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Hay menos beneficiarios de dependencia que hace un año y con menos nivel de atención
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Hay menos beneficiarios de dependencia que hace un año y con menos nivel de atención

miércoles 03 de enero de 2018, 22:06h
La radiografía de la atención a la dependencia en Castilla-La Mancha muestra que, durante 2017, el gobierno regional ha paralizado la resolución de expedientes y se ha reducido el número de beneficiarios a los que la Junta reconoce el derecho a una prestación. Entre los que tienen el derecho reconocido, se constata una disminución de la lista de espera (limbo de la dependencia) y también que se reduce de forma generalizada el nivel de atención que presta la administración a los dependientes.

Efectivamente, durante 2017 en Castilla-La Mancha se redujo el número de dependientes beneficiarios de prestaciones públicas de la Junta en casi 1.200 personas. Al mismo tiempo, la Consejería de Bienestar Social hizo crecer la montaña de expedientes de personas que esperan ser valoradas por los servicios públicos para acceder a una prestación en 2.440, lo que supone un incremento del 60,3%.

Dentro de cada grupo en los que se divide a los dependientes en función de sus necesidades, se reducen los encuadrados en niveles de atención más alto y aumentan en los más bajos

A falta de conocer los datos de todo 2017, que se harán públicos dentro de tres semanas, los adelantados de finales de noviembre revelan que el sistema de dependencia regional tiene 63.365 beneficiarios frente a los 64.548 que había a finales de diciembre de 2016. Además, no entran nuevos beneficiarios en el sistema porque la Junta no resuelve las solicitudes que se le presentan. Durante este año, el número de peticiones se incrementó en 1.084 y las cifras de resoluciones no avanzaron e indican que los expedientes se acumulan en los cajones de la Consejería. Curiosamente, los datos oficiales hablan de 80.728 dictámenes en 2016 y, sin embargo, la cifra de 2017 es más reducida y recoge 79.372 resoluciones.

Entre los casos ya dictaminados, los datos desagregados indican que se ha avanzado en la reducción de lo que se conoce como limbo de la dependencia, que es la lista de espera de dependientes ya evaluados y a los que se les reconoce derecho a prestación, pero a los que todavía no se les da. Si a finales de 2016, de los 64.548 beneficiarios, 41.338 recibían una prestación social, a finales de noviembre pasado, de los 63.365 beneficiarios, 51.309 eran los que tenían la prestación. El número de dependientes en lista de espera para que la Junta les preste el servicio al que tienen derecho es de 12.056.

A finales de noviembre había reconocidos en Castilla-La Mancha 18.657 grandes dependientes, (215 más que a comienzos del año), 21.882 dependientes severos (134 menos) y 22.882 personas con dependencia moderada (1.264 menos). Esos son los tres grandes grados que dividen a los dependientes en función de la atención que necesitan.

Los grandes dependientes necesitan ayuda para realizar actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona, ya que tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.

Los dependientes severos precian de ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no requieren el apoyo permanente de un cuidador o tienen necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal.

Y, finalmente, se consideran dependientes moderados a aquellas personas que precisan de ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria al menos una vez al día o tienen necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.

A su vez, cada grado se divide en tres niveles en función de la autonomía, la atención y el cuidado de los dependientes. En todos los grupos (grandes dependientes, severos y moderados) se han reducido el número de personas incluidas en los niveles que precisan de cuidados atención más altos y han aumentado el número de los que se incluye en el grupo requieren menos atención.

Esta reasignación de los recursos ha permitido reducir la lista de espera, que todavía es de 12.000 personas

Esta modificación registrada en estos once meses en las clasificaciones administrativas tiene su impacto en el gasto destinado a dar cobertura a las prestaciones sociales. La menor necesidad de atención generalmente lleva aparejado un menor coste para la Junta de los servicios que prestan.

Descontento generalizado con la gestión

Desde la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha han mostrado el visible descontento de gran parte del colectivo con la gestión de la Consejería de Bienestar Social. En su última misiva a los medios, la Plataforma hace balance del año y denuncia que “en Castilla-La Mancha han fallecido más de 4.500 dependientes, cada uno con sus familiares, amigos, que han visto el sufrimiento de esa persona hasta su muerte, esperando a que la Administración les proporcionara el servicio o prestación que por ley les correspondìa y que nunca llegó”.

​Aunque fuentes de este sector señalan que tras la reforma de 2012 la clasificación sólo se establece por grados, los documentos oficiales siguen dividiendo cada grado en tres grupos: los niveles 2, 1 y sin nivel. De hecho, en el grado 3(grandes dependientes), de los 18.657 beneficiarios, 11.894 están en el escalón más bajo (un 11,67% más que en 2016); en el grado 2 (dependientes severos) de los 21.882 beneficiarios, 13.517 están en el nivel más bajo, un 10,23% más que en 2016. Finalmente en el grado 1: de los 22.826 beneficiarios, 15.433 están en el nivel más bajo de atención, un 14,83% más que en 2016.

Sin embargo, las caídas en los niveles más altos, y por tanto que más atención precisan, superan el 15% en todos los grados y en algunos llegan a rebasar el 30%.

Por su parte, CCOO lamenta, en referencia al Decreto para actualizar la regulación de “las condiciones mínimas exigibles a los centros y servicios destinados a la atención a personas con discapacidad en Castilla-La Mancha” que fue publicado en el DOCM del pasado 26 de diciembre, “la oportunidad perdida por el gobierno regional para mejorar la calidad de servicio de Atención a la Discapacidad, que en CLM prestan unos 10.000 trabajadores y trabajadoras de medio millar de empresas y entidades, de la propia administración autonómica y corporaciones locales”.

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