Y es que el escenario financiero a medio plazo para las Comunidades Autónomas pinta en rojo. Las Comunidades Autónomas pierden financiación ordinaria vía administración general del Estado. Lo hará en 2021 y en 2022. A eso se suma la caída de los ingresos fiscales propios. Esa pérdida de ingresos estructurales se producirá en una situación en el que en Castilla-La Mancha la deuda pública regional escale hasta el listón del 40% del PIB, lo que dejará poco margen para obtener financiación extraordinaria vía deuda pública.
Con 18.500 millones menos de recaudación fiscal del Estado en 2020, las Comunidades deberán devolver en 2022 más de 5.000 millones por dinero recibido a cuenta este año
Ya lo había señalado nuestro observatorio en los meses de marzo y abril. La caída de ingresos fiscales del Estado se dejará sentir en la financiación autonómica de 2021 y especialmente en 2022, cuando se liquiden las entregas a cuenta sobre la recaudación que el gobierno central había calculado para 2020. La estimación de lo que se iba a recaudar se hizo antes de que la pandemia paralizara la actividad económica y se hundiera la recaudación fiscal del Estado. Y con ese cálculo se llevó a cabo la distribución de fondos entre Comunidades.
18.500 millones menos en recaudación fiscal
El Covid se ha llevado por delante los ingresos del Estado. A finales de octubre, el gobierno central llevaba recaudados 18.500 millones de euros menos que en 2019 (7.200 millones por sociedades, 8.000 por IVA y 2.200 por impuestos especiales, mientras que los ingresos por IRPF apenas si habían sufrido variación). Hay que tener en cuenta que las Comunidades reciben en su financiación el 50% del IVA y el 58% de los impuestos especiales recaudados. Los datos apuntan ya que habrían recibido 5.100 millones por encima de lo recaudado, una cuantía que deberán devolver en 2022, es decir, que el Estado restará de la financiación de ese año. En el caso de Castilla-La Mancha, y con los datos de recaudación de octubre esa devolución supera los 200 millones de euros.
A ese descenso hay que sumar la pérdida de ingresos en las estimaciones de 2021 y 2022, ya calculadas sobre la base de una caída real de ingresos del Estado. Para 2021 la caída de ingresos fiscales de Castilla-La Mancha será de 313 millones de euros. La financiación ordinaria del Estado se reduce, también el cálculo de ingresos propios. A finales de octubre, las principales figuras fiscales propias presentaban una pérdida de recaudación del 22% respecto al mismo mes de 2019. Son 80,5 millones menos de ingresos por los impuestos de sucesiones y donaciones, patrimonio y de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. El de mayor peso en la financiación, el de transmisiones patrimoniales recaudaba 147,8 millones frente a los 208,9 de un año antes. Ese descenso de 61 millones supone un 29,2%.
A ese panorama de pérdida de ingresos, más deuda se añade aumento del gasto estructural, fundamentalmente en personal, que en 2021 supondrá 3.733,7 millones de euros y que en los diez primeros meses de 2020 equivale al 43,4% del total del gasto que lleva realizado la Junta. En 2020 y 2021, se han levantado las reglas fiscales y el gobierno regional podrá incurrir en mayor déficit del previsto, pero siempre dentro de unos límites razonables. Sin embargo, el ajuste deberá llevarse a cabo en 2022, cuando coincidan la caída de ingresos y la restauración de los límites del déficit.
De ahí, que García-Page y los presidentes de Aragón y Castilla y León quieran hacer un frente común para acelerar la aprobación de un nuevo modelo de financiación que permita resolver el problema.
En febrero, antes de la pandemia, la ministra de Hacienda señalaba que “hasta noviembre no habrá un “esqueleto básico” que sirva de base para la negociación del nuevo modelo de financiación”. La fecha fue posteriormente ratificada y comprometida por el presidente Sánchez en un acuerdo con Compromís en la negociación del apoyo de los valencianos a la prórroga del estado de alarma en primavera.
