresión en aquellas Comunidades donde gobiernan mediante exenciones o elevadas bonificaciones, que permiten a los familiares recibir las herencias sin estar gravadas fiscalmente o con un gravamen muy pequeño. Otros en cambio, lo mantienen como fuente de recursos.

La armonización fiscal que existió en un principio se ha ido rompiendo con los años. En algunos casos las subidas fiscales obedecen a la caída de ingresos generalizada en el sistema autonómico. En otros, a un deseo de algunas administraciones de ingresar más para poder gastar más y, en otros, se debe a que el modelo de financiación del Estado es insuficiente para cubrir el gasto en igualdad de condiciones, arrastraba un déficit estructural.

Así las cosas, la cuestión no es Madrid, sino el modelo de financiación, en el que se debe asegurar que los españoles vivan donde vivan van a tener acceso en igualdad a los mismos servicios públicos y que va a existir un fondo de cooperación para equilibrar las diferencias entre regiones. Uno de los grandes capítulos de ese modelo es el de la autonomía financiera, que debe determinar un paquete de financiación a través de tributos propios. Es el modelo actual pero corregido y actualizado. No en vano ese modelo debería haber finalizado en 2013 y está prorrogado desde 2014. El modelo creado para una situación económica de crecimiento en realidad tuvo que aplicarse en un periodo marcado por la recesión económica y la lenta salida de la misma y, en la actualidad, vuelve a verse afectado por una nueva crisis. Con más año prorrogado (siete, camino de ocho) que de vida ordinaria (cinco), urge la renovación del modelo, porque afecta directamente a los ciudadanos.

Dice el gobierno que la armonización fiscal habrá que establecerla con el nuevo modelo. Y lleva razón. La cuestión es qué base se va a usar, si la de la armonía originaria o se parte de la situación actual, para que algunas de las regiones que han subido impuestos no pierdan recaudación. Otra de las cuestiones es si el gobierno trata de establecer un mínimo estatal para garantizar esa armonización, lo que supondría la recentralización de parte del impuesto y conllevaría una subida fiscal en todas las Comunidades.
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