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Acto de apertura del curso 2017/18 de la UCLM.
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Acto de apertura del curso 2017/18 de la UCLM. (Foto: Gabinete prensa UCLM)

El gobierno regional estrangula a la Universidad y provoca el recorte de plantillas y de becas

miércoles 15 de noviembre de 2017, 12:02h

“Yo no pago las facturas de Barreda”. Fueron las palabras del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page cuando conoció la delicada situación financiera de la Universidad. Se refería al coste de la puesta en marcha del grado de medicina en Ciudad Real, el de arquitectura en Toledo, el de periodismo en Cuenca, el de farmacia en Albacete y el de enfermería en Talavera; gastos que se quedaron sin pagar en unos casos y sin incluir en la subvención nominativa del ejecutivo a la UCLM, en otros.

Era parte del proyecto de nuevas titulaciones que en 2009 acordaron el gobierno regional y la UCLM y que iban a financiarse con el Plan de Inversiones de la Junta 2010-2014. Tan sólo los edificios de medicina en Ciudad Real suponían un coste inicial de 15,5 millones de euros, según publicaban los medios de la época. Pasado 2010 y 2011, las titulaciones ya estaban en marcha, los pagos no llegaban, los protagonistas del plan ya no estaban. Cospedal había sustituido a Barreda y Collado a Martínez Ataz al frente de la Universidad. El nuevo rector, un catedrático de derecho financiero, a la vista de la situación de que las facturas estaban sin pagar y que se había generado un coste en personal y mantenimiento que no se estaba financiando, decidió paralizar el segundo bloque de titulaciones que incluía la puesta en marcha en distintos campus las enseñanzas de psicología, traducción, turismo, telecomunicaciones e informática, y puso en marcha un plan de ajuste para mantener a flote la institución en época de crisis.

Con la mejora del clima económico y con un crecimiento de los ingresos en las arcas del gobierno regional y con las perspectivas de agotamiento de las reservas de la Universidad, se iniciaron las conversaciones con los nuevos titulares de Educación para buscar una solución y normalizar la financiación universitaria.

Pero para el actual gobierno, con muchos frentes abiertos, con poco dinero y habiendo generado muchas expectativas decidió que la Universidad no era una prioridad y optó por ganar tiempo, que equivalía a pagar menos. Pero la situación ya es insostenible. En 2017 la Universidad ha realizado un plan de ajuste de 9 millones de euros. El gobierno reconoce que en julio tuvo que adelantar tesorería a la Universidad para que pagara las nóminas, pero sigue en su política de ganar tiempo y de no financiar adecuadamente a la UCLM. El problema es que a la Universidad se le han agotado los fondos y el tiempo, y anuncia un segundo plan de ajuste por 20 millones de euros si el gobierno no la financia adecuadamente.

Pero García-Page se mantiene en su posición, a pesar de que esta infradotación se va a traducir en recortes de becas y reducción de las ayudas a los estudiantes, frenazo a la actividad investigadora y recorte de plantillas. “Es -como dice un miembro del claustro- frenar el talento y castigar a los estudiantes con menos recursos”

Es, según el propio García-Page, una de las herencias de su compañero de partido y anterior presidente que él se ha negado a solucionar. Ha habido otras, como el pago del justiprecio de las expropiaciones por el aeropuerto de Ciudad Real que el actual gobierno sí ha atendido. Tan sólo en 2016 fueron más de 30 millones de euros. En este caso, las sentencias del Tribunal Supremo obligaban al pago.

De cara a los presupuestos de 2016 y 2017, con la infradotación del gobierno regional a la Universidad, la situación salió a la luz pública para incomodidad política del gobierno y su presidente. Y el ejecutivo decidió solicitar documentación presupuestaria y financiera a la Universidad. Al final y con la presión mediática encima incrementó ligeramente la partida prevista inicialmente mientras decía que se iba a avanzar en una solución a futuro.

Pero transcurrido más de un año, el gobierno no ha avanzado y está en la misma posición que en octubre de 2016, hablando de la firma de un contrato programa con la Universidad. Pero no ha adelantado los pormenores de ese contrato con los negociadores académicos. El Gobierno se ha ahorrado un año y ha estrangulado un poco más a la Universidad, que se ha visto obligado a realizar durante este año un primer plan de ajuste de 9 millones de euros.

