Lo cierto es que la cifra real está muy alejada de ese 0,1%. A finales de junio el conjunto de Comunidades Autónomas tenía un déficit del 0,91% del PIB, que expresado en euros supone 12.810 millones, con todas las regiones españolas en déficit y sólo el País Vasco (0,08%) dentro del límite del 0,1%. Las Comunidades con mayor desviación son la valenciana (1,95%), Murcia (1,59%) y Baleares (1,55%).
En el caso de Castilla-la mancha el déficit viene motivado porque los gastos no financieros alcanzaron los 4.468 millones de euros, un 10% que en el primer semestre de 2022), mientras que los ingresos se quedaron en 3.914, después de crecer a un ritmo del 7,1%.
2023 es un año atípico en cuanto al ciclo de gasto, debido a que, al haber sido año electoral, los expedientes de gasto se agilizan en el periodo previo a los comicios, lo que se deja sentir en las cuentas públicas. Se espera que en la segunda mitad de año el ritmo de gasto se modere y se logre rebajar la cifra de déficit, que según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su informe de julio este no bajará del 0,4%, con Cataluña, Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha por encima incluso de ese porcentaje. En el caso de nuestra región, la AIReF apunta a que cerrará 2023 con un déficit del 0,9% del PIB, sólo superada por Murcia (1,6%) y Comunidad Valenciana (1,5%).
Una de las partidas de gasto que más ha crecido para Castilla-la mancha ha sido la de los intereses por sus créditos, que han pasado de los 44 millones del primer semestre del año pasado a los 66 del mismo periodo de 2023, lo que supone un aumento del 50%, todo ello tras varios años de bajada de los intereses por la renegociación a la baja llevada a cabo por la consejería de Hacienda.
Las subvenciones han aumentado un 26% interanual y los costes de la nómina de los empleados públicos, un 6,3%.
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