Las fuentes consultadas no ven esa correlación entre la evolución del escenario macroeconómico y el presupuesto. El crecimiento del PIB nominal en 2018 (4,2) será similar al previsto para 2017 (4,4), según el escenario previsto por el propio ejecutivo, sin embargo la evolución del gasto cae a la mitad, del 6,2 por ciento en 2017 al 3,1 en 2018.
Tras esta decisión del ejecutivo estaría una actitud conservadora para tratar de asegurar el cumplimiento del objetivo de déficit en 2018. Hasta la fecha el ejecutivo de García-Page no ha cumplido el objetivo en ninguno de los dos años de mandato, ni en 2015 ni en 2016, lo que le ha obligado a hacer planes de ajuste económico y remitirlos al Ministerio de Hacienda.
El gobierno de García-Page no quiere que el déficit de 2018 se desvíe lo más mínimo del 0,4 por ciento marcado para todas las Comunidades Autónomas. Máxime porque el avance del cumplimiento o no de ese objetivo se daría a conocer a finales de abril de 2019, en plena campaña electoral autonómica. El gobierno quiere llegar a la campaña con la idea de que se ha producido una recuperación social con las finanzas saneadas y cumpliendo con los objetivos de estabilidad presupuestaria (déficit) y sostenibilidad financiera (deuda).
De hecho, las actuaciones del ejecutivo ya están en clave electoral y los compromisos más duros de cumplir se anuncian para entrada en vigor en 2019, justo para después de las elecciones, con un nuevo gobierno. Esa estrategia respecto al presupuesto puede llegar a plantear algunos problemas financieros a la Junta de Comunidades en 2019 y 2020. Los expertos calculan que algunas de las políticas de gasto, como el aumento de los costes de personal, tanto por el incremento salarial ordinario y extraordinario como por la nueva contratación pública cuyas ofertas se han empezado en 2017 tendrán su mayor repercusión presupuestaria a partir de 2019 y 2020, cuando se empiecen a incorporar los nuevos empleados de la administración autonómica y haya que dotar económicamente esas plazas.
En cuanto a la recuperación salarial perdida en los años de la crisis, de la que también se beneficiarían los altos cargos actuales, se calcula que el impacto el primer año será de 40 millones de euros, lo mismo sucederá en el segundo año y en el tercero que puede llegar a otros casi quince millones de euros.
Las primeras estimaciones apuntan a que para mantener el crecimiento de otras partidas, además de la de personal, el gobierno deberá presentar unos presupuestos para 2019 de 10.000 millones de euros, con un crecimiento de 800 millones sobre 2018, lo que porcentualmente estaría por encima al 8 por ciento. Ese aumento lo debería conjugar con el límite de déficit que para 2019 se reduce al 0,1% y al cero por ciento en 2020 y con una regla de gasto que limita el crecimiento del gasto computable para 2019 en el 2,7% respecto a 2018 y en el 2,8% en 2020. La regla de gasto computa los gastos realizados por la administración, descontados los intereses, los fondos finalistas financiados por la Unión Europea o por otras administraciones y las transferencias a los ayuntamientos o al Estado por el sistema de financiación.
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