Algunas de las ayudas contempladas en el Plan Integral de Garantías para 2017 acordado por Podemos, el Gobierno Regional y el PSOE están dotadas con menos dinero que las destinadas al mismo fin en 2016. Este es el caso de las concedidas para los alquileres dentro de la primera línea de las tres que integran el Plan Integral de Garantías, la de Garantía Habitacional. Estas ayudas se reducen más de un 36 por ciento en 2017. Otro tanto sucede con la partida de emergencia contra la pobreza energética dedicada a paralizar los cortes de suministros eléctricos, dentro de la segunda gran línea del Plan, la de Garantía de Suministros Básicos del Hogar, que pasa de 1,5 millones en 2016 a 1 millón en 2017.
Los fondos contra la pobreza energética pasan de 1,5 millones a uno
Por lo que respecta a la reducción de los fondos públicos destinados a financiar parte de la renta a satisfacer por los arrendatarios de viviendas, la consejera de Fomento, Elena de la Cruz, ha argumentado que se debe a que la Consejería desconoce qué cuantía va a destinar el Estado a este fin en 2017. A renglón seguido, la consejera ha tratado de desvincular la cobertura de esta prioridad a la existencia de fondos suficientes y ha dicho que en 2016 se amplió el presupuesto inicial y se ha mostrado muy satisfecha de que en la presente campaña se hayan más que duplicado las ayudas de 2016, al haber pasado de 4.000 a 9.000.
En 2016 la Dirección General de Vivienda y Urbanismo presupuestó una partida de 9,49 millones que se amplió a 10,41. Para 2017 se reducen a 6,94 millones, según se contempla en el Anexo V al articulado del proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades, en el que figuran todas las actuaciones del Plan Integral de Garantías Ciudadanas y las dotaciones económicas de cada una de ellas. Este Plan fue una exigencia de Podemos al Gobierno para apoyar los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2017.
En octubre del año pasado, Fomento aprobó una orden por la que aprobaba las bases reguladoras de las ayudas al arrendamiento de viviendas y el 22 de noviembre dictó una resolución por la que se convocaban esas ayudas. El plazo de solicitudes, que se abrió el 29 de noviembre, finaliza el próximo día 28 de febrero. La convocatoria contempla ayudas de hasta 2.400 euros al año (a razón de 200 al mes) para aquellos arrendatarios de vivienda del espacio europeo y Suiza o de ciudadanos extranjeros no comunitarios con residencia legal en España y domicilio fiscal en Castilla-La Mancha que tengan un alquiler que no supere los 500 euros mensuales.
Si en 2016 las 4.000 ayudas concedidas, según el gobierno, supusieron 10 millones de euros, las 9.000 que ha mencionado la consejera Elena de la Cruz, requerirán fondos públicos superiores a los 20 millones de euros, es decir, tres veces la cantidad presupuestada por su departamento. Y aún faltan tres semanas para que concluya el plazo de presentación, lo que puede ampliar el número de solicitudes y las necesidades de dinero para darles cobertura económica.
Por lo que respecta al conjunto del Plan de Garantías y a su reflejo económico, los créditos para financiarlo quedan fijados en el Anexo V, que forma parte del articulado al que desarrolla. Según este anexo que es el vinculante, el dinero total destinado a financiar las medidas del Plan asciende a 119.214.540. Sin embargo, hay cuantías en los estados de gastos que no están reflejadas en este anexo, lo que evidencia un desconcierto y desbarajuste y cierto grado de improvisación en torno a la dotación económica de este Plan Integral.
Los fondos para ayudas al arrendamiento de la vivienda habitual pasan de 9,49 millones a 6,94, a pesar de que las solicitudes han pasado de 4.000 a 9.000
Al analizar el presupuesto se constata una discrepancia entre las cifras que figuran en este anexo vinculante y algunas de las partidas relacionadas en el estado pormenorizado de gastos de los diferentes departamentos involucrados en el Plan. Esas diferencias son patentes en las ayudas de solidaridad y sociales a mujeres víctimas de violencia de género. Mientras que el Anexo V limita a 319.720 euros, el programa 323B del Instituto de la Mujer refleja para ese objetivo 11,58 millones de euros.
En el caso de los fondos para cubrir la Renta garantizada; emergencia social; mantenimiento de las condiciones básicas de vida; prestaciones a familias numerosas, el anexo al articulado contempla 1 millón menos que los estados pormenorizados de gastos de la Consejería de Bienestar Social. Algo parecido sucede con las becas para comedor y para material escolar, que aparecen en el anexo con 700.000 euros menos que en el desglose del programa de promoción educativa.
El punto primero del Anexo V contempla los tres programas del Plan Integral de Garantía. Luego se añaden como punto segundo las demás ayudas que se venían prestando desde hace lustros en Castilla-La Mancha por los diferentes gobiernos y a las que ahora se recogen bajo la rúbrica de “Resto de actuaciones de emergencia ciudadana”. El proyecto de ley, en su disposición adicional decimoctava, habilita al ejecutivo a declarar “por razones de interés público, otras actuaciones distintas a las previstas en el anexo V”.
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