La postura de la plataforma defiende un modelo de gestión público a través del ayuntamiento, mediante una cooperativa vecinal controlada por el consistorio, que permita regular los precios del agua en la localidad sin depender de una compañía privada y realizar sus propios controles de calidad.
Actualmente el servicio se encuentra externalizado a través de la compañía Aqualia, que controla el ciclo integral del agua en la localidad. El contrato con la empresa se encuentra prorrogado y el gobierno del consistorio illescano ha comenzado los trámites para su renovación, hecho que la Plataforma intenta impedir mediante una campaña de difusión y recogida de firmas entre los vecinos.
La Plataforma por la Gestión Pública del Agua denuncia un cambio de postura del actual equipo de gobierno socialista, del que afirman que en 2015 votó a favor de la adhesión al Pacto Social por el Agua y “dos años después, hace lo contrario e inicia el proceso para que la gestión del agua siga en manos privadas”.
En este punto, apuntan a “oscuros intereses” y señalan directamente al alcalde, José Manuel Tofiño: “creemos que busca saciar sus caprichos, ya que el Ayuntamiento va a ingresar una jugosa cantidad de dinero”.
Por otro lado, si bien es cierto que la adhesión al llamado Pacto Social por el Agua promovida por Izquierda Unida fue secundado en sesión plenaria por el grupo socialista (además de Ciudadanos e Illescas Sí Puede), el acta del pleno recoge las declaraciones del portavoz del grupo municipal, quien interpreta dicha adhesión como una promesa de revisión sobre la idoneidad o no de remunicipalizar el servicio de aguas de la localidad, pero que en ningún momento, suscribir el Pacto significa aceptar de facto tal remunicipalización.
El portavoz socialista afirma que la conversión pública del servicio de aguas “es algo muy importante como para tener datos y cifras encima de la mesa y estudios hechos por personas cualificadas que sepan guiar no sólo a los políticos, sino también a los técnicos del ayuntamiento”.
El equipo de gobierno alude al tamaño de la localidad, que ha sufrido una fuerte expansión hasta los 26.000 habitantes en los últimos años y requeriría de una infraestructura mayor para poder dar servicio a todos los vecinos. En este sentido señalan los beneficios de concesión, como que "permite disponer de mayor volumen de personal disponible o cubrir bajas con mayor facilidad".
Por último, el ayuntamiento recuerda que es el propio consistorio el que actualmente, con la concesión privada de Aqualia en vigo, marca las tarifas de consumo de agua en Illescas. “Efectivamente el canon y el precio lo marca este ayuntamiento con un contrato que además todos los años aprobamos porque tenemos contratado un incremento en función, si se modifica el IVA o el IPC”.
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