Finalmente, de cara a 2018 y con los tiempos encima y sin haber perfilado ese contrato programa, ha incluido una partida de 140 millones. Pero el proyecto del gobierno va más lejos e incluye unas disposiciones para acabar con la autonomía universitaria y hacerse con el control económico y financiero de la UCLM, tal y como desveló clm21.es. Para ello, el actual gabinete del presidente García-Page se ha arrogado las competencias que tiene el Tribunal de Cuentas de control externo de las finanzas de la Universidad, abriendo la puerta a un conflicto de competencias con el Tribunal de Cuentas al tiempo que ha provocado la colisión con la UCLM.

El mismo día en el que el Gobierno presentaba ese proyecto en las Cortes, la Universidad hacía pública una nota en la que daba cuenta de la infradotación económica. La cantidad no llega a cubrir la nómina de los trabajadores que supera los 151 millones de euros y anunciaba que el Consejo de Dirección de la Universidad estudiaría la situación y se vería obligada a adoptar soluciones dolorosas. El gobierno respondió filtrando a un medio de comunicación un informe crítico con la Universidad.

El martes por la tarde la UCLM avanzaba esas medidas adoptadas por los recortes de la financiación aplicados por el gobierno de García-Page: reducción de plantillas, eliminación de ayudas y becas al estudio, cancelación de programas de movilidad y suspensión de obras. Los máximos responsables universitarios rechazaban el proyecto de presupuestos del gobierno regional. La Universidad necesita 20 millones más para financiar de forma muy ajustada su actividad. El gobierno regional le obliga a hacer recortes por 20 millones de euros. Esta situación puede derivar en un conflicto abierto entre estudiantes y gobierno en la recta final de legislatura.

El gobierno trató de parar el golpe informativo sobre el plan de ajuste al que se ve obligada la Universidad y emitió una nota a las 9 de la noche asegurando que garantizará la financiación. Y en la nota explicaba que esa garantía se produciría a través de un contrato-programa. Pero un año después de anunciarlo, ese contrato programa sigue sin ver la luz, a pesar de que el gobierno cuenta desde octubre del año pasado con toda la documentación que ha ido requiriendo a la Universidad para poder elaborar ese contrato y que el gobierno ha empleado en lugar de para hacer ese documento para elaborar un informe crítico hacia la UCLM, el mismo que filtró a un diario regional.

El gobierno habla de lo que ha crecido la financiación en estos dos años y que lo ha hecho por encima del gasto social del presupuesto, pero se olvida de que las obligaciones reconocidas a finales del gobierno de su compañero José María Barreda elevan la factura por encima del dinero que ha dispuesto. Y lo que anticipa la Consejería de Educación es que “el contrato-programa se incluiría una cantidad fija como asignación nominativa” que vendría a financiar lo que ya existe “y otra variable en función de la ampliación de la oferta e implantación de nuevos estudios, incremento de alumnado, internacionalización, generación de recursos propios, mejora en ranking”. El problema radica precisamente es que mantener la actual estructura de la Universidad requiere de una subvención nominativa de 160 millones de euros y no de 140.

El gobierno que está decidido a no mandar más dinero, sí está dispuesto a prestarle fondos a la Universidad en caso de que llegue a tener algún problema de tesorería que afectara al pago de nóminas de personal o al calendario de pago a proveedores, cuenta, “y así lo sabe la institución académica -dice el comunicado- con que la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas garantizaría la disponibilidad del crédito suficiente para afrontar esa eventualidad, como ya se hizo sin ningún problema el pasado mes de julio”. Estas afirmaciones contrastan con el calendario de libramiento que el gobierno ha realizado de la subvención a la Universidad, que pone de relieve que, en algunos casos, en lugar de adelantar los fondos -como este caso puntual de julio- ha habido meses en los que el envío de fondos se ha retrasado. Esta situación queda patente en la ejecución presupuestaria mensual de la propia Junta de Comunidades.

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