Han transcurrido tres años y medio desde que los expertos terminaron su informe de reforma del modelo de financiación sin que los sucesivos gobiernos la hayan abordado
El esqueleto técnico lo habían apuntado ya los expertos que estuvieron trabajando en el nuevo modelo. Han pasado más de tres años desde que la comisión de expertos elaborara su informe técnico. En concreto la Conferencia de Presidentes Autonómicos celebrada el 17 de enero de 2017 acordó la creación de este grupo de trabajo. El 10 de febrero de 2017 el Consejo de Ministros adoptó el acuerdo de constitución de dicha Comisión de Expertos; la cual, debía estar formada por profesionales independientes de reconocido prestigio propuestos por el Estado (5) y por las CCAA (16) de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía. Tras 19 reuniones, incluyendo las del Pleno de la Comisión y las de la Ponencia, la Comisión finalizó sus estudios en la reunión celebrada el 19 de julio de 2017, es decir hace 41 meses.
Desde el punto de vista político, unos meses más tarde, en enero de 2018, cuando la ministra era consejera de Hacienda de Andalucía y la voz del PSOE autonómico en materia de financiación, reclamó que el nuevo modelo pasaba por aumentar la participación de las Comunidades en el reparto del IVA del 50% actual al 75% y de los impuestos especiales, del 58% al 75%, lo que dejaba en manos de las Comunidades 16.500 millones de euros más en detrimento del Ministerio de Hacienda y de la administración central. Esa cifra actualizada en función de la recaudación del IVA y de Impuestos Especiales de 2019 rozaría los 23.000 millones.
Una de las cuestiones abordadas por la comisión de expertos fue la armonización fiscal reclamada desde Cataluña y por algunos gobiernos autonómicos de izquierda y que ha vuelto a la actualidad con la negociación de los Presupuestos del Estado. El informe que elaboraron ya apuntaba a la armonización del impuesto de sucesiones y daban vía libre a las regiones para no aplicar el de patrimonio, algo que se aprobó durante el gobierno del presidente Zapatero, lo que provocó casi la desaparición de la recaudación por esta figura, que algunas regiones recuperaron por la crisis de ingresos que sufrían con la recesión.
Pero el informe también apuntaba a dar capacidad a las regiones de establecer copagos en algunos servicios públicos para garantizar su financiación y ceder competencias a las regiones en materia de IVA, aunque se señalaba que en este caso las modificaciones autonómicas del IVA deberían darse de manera uniforme y no de manera unilateral por una u otra Comunidad.
Con posterioridad y a propósito de la crisis generada por el coronavirus, otro grupo de expertos, entre los que se encontraban algunos de los que redactaron el informe para el gobierno, han elaborado para la Fundación de Estudios de Economía Aplicada una propuesta de reforma fiscal en España, que condicionaría la financiación autonómica. Ese informe apunta medidas dirigidas a eliminar bonificaciones y beneficios fiscales de las grandes figuras tributarias (IVA, IRPF y Sociedades), además de a modificar los gravámenes, eliminar el sistema de tributación por módulos y aproximar los tipos de los gravámenes del consumo de alcohol, tabaco y combustibles a la media de la Unión Europea, y, finalmente, aumentar y establecer copagos por el uso de determinados servicios públicos.
Otras medidas contempladas en esa profunda reforma fiscal son las de aprovechar el recorrido que todavía tienen los impuestos medioambientales, aumentar los ingresos públicos basados en el principio de beneficio (tasas, precios públicos, copagos, etc.), continuar reforzando la lucha contra la economía sumergida, la evasión y la elusión fiscal y mejorar la coordinación entre administraciones tributarias en el ámbito internacional y doméstico.
Para los expertos de FEDEA, las reformas tributarias deben llevarse a cabo en coordinación con las comunidades autónomas, “lo que -consideran- no se ha hecho hasta ahora”.
La cuestión es que tras años sin que los sucesivos gobiernos hayan abordado la reforma del modelo de financiación autonómica, el coronavirus fuerza a no aplazar más este tema, porque las regiones tendrán en 2022 un año negro en el que, de no aumentar sus ingresos a costa de la tarta del Estado, deberán acometer ajustes estructurales en algunos servicios, pudiéndose ver afectados los esenciales de sanidad, educación y protección social.
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