Así lo ha verbalizado la portavoz del ejecutivo regional, Blanca Fernández, preguntada durante al rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles sobre los amagos de movilización anunciados por Asaja, que se ha declarado "en guerra", en caso de que prospere la moratoria a este tipo de explotaciones.
Tras asegurar que el Gobierno castellanomanchego respeta todas las posiciones, ha defendido que con la moratoria a estas instalaciones pretende "poner orden, analizar la situación, ver cuántas granjas hay en Castilla-la Mancha y en qué condiciones se puede dejar en el futuro. Esas condiciones han de ser absolutamente garantes con el medio ambiente".
Dicho esto, y pese a asegurar que el Ejecutivo cumple siempre la ley en este tipo de instalaciones y no concede autorizaciones "de cualquier manera", ha admitido que en la región "hay un movimiento ciudadano y cierto malestar en muchas poblaciones donde han surgido estas iniciativas, donde hay conflicto social".
"Por tanto, vamos a poner orden el sector, de la mano del sector, no contra el sector. Entendemos que la ganadería da mucho empleo, produce productos de mucha calidad y forma parte de ese sector económico estratégico para fijar población en el medio rural".
Por ello, la portavoz del Ejecutivo castellanomanchego ha abundado en la necesidad de "hablar, pactar y dialogar las condiciones". "No pasa nada, lo que hay que evitar es la crispación, en la crispación pierde el sector, en el pacto y en el entendimiento gana el sector y la sociedad. Este gobierno aboga siempre por el entendimiento y el pacto para evitar malestar. En muchas poblaciones de la región han surgido a raíz de este tipo de explotaciones", ha concluido.
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