El mayor retraso afecta a todos los planes de ayuda a otros colectivos. De los casi 445 millones con los que cuenta, el gobierno sólo había comprometido 80 millones, el 18 por ciento.
Las inversiones de gestión propia supondrán en 2017 175 millones de euros, según figura en el proyecto de presupuestos. A finales de julio el gobierno sólo había gastado 38 millones, el 22 por ciento.
El retraso de la inversión pública regional afecta fundamentalmente a las obras en centros hospitalarios y equipamientos tecnológicos
En la inversión propia el retraso lo sufren fundamentalmente los proyectos de equipamientos sanitarios. El programa de atención integrada a la salud contempla en el proyecto de ley unas inversiones de 29,5 millones de euros en los nuevos centros hospitalarios gestionados por la Secretaría General del SESCAM. Finalizado el séptimo mes, el gobierno sólo ha reconocido y pagado obligaciones por 9 millones de euros. Dentro de ese mismo programa, la Dirección General de Asistencia Sanitaria gestiona otros 15 millones de euros, de los que 6,1 van destinados a obras de nueva planta, 1,13 a obras de reparación y conservación y 8,2 millones a tecnología. A 31 de julio, el Gobierno se había gastado 1,33 millones de esos 15 millones totales. La tercera gran partida en inversiones sanitarias está destinada a los equipamientos y programas informáticos. Dotada con 7,54 millones de euros, a finales de julio sólo se habían comprometido y pagado 326.000 euros. En total estas tres grandes líneas de inversión tienen un presupuesto de 52 millones de euros, de los que el gobierno ha gastado poco más de 10,7 millones.
Los programas de inversiones educativas, a pocas semanas que comience el nuevo curso académico presentan un grado de ejecución que no llega al cincuenta por ciento tanto en primaria como en secundaria. En concreto los proyectos de obras para primaria ascienden a 15 millones de euros, de los que se llevaban gestionados 7. En secundaria y formación profesional de 5,25 millones de inversión se han ejecutado actuaciones por 2,45 millones de euros. Otros de los programas afectados por el retraso en la gestión de proyectos es el de conservación de carreteras, dependiente de la Consejería de Fomento. De los 21 millones, hasta finales de julio se habían gastado 11 millones. Además del 1,1 millones para infraestructuras deportivas, el gobierno se había gastado sólo 20.000 euros.
En cuanto a los fondos para subvencionar la inversión de empresas públicas y privadas, ayuntamientos y otros organismos de la Junta de Comunidades, el gobierno ha dado fluidez a los fondos destinados a sus propias entidades o en las que participa, como la Agencia del Agua, a la que ha enviado 11 de los 12,7 millones previstos para todo el año o a los consorcios de las ciudades de Toledo y Cuenca o GEACAM. Esta empresa pública ha recibido 63 de los 67 millones que contempla el proyecto de presupuestos.
Sin embargo se resienten fundamentalmente de la falta de agilidad las partidas destinadas a ayuntamientos, empresas privadas y otros colectivos, que normalmente van asociadas a convenios o convocatorias concretas y formales.
Así de los 2,5 millones en ayudas para los programas de vivienda municipales, los ayuntamientos tan sólo han recibido 167.000 euros. En el caso de las empresas privadas cuyas ayudas son fundamentalmente para programas de rehabilitación, el gobierno sólo ha transferido 50.000 euros de un total de 2,5 millones. También se resienten las Universidades públicas de Alcalá y de Castilla-la Mancha. La partida de 1,4 millones de euros de ayudas para el campus de Guadalajara de la Universidad de Alcalá de Henares permanece sin gestionar. El gobierno regional no ha gastado ni un solo euro.
Los mayores retrasos se producen dentro de la Consejería de Agricultura, donde se da el caso que ni ayuntamientos ni empresas han recibido un solo euro para las inversiones de prevención de incendios forestales, cuando el 31 de agosto estábamos en plena campaña de incendios forestales. Y si las ayudas del programa Leader están gestionadas casi en su totalidad, en el de regadíos y explotaciones agrarias, el Gobierno sólo ha gastado 2,4 de los 43,8 millones presupuestados en el proyecto de ley. De los 48 millones de las ayudas para reconversión del viñedo sólo ha pagado 9 millones y de los 124 millones para empresas agroalimentarias lleva gastados 56.
En materia social, el gobierno tiene tres partidas de ayudas a la inversión y no ha gestionado dos de ellas. La más importante es la del programa de cooperación al desarrollo. La otra es el traspaso de fondos a los ayuntamientos para el plan de atención a mayores en Castilla-La Mancha. Sólo ha gestionado las ayudas para adecuación de viviendas dentro del programa de prestaciones sociales.
La Consejería de Bienestar Social gestiona fundamentalmente subvenciones para gastos corrientes, no para gastos de inversión, Algunas de estas subvenciones para gastos corrientes se resienten por un bajo nivel de pago. Tal es el caso de las ayudas de atención a la dependencia. De los 102 millones de euros para los dependientes, a finales de julio el Gobierno regional sólo había reconocido obligaciones de pago por 42 millones, de los que había desembolsado 36,37 millones.
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