El reconocimiento se ha producido en el pleno de las Cortes de esta semana y viene a poner al Ejecutivo en la senda de la aceptación y no de la contestación a los informes elaborados por los técnicos de la Intervención. Las palabras de Ruiz Molina se producían 24 horas después de que el portavoz del Gobierno, Nacho Hernando, dijera que el informe obedecía a una “cocina política” ordenada por Cospedal y que el gobierno se quedaba con el informe provisional, el del 27 de marzo, que había anticipado un déficit del 0,72 por ciento.
El pasado 27 de septiembre, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) llevó a cabo la actualización de los datos sobre las necesidades de financiación que habían tenido las Comunidades Autónomas en 2016. El informe consolidado ha aumentado el déficit de 13 regiones, entre las que se encuentra Castilla-La Mancha y ha rebajado el de otras cuatro.
El saldo de esta actualización eleva el déficit autonómico del 0,82, del informe provisional del 30 de marzo, al 0,84%. Eso suponía 186 millones adicionales no contabilizados inicialmente. En Castilla-La Mancha, la desviación de 38 millones adicionales aflorados por los técnicos supone un déficit de casi 45 millones de euros. En el ajuste nuestra Comunidad es la segunda que más déficit adicional aflora, por detrás de Andalucía.
La Comunidad vecina del sur ha subido su déficit en 72 millones de euros, Aragón en 23, Baleares en 15, Canarias en 25, Cantabria en 4, Castilla y León en 13, Cataluña en 6, Extremadura en 16, Galicia en 26, Madrid en 20, Murcia en 17 y Navarra en 9.
Con la revisión y el establecimiento de los datos consolidados, Asturias, en cambio, ha reducido su déficit en 1 millón de euros, La Rioja en 2 millones, Valencia en 38 y País Vasco en 60.
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