En esa fecha, la hoy portavoz del gobierno de Pedro Sánchez ejercía como directora general del gobierno de Castilla-La Mancha, en el que el 1 de septiembre de 2008 ocupó la portavocía. Apenas quince días antes, el 14 de agosto, el consejo de ministros aprobaba en una reunión extraordinaria el Proyecto de Ley por el que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio. En la rueda de prensa posterior a la reunión compareció el presidente Zapatero quien, tras hacer un balance sobre la situación de estancamiento y dificultades económicas anunció: “Primero: Hemos remitido al Parlamento el compromiso de la eliminación del impuesto sobre el patrimonio, con fecha 1 de enero de 2008… Con esta medida de mejora fiscal, de transferencia de renta desde el sector público a las familias vamos a poner a disposición de las familias 1.800 millones de euros y se van a ver beneficiado en torno a 1.200.000 ciudadanos de nuestro país. Como saben, este impuesto estaba vigente desde el año 77. Es un impuesto que tiene unas características obsoletas y que, desde luego, no contribuye en nada a la actividad económica”.
(El vídeo de la intervención puede consultarse en la hemeroteca de La Moncloa, a partir del minuto 3).
En diciembre de ese mismo año, el día 23 se aprobó la ley propuesta por el gobierno del presidente Zapatero, que se publica en el Boletín Oficial del Estado el día de Navidad, el 25 de diciembre. En la exposición de motivos, de la Ley el Gobierno dejaba claro las razones de su posición: “La vigente Ley del impuesto, la Ley 19/1991, de 6 de junio, supuso la incorporación con carácter estable del Impuesto al sistema tributario, con un triple objetivo: efectuar una función de carácter censal y de control del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; conseguir una mayor eficacia en la utilización de los patrimonios y la obtención de una mayor justicia redistributiva complementaria de la aportada por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Sin embargo, desde el momento de su establecimiento, las transformaciones, tanto del entorno económico internacional como las mismas modificaciones introducidas en el tributo, han hecho que pierda su capacidad para alcanzar de forma eficaz los objetivos para los que fue diseñado”.
Así pues, la ley derogó el gravamen del impuesto, pero no la figura tributaria. En 2011, en plena crisis financiera, con España al borde del rescate y las administraciones públicas sujetas a una fuerte caída de ingresos, el gobierno restablece el gravamen “por la necesidad de asegurar la estabilidad de nuestra economía”. Aumenta no obstante el límite exento y recuerda que es un tributo cedido a las Comunidades Autónomas y que lo seguirá siendo “por lo cual recuperan de manera efectiva su capacidad normativa y la recaudación corresponde a estas Comunidades Autónomas, lo que supondrá para las mismas la posibilidad de obtener en esos años unos recursos adicionales a los que resulten del nuevo modelo de financiación, que ayudarán a cumplir los objetivos antes citados.
El Real decreto-Ley ya advertía que “lógicamente, la supresión futura de este impuesto o la creación de otro de naturaleza estatal, no implicará compensación adicional a las Comunidades Autónomas, puesto que ya se les compensó de manera definitiva consignándose a su favor alrededor de 2.100 millones de euros en el año base del modelo del actual sistema de financiación”.
Efectivamente, las Comunidades aceptaron la supresión en un momento en el que se negociaba un nuevo sistema de financiación, previsto hasta 2013, pero que se ha prorrogado hasta la fecha.
En nuestra Comunidad, el gobierno, cuya portavoz era Isabel Rodríguez, hoy portavoz del gobierno nacional, se alegró de que el nuevo sistema dejara un aumento, compensación incluida de 500 millones de euros.
El gravamen del impuesto fue recuperado por María Dolores Cospedal, en medio de declaraciones señalando que “no nos gusta el impuesto” y de cálculos de recaudación: hasta 18 millones de euros al año.
Hoy día esa cifra no se llega a alcanzar. En Castilla-La Mancha no llegan a 4.000 las personas que presentan esta declaración. En 2020 la recaudación fue de 14,33 millones de euros
Esta ha sido la trayectoria del impuesto en los últimos años, en los que alguna región como Madrid, no lo recuperó y otras como Andalucía acaba de anunciar su supresión, lo que ha levantado las críticas por el gobierno socialista actual, cuya portavoz, Isabel Rodríguez ha criticado al Partido Popular y al presidente andaluz por la medida y ha querido contraponer la aprobación de una ley de atención primaria que otorga 172 millones de euros para estos recursos en las Comunidades Autónomas "al mismo tiempo que otros eliminan impuestos a los privilegiados". Y sobre la confrontación ha dicho “Nos gusta el debate nos sentimos cómodos”.
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