Mientras tanto y por si las negociaciones fuesen infructuosas, en la Universidad se trabaja en el recurso contra la ley de Presupuestos que interpondrá en el caso de que se consume la pretensión del gobierno de ejercer el control sobre la UCLM. El recurso se presentaría en enero, según estas fuentes.
Por su parte, el gobierno no parece dispuesto a frenar en sus pretensiones. Ante la posibilidad de que además del de la Universidad se pudiera encontrar con otro recurso del Tribunal de Cuentas, por invasión de competencias, el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha tratado de evitar esa posibilidad que traería graves consecuencias para el gobierno. En una comparecencia ante los medios ha tratado de dar un giro interpretativo a la decisión del ejecutivo de ejercer el control económico y financiero externo sobre la Universidad regional, algo que está reservado en exclusiva al Tribunal de Cuentas o, en su defecto, a los órganos de control externo de las respectivas comunidades autónomas.
El Tribunal de Cuentas es un órgano de control externo reconocido en la Constitución Española que se configura como el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del sector público.
El consejero ha dado una nueva interpretación a la pretensión del gobierno que aunque pudiera parecer de matiz tiene un profundo calado jurídico. Ruiz Molina ha señalado que el control que quiere ejercer el gobierno sobre la Universidad no es externo (que compete en exclusiva al Tribunal de Cuentas) sino interno, el que compete a la Universidad y que el gobierno quiere llevar a cabo a través de la Intervención de la Junta, que depende del ejecutivo.
Fuentes jurídicas consultadas por clm21.es han señalado que el ejecutivo podría llegar a evitar el conflicto con el Tribunal de Cuentas dependiendo no tanto de lo que diga el consejero como de lo que diga la ley. Y añaden que en cambio, las palabras del consejero recrudecen el enfrentamiento abierto contra la Universidad y sirven una baza importante a la UCLM en su anunciado recurso contra los presupuestos de la Junta en el caso de que no se modifiquen las pretensiones del gobierno que vienen recogidas en la ley.
El control interno de la Universidad corresponde a los órganos de la propia institución académica, que goza por ley orgánica de autonomía respecto del gobierno. Otra cuestión -señalan en la Universidad- es que el gobierno quiera ejercer el control del uso del dinero que aporta a la Universidad. “A eso la Universidad no pone reparos. Lo que no puede pretender el gobierno es fiscalizar otros fondos que no proceden de él. Es como si dan una subvención a una empresa y a cuenta de ello el gobierno quiere el control financiero de la compañía. Puede pedir que se justifique el uso de la subvención pero no del dinero que no proceden del gobierno. Eso corresponde al Consejo Social de la Universidad, por un lado y al Tribunal de Cuentas, por otro".
Uno de los argumentos esgrimidos para llevar a cabo el control económico y financiero es el de asegurar la sostenibilidad financiera y la estabilidad presupuestaria, ya que la Universidad computa como un ente de la Comunidad Autónoma. Pero esta explicación carece de solidez en la medida que ese control lo puede ejercer mediante la retención de la subvención nominativa.
Si (
No(
