Cuando estalló la crisis financiera, numerosas administraciones acumularon facturas de sus proveedores sin acometer sus pagos. En el caso de Castilla-La Mancha, entre 2009 y 2010 la cuantía estimada de esa deuda comercial superaba los 3.500 millones de euros. Esa situación incidió en el cierre de algunas empresas y autónomos. El gobierno central tuvo que adoptar medidas extraordinarias de financiación para atajar el problema, publicar una ley antimorosidad y someter a vigilancia a las administraciones autonómicas y locales para evitar que la situación se volviera a producir.
Uno de los gastos sometidos a mayor control fue desde entonces el de los servicios regionales de salud, que son los que acumulan el mayor gasto en compra de bienes corrientes y servicios de las administraciones autonómicas, superando los 22.000 millones de euros.
En el caso de Castilla-La Mancha, el SESCAM gestionó el año pasado 970 de los 1.550 millones (dos de cada tres euros) de toda la Junta para compra de bienes corrientes y servicios y 294 de los 674 millones previstos en obras e inversiones (43,6%). El PMP del Servicio de Salud de Castilla-la Mancha fue de 14,79 días. Dos años antes, en diciembre de 2019, era de 59,57 días y en diciembre de 2020 todavía se movía por encima del límite de morosidad, con pagos a 34 días.
Los indicadores del resto de departamentos y entes instrumentales de la Comunidad también reflejan una mejoría y una mayor agilidad en los pagos por parte del gobierno regional. La Universidad, cuyo grueso de financiación procede de una subvención nominativa de la Junta de Comunidades presentaba un PMP a fin de año de 3,3 días. La empresa Gestión de Infraestructuras (GICAMAN), de 4,48. El Instituto de Finanzas, de 1,03 días. Y, finalmente, la Fundación del Parque Científico y Tecnológico de Albacete, en 4,79 Son los cuatro organismos que pagan en menos de una semana.
Por debajo de los diez días están además el Instituto de la Mujer (8,23 días), el Instituto de Promoción Exterior (8,04), la Agencia del Agua (8,37), la Fundación Impulsa (8,56) y la Fundación Roberto Polo (8,07). El resto de los organismos abona a sus proveedores por encima de los diez días. Las Consejerías, lo hacen en 11,94.
Las dos únicas sociedades que incumplen la ley antimorosidad son la Radio Autonómica, que paga a sus proveedores en 33,91 días y la Televisión, que lo hace en 41,94. Su matriz, el ente público(22,61 días) es junto al Instituto de Sistemas Fotovoltaicos (26,09) y a la fundación Fuenteagria (26,91), las tres únicas entidades que aún cumpliendo con el límite de 30 días pagan a más de tres semanas.
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