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Los datos oficiales dan un revés al gobierno regional en su pretendida recuperación social
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Los datos oficiales dan un revés al gobierno regional en su pretendida recuperación social

jueves 23 de noviembre de 2017, 22:25h

Ha empezado a pincharse la falsa ilusión. La crisis con la Universidad -con independencia de los temas domésticos- ha destapado una realidad de la que clm21.es viene advirtiendo: No hay suficiente dinero para la recuperación social. Crece la economía -faltaría más- al hilo de las políticas de estímulos del BCE, de las reformas nacionales y por la adecuada ubicación regional para temas logísticos. Desde el gobierno regional se empuja un poco -cuando se empuja, porque hay mucha voluntad y poca capacidad de gestionar ágilmente los fondos de estímulos regionales-. Pero todavía no hay suficientes ingresos ni entre las familias y empresas (el sector privado), ni en la administración regional (el sector público). Y el gobierno, al igual que las familias, trata de tapar agujeros y de priorizar el gasto. El problema es que el presidente García-Page había generado grandes expectativas, que trata de mantener sobre la base de criticar los cuatro años anteriores, donde no había dinero ni en el sector privado ni en el público. Ni mucho ni poco, sencillamente no había. Lo único que abundaba eran las deudas. Unas deudas con el sector privado (facturas sin pagar) que se pagaron a costa de aumentar la deuda pública.

El gobierno regional se enfada por la crítica y -como los niños enfurruñados- saca ira y soberbia y castiga sin publicidad. Claro que la publicidad tampoco llega en las cantidades comprometidas a los grandes medios. “No hay dinero”, dicen desde el ejecutivo. El miércoles, encuentro entre los directores que reciben las grandes cuentas publicitarias del gobierno y el propio ejecutivo para tratar de buscar una solución. Se acerca el fin del ejercicio y algunos medios han tenido que prescindir de personal porque el gobierno no cumple con las expectativas generadas, con las campañas publicitarias anunciadas. Se acerca el inicio del último año de legislatura y el gobierno no quiere iniciarlo teniendo cabreados a los medios de comunicación.

En lo social, la semana vuelve a dejar malos datos. Si la semana pasada quedaba al descubierto el déficit estructural generado por el actual gobierno en la sanidad, con las listas quirúrgicas batiendo récords (superan ya los 38.000 pacientes) y disparándose los tiempos de espera y el número de pacientes en plazos máximos; en la actual, las enfermeras, a través de su sindicato mayoritario, ponen de manifiesto que aquí y en el resto de comunidades la situación de los profesionales del sistema sanitario ha empeorado en relación a hace cinco años. En un estudio elaborado por el sindicato en toda España se concluye que la mitad de los profesionales de enfermería sufren el síndrome del profesional “quemado” y ocho de cada diez, estrés, mientras que cerca de nueve de cada diez considera que el ambiente laboral se ha deteriorado y siete de cada diez está convencido de que la atención que se presta a los pacientes en nuestro Sistema Sanitario ha empeorado en los últimos años.

Por si fuera poco, la gestión económica, que también se ha conocido en estos días, revela que el gobierno ha gastado en derivaciones a clínicas privadas -contra las que tanto clamó cuando estaba en la oposición- por encima de lo que aprobaron las Cortes. Unos fondos que el Parlamento le concedió -como dijo el consejero- por si había situaciones de emergencia y mientras se renovaban los equipos. Pero los equipos que tanto anuncia el gobierno no terminan de llegar, porque el gobierno gestiona tarde. La cosa se agrava desde el punto de vista político, porque el gobierno también ha ralentizado la contratación de personal sanitario de refuerzo. Mala actuación en defensa de su defensa de la sanidad pública.

Se han conocido también los datos de la atención a la dependencia. En el último año se han reducido el número de dependientes con derecho a prestación social y el gobierno ha disparado en un 74% los expedientes sin resolver, que en cifra de 6.215 se acumulan en la Consejería. La lista de espera de dependientes que aguardan a que la administración les preste el servicio (residencia, centro de día, ayuda a domicilio, ayudas para cuidadores…) ha crecido un 30,51% durante la legislatura. El gobierno fija el foco en la atención que menos cuesta para aligerar las estadísticas, como hace también en sanidad. Pero el déficit estructural en dependencia es la acumulación de expedientes.

Uno de los planes estrellas del gobierno de coalición, el Plan de Garantías Ciudadanas, cierra octubre, a tan sólo dos meses de final de año, con cuatro de cada diez euros sin gastar. Es dinero para las emergencias, para lo más básico y urgente. Alguien debería explicarlo. La consejera encargada de coordinar el plan, mientras tanto, sale de los palacios y anuncia en un comunicado oficial que (literal) “’baja a los territorios’ para comprobar la adecuación de las medidas del Plan a la realidad castellano-manchega”.

Anda el gobierno vendiendo la recuperación social. Pero esa recuperación en los servicios públicos no llega y está haciendo crónicas situaciones que serán difíciles de resolver. La imagen de los estudiantes manifestándose ha roto el discurso al ejecutivo y ha marcado la senda a seguir a otros colectivos. La falsa ilusión se pincha. Las expectativas han abierto la puerta a la desilusión colectiva. Y en la medida que el gobierno sea capaz de tapar ese hueco y de evitar que esa desilusión avance tendrá mejores o peores resultados electorales. De momento, la delicada situación se trata de solucionar a mamporrazos dialécticos y mediante presiones; ejerciendo el poder de la fuerza. No hay guantes de seda. El peor titular de la semana para el gobierno se lo ponía un sindicato “el gobierno regional ha causado un daño irreparable a la Universidad”.

En lo económico, la semana deja datos de cara y cruz. Buen comportamiento del sector industrial, aunque por debajo de la media nacional y los indicadores a futuro anticipando que se avecina deterioro. Las exportaciones empiezan a dar avisos y el ritmo de crecimiento comienza a dar señales de agotamiento. En septiembre el dato interanual fue negativo. El crecimiento del sector servicios algo más templado que en la industria y también por debajo de la media. La sequía se está dejando sentir ya en las rentas del sector primario, en la agricultura. Así las cosas, el gobierno sigue vendiendo que hay estudios que le dan un crecimiento mayor que la media nacional. Los datos hasta septiembre apuntan lo contrario. Falta ver el impacto de la crisis catalana en la economía nacional. Si ha sido fuerte, entonces puede que se dé esa circunstancia.

Otro de los datos para la preocupación, el crecimiento de algunos sectores no se acompaña con el mismo ritmo en generación de empleo. El BBVA, cuyos estudios el gobierno suele emplear de referencia, advierte de que Castilla-La Mancha figura entre las peores Comunidades en capacidad de adaptación y superación de la crisis en materia de empleo.

En el sector público, los datos conocidos son fiel reflejo de esa falta de fondos para cubrir las expectativas generadas. El gobierno aumenta el volumen de la deuda con sus proveedores (en un 25% en un mes) y con los beneficiarios de ayudas y subvenciones. Además, presenta un saldo presupuestario (gastos menos ingresos) deficitario en 84 millones de euros mientras que el conjunto autonómico tiene superávit. En el apartado positivo, el ejecutivo trata de que los pagos que sí realiza sean ágiles y los datos de pago de septiembre mejoran y el Periodo Medio de Pago a proveedores se queda en 36,76 días naturales. Es la tercera comunidad con el plazo más reducido tras País Vasco y Navarra. Aunque algunos organismo, como la radio y la televisión, tengan periodos de pago que superan los 90 días, lo que en la empresa privada se tendría que contabilizar como crédito a corto plazo.

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