Durante el año pasado, la Comunidad necesitó dotar su tesorería con 2.826,75 millones procedentes de los mecanismos extraordinarios del Ministerio de Hacienda. Este año, el gobierno regional ha vuelto al mecanismo del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que abandonó en 2019, año en que lo sustituyó por el Fondo de Facilidad Financiera (FFF), menos exigente en las condiciones que impone el FLA.
La novedad de este año es el apartado de liquidez con cargo a la iniciativa REACT-UE. El fondo europeo incluye 55.000 millones de euros adicionales canalizados a través del FEDER, el Fondo Social y el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más desfavorecidas (FEAD).
Castilla-La Mancha es una de las diez Comunidades beneficiarias de los anticipos del Estado con cargo a las partidas europeas. En concreto es tras Cataluña (1.487,08 millones) y Comunidad Valenciana (650 millones), la que más dinero recibirá en anticipos del REACT-UE. De hecho a partir de mayo ha recibido 193,99 millones, lo que supone la mitad de los 387,98 aprobados por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos del Gobierno de España.
Se trata de una línea de liquidez transitoria, que no está previsto que se refinancie ni en los mercados financieros ni con cargo a otros compartimentos del Fondo de Financiación a las Comunidades Autónomas. Los recursos deben destinarse de forma prioritaria a reforzar la educación, la sanidad y los servicios sociales, así como para apoyar a las pymes y los autónomos.
En cuanto al dinero proveniente del Fondo de Liquidez Autonómica, parte del mismo está siendo utilizado por la Comunidad para liquidar o refinanciar su deuda a través de entidades financieras con mejores condiciones que las que mantiene en el FLA, lo que le permite reducir el pago de intereses. Otra parte se destina al pago de facturas a proveedores lo que le permite evitar deuda comercial y trasladar sus tensiones de tesorería al sector privado.
Durante el año pasado, el Ejecutivo autonómico empleó 306 millones del Fondo de Facilidad Financiera en el pago de 60.446 facturas emitidas por 3.362 proveedores. De esa cuantía 230 millones cubrieron contratos de inversión, 29,7 millones concesiones de servicios sanitarios, 1,3 millones de concesiones educativas y 19,1 de concesiones sociales otros 25,7 millones se destinaron a subvenciones o transferencias a ayuntamientos y universidades. En total, el 71,4% de las facturas tuvieron origen sanitario, el 10,1% educativo, el 7,4% social y el 11,1% del resto de actividades.
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