Los mismos datos que sirven al portavoz del gobierno regional, Nacho Hernando, para decir que “somos la medalla de plata” de la dependencia en España, sirven a la Plataforma de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha (LAPAD), premio nacional de derechos Humanos Nicolás Salmerón, para poner el énfasis en el “abandono real en el que se están dejando a las personas en situación de dependencia”.
Los datos son los registrados al cierre de 2017. Y la referencia política se sitúa en el compromiso del presidente García-Page de que al final del primer año de su mandato no quedase ninguna solicitud sin resolver. En el sistema de la dependencia hay dos magnitudes que marcan la calidad del sistema. Por un lado la cantidad de expedientes resueltos o pendientes de resolver y de personas atendidas o en lista de espera. Por otro, el sistema más o menos restrictivo para determinar los beneficios y también de los servicios que se prestan.
La primera magnitud aporta los datos esenciales en cuanto a personas atendidas o no. El gobierno mantiene que ha contratado a más de medio centenar de personas para agilizar los expedientes. La realidad es que 2017 terminó con 6.671 solicitudes sin dictaminar. Esa cifra es un 65% más alta que la que se registró en 2016, cuando eran 4.046 las persones a la espera de que ser valoradas.
En cuanto al limbo de la dependencia, es decir a las personas que sí han sido valoradas pero que no reciben prestación, durante 2017 se redujo la lista de espera a la mitad. Pero todavía son 11.654 los dependientes valorados que esperan ser atendidos, que aguardan recibir los servicios públicos a los que tienen derecho por ley.
La cifra de la medalla de plata que se pone el gobierno tiene estas marcas en la primera magnitud: 6.671 expedientes de solicitudes de dependencia sin resolver y otros 11.556 personas sin atender aunque se les haya reconocido el derecho a prestación. Para ponerse la medalla, el gobierno rompe con su principio de no mirar a los vecinos, a otras Comunidades y de fijarse sólo en los ciudadanos de Castilla-La Mancha. La realidad es que a final de 2017 había en Castilla-la Mancha al menos 17.000 dependientes (entre valorados y pendientes) esperando recibir del gobierno regional los servicios a los que tienen derecho por ley.
En cuanto a la magnitud para medir la calidad, los datos ponen de manifiesto que la Consejería de Bienestar Social ha apostado, como ya puso de manifiesto clm21.es, por un sistema de atención de bajo o mediano coste para tratar de reducir la lista de espera. Es decir, se atiende a más personas pero se les presta servicios más baratos.
En 2017 se atendieron 51.473 personas, 10.135 más que en 2016. Pero durante el último año se ha producido un reajuste de las cifras de baremación. El baremo es la que marca para el gobierno el mayor o menor coste del servicio que presta. Los dependientes son clasificados en tres grandes grupos en función de las sus necesidades y de la atención que precisan: grandes, severos y moderados. A su vez, inicialmente se estableció dentro de cada grupo una escala de 2 a 0. Aunque esa escala perdió fuerza legal en la reforma de 2012, todavía se sigue empleando. Durante 2017 el gobierno ha reducido de forma importante el número de dependientes en los niveles más altos de cada grupo (entre el 15 y el 33 por ciento y ha aumentado el de los niveles más bajos entre el 11 y el 15%, lo que le permite reasignar los recursos.
De hecho, LAPAD denuncia que entre los dependientes valorados (con prestación o en lista de espera) “se han perdido 255 Grandes Dependientes (Grado III), 151 Dependientes Severos (Grado II), y 1.415 Dependientes Moderados (Grado I)”.
Otra cifra que da idea de esa reasignación es que se refiere al número total de prestaciones en relación a los beneficiarios. Así hay casos en que un dependiente necesita de más de uno de los servicios del catálogo que da la administración. Eso hacía que en 2016 hubiese una relación media de 1,25 servicios por dependiente atendido. En 2017, esa cifra se ha reducido a 1,21 servicios.
Finalmente, la evolución de los diferentes servicios revela la apuesta que hace el gobierno. No es lo mismo ni tiene el mismo coste asistir al dependiente en una residencia que con ayuda a domicilio o mediante un sistema telemático (teleasistencia).
La reducción de la lista de espera en 2017 respecto a 2016 se ha conseguido fundamentalmente mediante el incremento de los servicios de teleasistencia en un 65%, de las prestaciones económicas vinculadas al servicio (40,5%) y de la ayuda a domicilio 37%. Sin embargo, se han reducido las ayudas para los cuidados en el entorno familiar, una reducción que LAPAD cuantifica en “495 prestaciones económicas, 41 al mes, casì 1.5 de media diaria durante todo el año”. Y la atención en residencias sólo se ha incrementado en un 7,95%.
Entre las personas que aguardan ser atendidas en el limbo de la dependencia, están aquellas que precisan de un servicio que la administración no está en condiciones de dar, fundamentalmente por el coste económico que comporta. Y las alusiones al dinero son constantes desde el ejecutivo, que reclama al gobierno central .
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