La guerra silenciosa entre regiones por la financiación pasa a ser a cara descubierta

El ultimátum planteado por Compromís a Pedro Sánchez y de todo el parlamento valenciano a Ximo Puig han vuelto a poner en la agenda política la negociación de un nuevo modelo de financiación autonómica, tal y como adelantó clm21.es el pasado día 8. Hasta ahora y tal y como había anticipado clm21.es en diversas informaciones, se han definido tres bloques claros. El que defiende que el nuevo modelo responda a la población y el que defiende que responda al coste de prestación de los servicios básicos, como sanidad y educación, que es más caro en las comunidades más despobladas, con mayor dispersión de población y con menor densidad de habitantes y el que defiende que reciban más lo que más aportan, que es el caso de Madrid, Baleares y Cataluña. En los dos primeros grupos se han producido alineamientos de Comunidades para hacer causa común de cara a la negociación. En Castilla-La Mancha, su presidente, García-Page, va a intensificar sus contactos con otros presidentes autonómicos durante el próximo mes de cara a fijar una posición común. Esas reuniones, que han sido anunciadas por la portavoz del Ejecutivo Blanca Fernández, ya han tenido precedentes en los meses anteriores, donde los encuentros fueron con los presidentes de Castilla y León y Aragón. En el punto de mira del presidente castellano-manchego figuran otros como Extremadura, Asturias, La Rioja o Galicia, donde los aspectos sociológicos y poblacionales tienen muchos puntos en común, aunque los gobiernos sean de distinto signo político.

Según Blanca Fernández esa postura común tiene su eje central en el coste de los servicios en las zonas más despobladas. Blanca Fernández, quien ha recordado que será en noviembre cuando el Gobierno estatal presente su primer borrador del nuevo modelo de financiación autonómica, de manera que estos contactos servirán para ejercer presión de cara a reclamar una mayor dotación.

Ya hace tres días, clm21.es anticipó en exclusiva que el gobierno de España había iniciado los tanteos con las autonomías de cara a abrir el proceso de negociación del nuevo modelo en noviembre.

En lo que sí hay acuerdo entre los presidentes, con independencia del bloque en el que se encuadren es que el gobierno central aporte a la cesta del modelo de financiación de 16.000 millones de euros. Esa unanimidad que data de 2018 fue vuelta a poner sobre el tapete por García-Page el pasado día 10 tras su encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El encuentro se produjo tras los movimientos del presidente Ximo Puig con reuniones con sus homónimos catalán, balear y andaluz en busca de conformar un bloque común del eje Mediterráneo, pero tanto Baleares como Cataluña se desmarcaron porque aspiran a tener un régimen diferenciado dada su aportación al PIB y a los ingresos del Estado. En ese bloque se integraría Murcia.

La ministra trata de centrar la negociación recuperando el fondo mínimo destinado a cubrir la estructura institucional básica para la prestación de servicios y un ajuste en el criterio de población ajustada, que es el criterio predominante en el sistema vigente en el fondo de garantía de los servicios.

Tal y como ha insistido, Castilla-La Mancha tiene una "infradotación" de mil millones de euros anuales, y ahora la intención es hacer ver cómo en la España rural, "que hasta ahora ha sido invisible y donde vive el 40% de la población de la región", necesita una mayor dotación de fondos.

"Esta reflexión en nuestro país debe pasar por que los servicios públicos sean valorables y homologables en zonas rurales para mejorar la igualdad de oportunidades y ver cómo estimular la inversión", ha señalado.

En su opinión, si no se hace una reflexión "en serio", en poco tiempo se puede llegar a una situación "muy grave de despoblamiento del territorio", y cuando el terreno no está ocupado, es más propicio a "catástrofes".

Hasta ahora existe un sistema en el que uno de los criterios de cálculo es el de población ponderada en función de los que necesitan más servicios educativos (menos de 16 años) y más servicios sanitarios (mayores de 65 años). El sistema que entró en vigor en 2009 y que debería haber sido revisado en 2014 se mantiene prorrogado y afecta negativamente a la Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Canarias y Castilla-La Mancha, cuyos índices de financiación efectiva por habitante están por debajo de la media nacional.

Los bloques responden a intereses territoriales y no ideológicos, algo que ha quedado patente hoy en la intervención de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso de los diputados, en la que ha apelado a encontrar una posición común dentro del PP, pero también dentro de su formación política, el PSOE, para afrontar la negociación por la reforma del modelo de financiación autonómica que arrancará previsiblemente en el mes de noviembre.

"¿Cuál va a ser la posición del PP, quizá en este caso la de la Comunidad de Madrid que está más alineada con la posición de los partidos catalanes que por ejemplo con Andalucía o Galicia? Así podría poner toda una serie ejemplos también en el interior de mi propia formación política", ha señalado Montero durante su comparecencia en el Congreso para hablar sobre financiación autonómica.

En este contexto, la ministra de Hacienda ha apelado al consenso entre el PP y el PSOE, partidos que, según ha dicho, tienen responsabilidades de poder en gran parte de las autonomías, para que la reforma del modelo de financiación autonómica pueda salir adelante a través de una Ley orgánica en el Congreso de los Diputados.