Este derecho quedaba regulado en el artículo 6 del RD 3/2021 donde se expresa que el personal que preste servicios en centros sanitarios y sociosanitarios y hayan contraído el virus SARS-CoV- 2 tendrá las mismas prestaciones que el sistema de la Seguridad Social otorga a las personas que se ven afectadas por una enfermedad profesional.
SATSE defiende que para hacer efectiva la derogación de esa prestación, “debería mencionarse expresamente, tal y como se ha procedido en la Orden de 4 de julio con las medidas que han sido derogadas”.
La organización sindical, y de acuerdo a este posicionamiento, continuará reclamando este derecho tal y como ha venido haciendo desde el inicio de la pandemia a través de las reclamaciones individuales de enfermeras y fisioterapeutas que han contraído la enfermedad de COVID-19 en el ejercicio de su profesión, dado que no se puede obviar que se ven expuestas a este riesgo biológico, entre otros, de manera continuada, como consecuencia de las características intrínsecas del trabajo enfermero lo que se traduce en el claro impacto en la salud de estos profesionales que ha tenido y sigue teniendo esta enfermedad.
Esta impacto, añade, no solo se refiere a los nuevos casos de COVID-19, que con mayor frecuencia se dan en estos profesionales, sino que se manifiesta también en el elevado número de los mismos afectados de COVID Persistente.
Por todo ello, SATSE ha solicitado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones una aclaración expresa sobre la vigencia del Real Decreto 3/2021, que es el que contempla esta medida de protección a los profesionales sanitarios y sociosanitarios.
Responsabilidad en el uso de las mascarillas
De otro lado, SATSE hace un llamamiento a la cultura de la responsabilidad que hemos adquirido en los últimos años en relación con la transmisión de enfermedades respiratorias, y recuerda que los centros sanitarios son ámbitos de especial vulnerabilidad en los que la pandemia ha demostrado la necesidad de reforzar el uso de la mascarilla en determinados contextos y situaciones.
Entre esas situaciones, se contemplan su uso por las personas sintomáticas cuando estén en espacios compartidos; por los profesionales que atienden a casos sintomáticos; las personas que trabajan en unidades de Cuidados Intensivos y en Unidades con pacientes vulnerables; en las urgencias hospitalarias o de atención primaria, incluida la sala de espera; en los centros residenciales de personas mayores y personas con discapacidad.
En este último caso, aunque no se recomiende el uso universal de las mascarillas, se considera necesario tomar precauciones adicionales en caso de aparición de síntomas en trabajadores, residentes o visitantes, para evitar brotes, cuidando en todo caso el bienestar de los mayores tanto a nivel físico como emocional.
Todo este conjunto de precauciones que se seguirán manteniendo en los espacios sanitarios y sociosanitarios al ser considerados ámbitos que presentan un mayor riesgo de contagio, son las que, según SATSE, avalan que los profesionales sanitarios continúen teniendo derecho a la consideración del COVID como Enfermedad Profesional.
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