Las operaciones de adquisición de 32 oficinas a Barclays Bank y Banco Caixa Geral con toda su línea de negocios han llevado a Caja Rural a desembolsar 460 millones de euros de efectivo, a provisionar otros 5,5 millones para ajustar la cartera de créditos que habían comprado a su valor real y a pagar 2,93 millones por gastos jurídicos vinculados a una de esas operaciones.
Estas operaciones se realizaron en el periodo 2013-2014 y la Asamblea General de la entidad deberá decidir si se continúa con esta línea de expansión en un momento en el que la mayoría de las entidades financieras del país, que en plena crisis habían recortado el 28% de sus sucursales, inician el segundo proceso de reducción que culminará en 2019 y en el cual se cerrarán otras 3.000 oficinas más.
Según ha podido saber clm21.es, el informe de auditoría y las cuentas consolidadas de 2013 ponen al descubierto cómo la operación de compra de 14 oficinas de Barclays Bank con su correspondiente línea de negocio obligó a la entidad tan sólo unos días después de haber culminado la operación a provisionar 2,09 millones de euros para ajustar la cartera de créditos a su valor razonable.
En la compra de 14 oficinas de Barclays Bank con sus correspondientes activo y pasivo en 2013, Caja Rural de Castilla-La Mancha desembolsó más de 145 millones de euros. Esta operación fue publicitada como un éxito de la caja.
A las pocas semanas de las operaciones tuvo que provisionar 5,5 millones por depreciación del valor de los créditos adquiridos
Los activos y pasivos de las oficinas de Barclays Bank se transmitieron a Caja Rural el 1 de noviembre y el 19 de diciembre de 2013. A 31 de diciembre la Caja ya había tenido que provisionar 2,09 millones de euros para ajustar al valor razonable la cartera crediticia que había comprado, según consta en el documento “Informe de auditoría (elaborada por el auditor de PricewatherhouseCoopers, Antonio Greño Hidalgo), cuentas anuales consolidadas e informe de gestión” .Asimismo, la entidad a pesar de que cuenta con una división jurídica, provisionó casi tres millones de euros, en concreto 2,92 millones para gastos jurídicos vinculados a la mencionada operación, según consta en ese mismo informesegún consta en las páginas 4 y 5 de dicho informe.
Además tuvo que provisionar otros 2,92 millones para gastos jurídicos de una de las operaciones
No obstante estos sobrecostes ligeramente superiores al 3 por ciento del efectivo desembolsado en la operación, la Caja Rural de Castilla-La Mancha, realizó una nueva compra a Barclays de otras 14 oficinas, con sus correspondientes activo y pasivo. La compra se formalizó unos días antes, el 30 de mayo. El traspaso se hizo efectivo en dos tiempos. El 30 de junio se formalizó la transmisión del inmovilizado (las oficinas) y las hipotecas y otros préstamos. El 1 de septiembre Caja Rural recibió el negocio de las tarjetas de crédito y los depósitos a la vista y a plazo. Esta operación supuso un desembolso de 249,58 millones de euros.
En esta ocasión y, según ha podido conocer clm21.es de los datos oficiales de las cuentas y de la auditoría sobre las mismas, La Caja tuvo que provisionar 2,78 millones de euros por depreciación de los créditos adquiridos.
En total la compra de las 28 sucursales supuso la adquisición de una cartera de 522, millones de euros en créditos y 125 millones de euros en depósitos.
La entidad mantiene su política expansiva a través de agentes, que suponen ya el 35,7% de los puntos de venta
La tercera operación se realizó dos meses antes que la anterior. El 2 de abril se adquirieron a Banco Caixa Geral 4 sucursales por los que la Caja desembolsó 65,41 millones de euros y tuvo que hacer provisiones adicionales por 550.000 euros. En la operación se adquirió un volumen de negocio de 94 millones de euros, no los 100 que publicitó la Caja. 80 millones se correspondían con créditos y 14, millones, que no 20, eran depósitos de la clientela”.
Las tres operaciones, supusieron la compra de una cartera de créditos de 600 millones de euros. Del total de préstamos, el valor de los hipotecarios era de 576 millones de euros. Los datos oficiales no desglosan qué porcentaje de esa cartera de hipotecas tenía cláusula suelo.
Según la normativa, los agentes no tienen poderes para la formalización de avales, garantías u otros riesgos de firma
La otra línea de crecimiento de implantación de la entidad ha sido a través de agentes, que a finales de 2014 representaban ya el 35,7% del total de los puntos de venta de la entidad. Según los documentos a los que ha tenido acceso clm21.es, en su desaforado proceso de expansión en su pugna comercial con Globalcaja, La Caja Rural abrió en el periodo 2012-2014, 126 nuevos puntos de venta, combinando el modelo de oficinas con el de agencias financieras. En concreto, a finales de 2013 las agencias habían pasado a superar el 27 por ciento del total de la red comercial de la entidad, que sólo controla directamente el 73 por ciento. En 2009, la Caja tenía seis agentes y un corresponsal. En 2013 las agencias ascendían a 80, según la memoria consolidada de la entidad. En 2014 el total de agentes era de 126, sobre un total de 353 puntos de venta. Durante 2015 la Caja ha mantenido su proceso de expansión.
Según la normativa vigente (Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito), los agentes no tienen poderes para la formalización de avales, garantías u otros riesgos de firma y tampoco pueden actuar por medio de subagentes. La Caja está obligada a comunicar al Banco de España el alcance de la representación concedida a cada uno de sus agentes.
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