El gobierno ha reconocido vía presupuestos para 2017 los errores que contenían sus previsiones de ingresos realizadas, teniendo en cuenta la reforma tributaria que llevó a cabo el año pasado. Aún así mantiene un gran optimismo en el comportamiento de los ingresos por tributos cedidos, por los que confía recaudar este año 100 millones de euros más de los ingresados en 2016, lo que supondría un incremento del 30 por ciento, a pesar de que durante 2017, el ejecutivo contempla una caída del crecimiento económico de seis décimas respecto a 2016. Esta postura del ejecutivo vuelve a proyectar sobre los ingresos la duda de si se ajustan a la realidad o se emplean como un mecanismo para cuadrar los gastos.
El aumento de ingresos por los tributos cedidos supera en un 30 por ciento lo recaudado en 2016
El eterno debate en torno a si las previsiones de ingresos propios y de algunos fondos procedentes del exterior están infladas o no, planea sobre el proyecto de ley de presupuestos para 2017. Cuando el actual gobierno que preside Emiliano García-Page tomó posesión, una de sus primeras actuaciones fue realizar una auditoría del estado de las cuentas que recibía. Las conclusiones las expuso en el Parlamento Regional. Entre ellas, el titular de Hacienda acusó al ejecutivo anterior de mala presupuestación y de haber inflado las previsiones de los tributos propios.
Un año después, en junio de 2016, y con una reforma tributaria recién estrenada con la que había aumentado la presión fiscal sobre los ciudadanos, el actual gobierno había recaudado menos que su predecesor y las cifras de lo que había entrado en la caja apuntaban ya a que a final del año, el actual gabinete habría inflado los presupuestos por tributos cedidos en al menos un 25 por ciento, aproximadamente en 100 millones de euros.
Aunque el gobierno todavía no ha hecho pública la ejecución a 31 de diciembre, la de un mes antes, la de 30 de noviembre, recogía que a falta de 30 días para terminar el año habían entrado en el erario autonómico 287,36 millones de los 436,37 calculados por el gobierno en concepto de impuestos de sucesiones y donaciones y de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
Así las cosas, el ejecutivo ha llevado a cabo unos ligeros ajustes rebajando las previsiones para 2017 a 428,38 millones de euros, es decir, 8 millones de euros menos que las del ejercicio anterior. Esos retoques no afectan a todos los conceptos por igual. En unos casos disminuyen un 33 por ciento y en otros aumentan hasta un 21 por ciento.
El gobierno autonómico aplica en el presupuesto un primer ajuste de 8 millones a sus previsiones sobre el impacto en las arcas públicas de su reforma tributaria
Los datos pormenorizados revelan que con las modificaciones introducidas en el impuesto sobre sucesiones, el gabinete socialista tenía previsto ingresar 86 millones de euros en 2016, 14 más que el anterior ejecutivo. A 30 de noviembre había recaudado 54,35 millones de euros, lo que aventuraba que el ejecutivo se quedaría muy por debajo del listón. Para 2017, el titular de Hacienda ha ajustado la cuantía y la ha reducido en 8 millones, dejándola en 78 millones, lo que a pesar de esa reducción supondría no obstante que seguiría sobredimensionada en más de 15 millones de euros.
En materia de donaciones, el gobierno del Partido Popular presupuestó para 2015 17,6 millones de euros, el gobierno de García Page elevó la cuantía en 2016 a 21,6 millones. Para 2017 la deja en 14,6 millones de euros. Todo ello después de que en noviembre se hubiesen ingresado tan sólo 8,4 de los 21,6 millones previstos para 2016. El comportamiento de este impuesto apunta a que el ejecutivo en su optimismo habría sobrevalorado la partida en 8 millones.
La reforma tributaria del gobierno elevó los tipos que gravan las transmisiones patrimoniales en un punto, salvo en los contratos de arrendamiento con opción de compra de la vivienda habitual, que lo redujo del 7 al 6 por ciento. Ese incremento de la presión fiscal le hizo calcular que en 2016 ingresaría por su principal impuesto cedido 223 millones de euros, 26 millones más que lo contemplado para 2015 por el gobierno del PP. A pesar de que a falta de un mes para terminar 2016, el gobierno había ingresado 154 millones, 79 por debajo de sus previsiones, el ejecutivo contempla que durante 2017 las ventas patrimoniales dejarán a la Hacienda autonómica 227 millones de euros. Esa cuantía supone recaudar mensualmente a un ritmo de 18,9 millones de euros cuando durante 2016 con la reforma tributaria en vigor se recaudó a una media de 14,4 millones al mes. Aún con la caída prevista del crecimiento económico de seis décimas, de mantenerse los ingresos medios de 2016, las previsiones del ejecutivo para 2017 estarían sobrevaloradas en 50 millones de euros.
Los impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que experimentaron mayor subida tributaria, mantienen una sobrepresupuestación de casi 80 millones
El segundo impuesto de gestión propia en volumen de aportación es el que soportan los actos jurídicos documentados. Con su reforma tributaria, el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha modificó al alza el tipo aplicable a los documentos notariales que pasó a ser del 1,5 por ciento, en lugar del 1,25, y que también grava las primeras copias de escrituras y actos notariales que documenten transmisiones de bienes muebles con un 2,5 por ciento en lugar del 2 por ciento anterior. Si el Partido Popular presupuestó 120,7 millones de euros para 2015, el actual ejecutivo redujo la cifra que consideraba inflada hasta los 104,7 millones para 2016. A 30 de noviembre había ingresado 69,6 millones, a razón de una media de casi 6,5 millones al mes. Ese volumen supondría que durante 2017 los ingresos por este concepto se moverían en el entorno de los 80 millones de euros. Sin embargo el ejecutivo eleva sus previsiones hasta los 107,3 millones de euros.
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