Además de esa deuda comercial, las regiones tenían pendiente de abono otros 4.430 millones de otras partidas de gastos (fundamentalmente subvenciones). En total la deuda no financiera ascendía, por tanto, a 10.556 millones de euros, inferior en 324 millones a las de un mes antes. Ese dato representa el 0,97 del PIB español y no contempla los registros del País Vasco.
Esta mejoría se dejó sentir también en el periodo medio de pago, que se situó en 23,71 días oficiales, que viene a equivaler a 53,71 días naturales. La información es elaborada por el Ministerio de Hacienda, conforme a los datos comunicados por las diferentes Comunidades al Ministerio.
Castilla-la Mancha aportó al total de la deuda no financiera autonómica 274 millones de euros (0,69% del PIB regional), de los que 156 (0,40% del PIB) se correspondían con facturas de proveedores y el resto, 118 millones, a otra deuda no comercial. El periodo medio de pago se situó en 19,95 días. De los 156 millones de facturas sin pagar, 89 eran del sector sanitario.
El año pasado, en el mes de mayo, la deuda no financiera de la Junta de Comunidades ascendía a 346 millones, de los que 218 eran en facturas. El periodo medio de pago hace un año era de 37,9 días. La Consejería de Hacienda ha destacado que el periodo medio de pago a proveedores se sitúe por debajo del plazo legal y por debajo de la media regional.
A efectos oficiales, se entiende por número de días de pago, los días transcurridos desde los 30 posteriores a la fecha de entrada de la factura en el registro administrativo, o desde la fecha de aprobación de la certificación mensual de obra, hasta la fecha de pago material por parte de la Administración.
Las Comunidades Autónomas gestionan con mayor agilidad los pagos de las facturas de compras de bienes y de servicios necesarios para el funcionamiento de las administraciones y que no generan activo (23,12 días de periodo medio de pago) que las de operaciones en inversiones productivas (31,56 días). Funciona con más agilidad los pagos del sector administrativo (21,20 días) que el de las empresas y fundaciones del sector público (33,94 días), que, en teoría, se crearon, entre otras razones, para actuar con mayor rapidez.
El Ministerio mide especialmente el comportamiento del gasto sanitario de las regiones por su elevado peso en el conjunto del gasto. Mientras que los proveedores sanitarios de bienes y servicios vienen a cobrar en un plazo medio día inferior al resto, los que realizan las obras o equipamientos tecnológicos ven sus facturas abonadas seis días más tarde que la media.