La AIReF considera que la comunidad castellanomanchega presenta un riesgo creciente de desviación, estimando que el gasto computable podría aumentar en torno a un 5% en 2026, una cifra superior a las tasas de referencia establecidas para el conjunto de las administraciones públicas. El organismo señala que la revisión de los datos de 2023 y 2024 apunta a un posible incumplimiento que no se detectó inicialmente, y advierte de que, si se confirma con la publicación del segundo informe sobre el cumplimiento de la regla de gasto y estabilidad, Castilla-La Mancha deberá presentar un plan financiero que incluya medidas concretas para corregir la desviación durante los dos próximos ejercicios.
En ese documento, la AIReF pide al Gobierno regional que, en caso de tener que elaborar el PEF, incluya medidas suficientes para mantener un crecimiento del gasto ajustado a las tasas de referencia, detallando sus efectos y el calendario de aplicación. Si finalmente no fuera necesario presentar el plan, el organismo recomienda vigilar de forma exhaustiva la ejecución presupuestaria y adoptar las medidas necesarias para evitar aumentos del gasto que superen los límites fijados.
Esta advertencia se suma a las ya realizadas por la institución en anteriores informes. En abril de 2025, la AIReF ya había alertado de un posible riesgo de incumplimiento, aunque entonces consideró que las desviaciones no eran significativas y se limitó a recomendar un seguimiento estrecho del presupuesto. En julio, el organismo volvió a mantener la advertencia tras observar una desviación moderada en la ejecución de 2025, señalando que podría derivar en un incumplimiento más acusado en los ejercicios posteriores.
El análisis de la AIReF se produce en un contexto en el que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha fijado para 2025 un techo de gasto no financiero de 8.315 millones de euros, un 4,5% más que el del ejercicio anterior, con el objetivo de mantener el impulso a la inversión pública y los servicios esenciales. Sin embargo, el organismo fiscalizador advierte de que este incremento, unido a la reducción de ingresos derivada de medidas fiscales aprobadas por el Ejecutivo regional —como deducciones en el IRPF y rebajas en el impuesto sobre actos jurídicos documentados que suponen unos 109 millones de euros menos de recaudación—, podría dificultar el cumplimiento de los límites de gasto.
La AIReF estima que Castilla-La Mancha cerrará 2024 con un déficit en torno al 0,3% del PIB, y que mantendrá un saldo negativo del 0,2% en 2025 y 2026, por lo que insiste en la necesidad de reforzar la disciplina presupuestaria. Además, advierte de que un crecimiento del gasto por encima de la tasa de referencia puede reducir el margen de actuación del Gobierno autonómico en el futuro, limitando su capacidad para financiar inversiones y políticas de desarrollo regional.
El Ejecutivo castellanomanchego, por su parte, ha reiterado en anteriores respuestas a las recomendaciones del organismo que mantiene un control continuo sobre la ejecución del presupuesto y que actualiza periódicamente las estimaciones del gasto computable. No obstante, la AIReF señala que la Junta aún no ha atendido su recomendación de publicar de forma regular el seguimiento de la regla de gasto en su página web, una medida que, a juicio del organismo, contribuiría a reforzar la transparencia fiscal.
El informe definitivo sobre el cumplimiento de la regla de gasto, estabilidad y deuda correspondiente a 2024 se publicará en los próximos meses. En función de sus conclusiones, Castilla-La Mancha deberá decidir si elabora un plan financiero para corregir las desviaciones o si, por el contrario, refuerza las medidas de control y ejecución presupuestaria ya en marcha.
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