A finales de mayo, las Comunidades Autónomas tenían unas necesidades de financiación de 4.820 millones de euros, lo que supone que el déficit de las administraciones regionales se situaba en el 0,41 por ciento de la riqueza nacional. El dato se conoció pocas horas antes de que se iniciase la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que debía fijar los objetivos de estabilidad presupuestaria para los próximos años y que tendría conocimiento oficial del estudio realizado por la comisión de expertos sobre el modelo de financiación autonómica. También se va a establecer un calendario para la negociación de ese modelo que deberá estar en vigor en 2018. Asimismo, el Consejo tiene que fijar el nuevo modelo para calcular el periodo medio de pago a proveedores de las distintas administraciones públicas, de acuerdo con la normativa europea y la legislación española sobre morosidad del sector público.
Caen los ingresos y aumentan los gastos respecto a 2016
Las necesidades de financiación de nuestra región se producen porque la Hacienda de Castilla-La Mancha ha ingresado 2.289 millones de euros, mientras el gobierno ha gastado 2.480 millones. El déficit es superior al registrado en el mismo mes del año pasado, en el que nuestra Comunidad cerró con unas necesidades de dinero equivalente al 0,28 por ciento del PIB. Esto se produce por un peor comportamiento de los ingresos. El año pasado en mayo la recaudación de la Junta suponía el 5,95% del PIB y este año se queda en el 5,77%. Para hacernos una idea cada décima del PIB de Castilla-La Mancha viene a equivaler a 40 millones de euros. Con un menor porcentaje de ingresos, los gastos se han incrementado una décima en 2017 respecto a 2016 y se situaron en el 6,25%
Los meses donde se registran los mayores picos de déficit son por este orden junio, diciembre, noviembre y octubre. Normalmente en junio, el gobierno ya ha alcanzado y rebasado el límite autorizado, por lo que tiene que meter la tijera a los gastos para poder cumplir con el obligatorio objetivo de déficit que para este año está marcado en el 0,6% del PIB para las Comunidades Autónomas.
La región que presenta un déficit más reducido es Asturias, con un 0,16% de su PIB. Por el contrario, la que tiene mayores necesidades de financiación es Valencia, en la que el desfase entre ingresos y gastos arroja un saldo negativo del 0,85 por ciento. Junto a Valencia, en el mes de mayo ya había rebasado el límite anual Murcia, con un 0,62 por ciento y se quedaban en puertas Extremadura (0,59), Cataluña (0,57) y Baleares y Cantabria (0,53). El resto de regiones presentan los siguientes porcentajes: Andalucía el 0,43; Aragón el 0,39; Canarias, el 0,39; Castilla y León, el 0,32; Galicia el 0,21; Madrid el 0,33; Navarra el 0,26; La Rioja el 0,30 y País Vasco, el 0,31.
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