Las erráticas actuaciones de Armengol como presidenta del Parlamento están generando la imagen de que las Cortes son una colonia política del Gobierno, dándose la paradoja de que el órgano que tiene que controlar al Ejecutivo en realidad es controlado por este. Lejos de hacer un favor al PSOE, su actuación perjudica la imagen de su partido.
Es cierto que en todas las legislaturas la Presidencia de la Cámara y la mayoría en la Mesa, el órgano de gobierno del Congreso, tiene un sesgo a favor del gobierno de turno. Un sesgo, siempre dentro de unos límites que no cuestionen la esencia del Parlamento.
Lo que Armengol está trasladando a la opinión pública es que el principal contrapoder democrático, el Parlamento, donde reside la soberanía nacional, está al servicio de un bloque que representa a la mitad del pueblo español y que es beligerante contra el otro bloque que representa a la otra mitad.
La necesidad del acuerdo con las formaciones independentistas ha llevado al presidente Sánchez a ir más allá en su estrategia de desmontar todos los contrapoderes del gobierno y del Estado y de convertir algunas instituciones en centros al servicio de los intereses electorales y de poder. Ha pasado con el Consejo de Estado, con el Fiscal General del Estado y con el Tribunal Constitucional, entre otros. Y tiene pendiente la renovación del Consejo General del Poder Judicial (el órgano que gobierna a los jueces), aunque ya ha limitado sus competencias, entre ellas la de efectuar nuevos nombramientos. Y es que el Consejo General del Poder Judicial tiene como competencia nombrar, por medio de real decreto refrendado por el ministerio de Justicia, a los magistrados del Tribunal Supremo y presidentes de Tribunales y Salas.
Cada martes, la rueda de prensa del Consejo de Ministros se ha convertido en un escenario en el que el mensaje más importante es denostar al jefe de la oposición y representante del partido que ganó las elecciones.
Es una estrategia que desde el partido ganador se ha trasladado a La Moncloa, que se ha convertido en el gran centro electoral del presidente Sánchez. Su equipo es consciente de que la fuerza de un partido político depende de tres pilares fundamentales: el líder, la organización y los mensajes. Y, a sabiendas de eso, cada ocasión que se pinta, golpean a Feijóo, le contraponen a algún barón y le presentan como incapaz para mantener su organización.
Para los mensajes, tienen un equipo que es una legión y han colonizado al CIS, a través del cuál se conoce el estado de opinión de los ciudadanos sobre determinados temas o, en su caso, se elude su conocimiento evitando determinados temas en los cuestionarios.
También provocaron el relevo en el Instituto Nacional de Estadística, porque los datos de este centro cuestionaban los mensajes triunfalistas del gobierno en materia económica.
Es esa legión de La Moncloa la que decide qué dicen y que callan los ministros y algunas figuras destacadas del principal partido del gobierno, como su portavoz parlamentario, e incluso de la coalición que apoya a Pedro Sánchez en el gobierno.
La solemne apertura de la Legislatura dejó un ejemplo de cómo son ahora las cosas. Los miembros del gobierno callan y hasta sueltan algunas risas cuando les preguntan por temas que les incomodan, en especial si no han recibido las directrices de la legión, por ejemplo la reunión del gobierno con Puigdemont en Suiza con un verificador internacional. También critican que los diputados del PP no aplaudieran las palabras de Armengol y lo tachan de falta de respeto institucional. Al tiempo callan sobre sus aliados que no sólo no aplaudieron, sino que, en su mayoría, ni estuvieron en la sesión solemne porque la presidía el Rey y, aún más, emitieron un comunicado especialmente duro contra la Monarquía. Y los que estuvieron no aplaudieron las palabras del jefe del Estado.
El poder está generando demasiada perversión y demasiada crispación. La Constitución se toma por trozos. Lo que interesa se usa y lo que no se desecha apelando a las esencias ideológicas de esta u otra formación. Además, se emplea el código penal o sus consecuencias a medida del poder, desmontando algunas barreras que impiden la materialización de determinados intereses, unas barreras que se mantienen como primera garantía en un Estado de Derecho.
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