Aún así, Castilla-La Mancha continúa como la tercera Comunidad con mayor carga financiera, sólo superada por la Comunidad Valenciana (43,7%) y Cataluña (33,1%). La media de los gobiernos autonómicos es del 23,7%, dos décimas menos que a finales de 2022 y la cifra más baja desde 2019, lo que indica el mayor esfuerzo realizado por Castilla-La Mancha por sanear sus finanzas.
En su conjunto, la deuda pública del sector autonómico español asciende a 322.211 millones de euros, con Cataluña (85.456 millones de euros) y la Comunidad Valenciana (55.439 millones de euros), a la cabeza. Ambas Comunidades acaparan el 43,73% del endeudamiento de los gobiernos autonómicos.
En términos porcentuales en relación con sus respectivos PIB, las regiones con sus fianzas más saneadas son Navarra (13,5%) y País Vasco (14,2%), ambas con un sistema de financiación (cupos) diferente al resto. Entre las del régimen común, las que tienen menor carga financiera son la Comunidad de Madrid (14,2%, igual que el País Vasco), Canarias (14,9%) y Asturias (16%). Sólo la Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla-La Mancha y la Región de Murcia, tienen un peso de su endeudamiento superior a la media del sector autonómico.
Aunque en términos absolutos, los 15.574 millones de euros de endeudamiento de Castilla-La Mancha es el cuarto valor más alto de la serie histórica, la referencia que se emplea es la de la carga que supone esa deuda en relación con el PIB. Según las reglas fiscales de la Unión Europea, temporalmente en suspenso y que se retomarán el próximo año, los gobiernos no pueden tener un endeudamiento superior al 60% de su PIB.
En el caso de España, el reparto establecido antes de la suspensión de las reglas fiscales era que las regiones españolas no deberían rebasar a final de 2023 el 21,4% del PIB nacional, mientras que el gobierno central incluida la Seguridad Social se reservaba el 66,6% y otro 1,8% era el límite permitido a las corporaciones locales. Todo ello dejaría la deuda española en el 89,8% del PIB, todavía lejos del objetivo del 60% marcado en el Pacto de Estabilidad de la Unión Europea.
A pesar de las necesidades de crédito que tuvieron las administraciones públicas por el covid, las Comunidades, en general, han rebajado su endeudamiento en los años siguientes hasta dejarlo en niveles de 2019 y Castilla-La Mancha, en particular, que lo ha dejado 2,6 puntos por debajo de ese año y con la cifra más baja de la última década. Sin embargo, el gobierno de España ha disparado la deuda pública hasta el 113% del PIB con un valor de 1,535 billones de euros.
En el último año la deuda pública se ha incrementado en 81.446 millones de euros, lo que representa un repunte del 5,6%, aunque su peso en el PIB ha caído del 117,4% en el primer trimestre de 2022, al 113% entre enero y marzo de este año.
El dato marcado en el primer trimestre (113% del PIB) supera, no obstante, el objetivo del Gobierno para todo el año (111,9%), de acuerdo con lo establecido por el Ejecutivo en el Plan de Estabilidad 2023-2026 remitido a Bruselas a finales de abril.
De acuerdo con las proyecciones del Ejecutivo, la deuda mantendrá su senda de reducción tras la disminución de cinco puntos el pasado año, hasta situarse en el 111,9% del PIB en 2023 y ya bajar del 110% (109,1%) en 2024. En 2025, la previsión es que caiga al 107,9% y en 2026 al 106,8%.
Respecto al cierre de año, la deuda se ha incrementado en 32.761 millones de euros, lo que supone un repunte del 2,2%, en un contexto marcado aún por la crisis en Ucrania y el repunte de los precios. No obstante, el peso en el PIB ha seguido la senda descendente y ha caído del 113,2% al 113%.
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