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Emiliano García-Page fotografiado en 2015 en la fábrica Incarlopsa (Tarancón) con los responsables de la empresa, antes de firmar un protocolo de colaboración de cara a la ampliación de sus instalaciones.
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Emiliano García-Page fotografiado en 2015 en la fábrica Incarlopsa (Tarancón) con los responsables de la empresa, antes de firmar un protocolo de colaboración de cara a la ampliación de sus instalaciones. (Foto: Ignacio López // JCCM)

El Gobierno de García-Page guarda silencio por las informaciones sobre el caso Incarlopsa

lunes 19 de marzo de 2018, 21:02h

Los nuevos datos sobre el maltrato animal en Incarlopsa y la actuación del gobierno regional pone el foco en el ejecutivo del presidente García-Page, que sancionó a dos veterinarios que habían levantado actas contra la empresa Incarlopsa por maltrato animal y mantuvo la sanción hasta que esta fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, mediante una sentencia en la que se llega a afirmar que “la Administración parece haber actuado aquí a dictado de la sociedad inspeccionada por motivos que se nos escapan, y parece haber utilizado la vía del expediente disciplinario como forma de apartar a dos funcionarios que la citada empresa consideraba incómodos”.

Las nuevas revelaciones de Economía Digital sobre el caso ponen el foco en la actuación del gobierno del presidente Emiliano García-Page. Durante la legislatura anterior, en la que se iniciaron los hechos motivo de las actas de inspección de los veterinarios, el gobierno regional llegó a dictar una resolución a finales de septiembre de 2014 en las que establecía medidas correctoras que deberían ser aplicadas por la empresa. Pocos meses después, el 28 de junio de 2016, la Consejería de Sanidad del nuevo gobierno decidió trasladar a los veterinarios denunciantes, lo que derivó en un proceso contencioso administrativo que terminó el pasado mes de septiembre en el que el TSJ falla a favor de los funcionarios públicos y en contra del gobierno regional.

El gobierno anterior le negó tres ayudas

Además, y según la investigación realizada por clm21.es, durante el gobierno anterior existieron varios desencuentros entre el grupo Incarlopsa y el Ejecutivo regional al denegar este último varias ayudas. Los desencuentros se saldaron en los tribunales a favor de la posición mantenida por el gobierno anterior y denegando las ayudas al grupo cárnico.

El 16 de noviembre de 2011 la Dirección General de Infraestructuras y Desarrollo Rural denegó dos ayudas solicitadas por SECALSA, filial de Incarlopsa. Una para el proyecto "Ampliación salazón y secadero de jamones" en Olías del Rey y otra para el Proyecto "Mejoras tecnológicas secaderos”, a desarrollar en Corral de Almaguer. En la misma fecha, la misma Dirección General del gobierno regional denegó a Incarlopsa las ayudas solicitada para otro proyecto de inversión en Tarancón. Tras los pertinentes recursos, el TSJ dio la razón al gobierno regional anterior en sendas sentencias 1122/2015 y 1120/2015, ambas del 1 de abril de 2015.

El 30 de noviembre de 2015, producido el relevo en la Presidencia de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, acompañado por su vicepresidente de gobierno y diputado regional por Cuenca, Martínez Guijarro, visitaría el secadero de jamones de Incarlopsa en Corral de Almaguer. El 28 de junio de 2017 el presidente García-Page, acompañado por su consejero de Agricultura, inauguraba el nuevo matadero de Incarlopsa en Tarancón y alababa la trayectoria y el “patriotismo local” de la empresa Industrias Cárnicas Loriente Piqueras S.A. (Incarlopsa) como “ejemplo a seguir por el tejido empresarial de la región” y ponía de relieve “la capacidad de Incarlopsa para superar todos los obstáculos “contra viento y marea” a los que “se ha enfrentado desde su nacimiento”.

Entre julio y diciembre de 2016 el gobierno del presidente García-Page concedió tres subvenciones a Industrias Cárnicas Lorente Piqueras por un valor de 3.750.764,65 euros, en respectivas convocatorias.

Nuevas revelaciones de Economía Digital

Según publica el periodista David Placer en el prestigioso diario Economía Digital a propósito del maltrato animal de Incarlopsa, los veterinarios inspectores de la Junta de Castilla-La Mancha levantaron decenas de actas en las que denunciaban maltrato animal. Al aumentar la demanda de producción y las compras por parte de Mercadona, el fabricante tuvo que acelerar sus procesos productivos y violó la ley de bienestar animal desde finales de 2013 hasta principios de 2017 al sacrificar a cerdos que no estaban completamente sedados, tal como ha quedado acreditado en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha que publicó en exclusiva Economía Digital.

Para lograr la completa sedación de los animales, la empresa debe introducir a los cerdos en un foso con CO2 durante tres minutos. Al perder la conciencia, los cerdos pueden entrar a la fase de degüelle. Pero las prisas por acelerar el proceso productivo hicieron que Incarlopsa sometiera a los animales a apenas 70 segundos, lo que hacía que buena parte de los animales estuviesen plenamente conscientes durante su sacrificio y emitieran fuertes chillidos que perturbaban a los trabajadores.

Los veterinarios ordenaron a la empresa reducir a la mitad su producción, que entonces suponía unos 2.300 cerdos sacrificados cada ocho horas. Tras la orden de los inspectores llegó una resolución de la propia consejería de Sanidad que urgía a la compañía a reducir su producción para que todos los cerdos fueran sacrificados en estado de completa sedación.

La administración urgió a la empresa a una reducción drástica de su producción para garantizar la ausencia de dolor en el sacrificio de los animales. “Le notificamos que es preciso proceder a la reducción de la producción hasta garantizar el bienestar de los animales en el momento de su sacrificio, según el informe veterinario". "Cuando el establecimiento haya adoptado las medidas correctoras adecuadas, para subsanar las deficiencias recogidas (…), se procederá al levantamiento de esta medida cautelar reglamentaria".

Desafío a la autoridad

Pero la compañía, presidida por el empresario Emilio Loriente, desobedeció por completo las órdenes de la administración y se justificó asegurando que construía un nuevo matadero donde cumpliría por completo con la legislación.

“Existe un desacato reiterado de las indicaciones específicas de la Autoridad Sanitaria (Resolución del 26 de Septiembre de 2014,) y negativa del operador a cumplir las instrucciones expresas de los inspectores, lo cual implicaría una infracción muy grave a las obligaciones generales de los operadores en las inspecciones (Ley de Ordenación Sanitaria CLM 8/2000, Ley 8/2003, Ley 17/2011). Además estos hechos implicarían una vulneración de los principios generales de los operadores alimentarios (R.178/2000) respecto al principio de colaboración con la Autoridad y cumplimiento de las medidas cautelares e indicaciones de la inspección”, explica un acta adjuntada a los expedientes.

"La gravedad de la situación actual, estriba no sólo en el incumplimiento reglamentario en materia de bienestar animal, (situaciones de maltrato desde hace largo tiempo y que son evitables) sino en el incumplimiento de las obligaciones del operador como inspeccionado y administrado, en la reincidencia de la infracción y en el desafío a la Autoridad Sanitaria”, añade otro documento de los expedientes de Incarlopsa.

La sentencia del TSJ

Clm21.es ha tenido acceso a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha 10362/2017 de la que fue ponente el magistrado Jaime Lozano Ibáñez y en la que se resuelve el recurso de los dos veterinarios de la Junta que fueron sancionados por el ejecutivo autonómico por levantar actas de inspección contra Incarlopsa por maltrato animal.

En la sentencia queda constatado que “la empresa se queja de que pese a la adopción de tales medidas correctoras (se refiere a las dictadas en septiembre de 2014), los dos veterinarios siguen levantando actas; y eso motiva su queja a la Administración y la petición de que aparte a los dos funcionarios, petición que la Administración, sorprendentemente, se apresura a satisfacer por la vía cautelar. Ahora bien, las actas se levantan porque a juicio de los veterinarios siguen existiendo numerosos casos de incorrecto e imperfecto aturdimiento”.

El TSJ falla “anulando la resolución de la Consejería de Sanidad de fecha 28 de junio de 2016, en la parte en la que se adoptó medida cautelar de traslado” en relación con el veterinario recurrente; “condenando a la Administración a su reposición al puesto de trabajo con resarcimiento de cuantos daños y perjuicios se le hayan causado”.

Además el TSJ impone las costas de primera instancia a partes iguales a la Junta de Comunidades e Incarlopsa.

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