Más allá del debate y del desencuentro políticos, entre PSOE y PP, el despiste de los diputados socialistas en la votación de la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias, todavía pendiente de aprobación, y la posterior trifulca política, puede derivar en una situación de inseguridad jurídica por su aplicación, en el caso de que el PP recurra a los tribunales y estos fallasen a su favor y declaran nula la ley.
Este escenario conllevaría la nulidad de los actos adoptados al amparo de la misma. Ante esa nulidad, la norma a aplicar sería la todavía en vigor, aprobada por el gobierno que presidía María Dolores Cospedal y que pretendía ser modificada por el texto sometido a cuestión.
Hay que recordar que esta ley regula la mayoría de los impuestos cedidos, que gestiona la Comunidad Autónoma (actos jurídicos documentados, transmisiones patrimoniales, sucesiones y donaciones) y que entre la aprobada por el PP y la que quiere aprobar el PSOE existen diferencias notables en cuanto a los tipos, las bonificaciones y exenciones aplicables.
El PSOE lanza un mensaje de tranquilidad: “No se tendría que pagar aquellas cantidades que el Gobierno haya estimado exentas”
A preguntas de clm21.es, el grupo socialista, a través de su portavoz, Blanca Fernández trataba de tranquilizar ayer a los ciudadanos: “Los que se vean exentos de pagar los tributos por esta ley, que estén tranquilos que no los van a tener que pagar”. A esa misma pregunta de este medio, el Partido Popular, en cambio, en boca de su portavoz adjunto, Francisco Núñez afirmaba que en un escenario de fallo judicial de nulidad, el Gobierno tendría que devolver las cantidades cobradas de más a los ciudadanos”.
Aún más, Francisco Núñez ha señalado que “las irregularidades producidas en el momento de la votación de la Ley de Tributos, podría propiciar que cualquier ciudadano la recurriese, al entender que se ha producido de forma ilegal, lo que acarrearía una posible nulidad de la norma”
Por otro lado el despiste a la hora de la votación ha generado tensiones dentro del PSOE. Con independencia de la situación que se arbitre para salir de la situación planteada, determinados dirigentes exoneran al presidente de las Cortes, Fernández Vaquero, y sitúan el foco en el grupo parlamentario, en cuyo seno se preparan las votaciones y se fijan los criterios que se tratan en una reunión interna previa a la celebración de cada pleno. Un veterano socialista señalaba a esta redacción “a Pepe Bono no le hubiese pasado nunca esto. De hecho nunca le pasó. Hubo un pleno en el que se quedó en minoría por la repentina ausencia de cuatro diputados de Toledo y logro darle la vuelta, aunque para ello tuvo que traerse a votar en camilla a otro diputado recién operado. Nunca le pasó, pero si le llega a pasar, hubiese fulminado a la o el responsable”.
Finalmente, y por lo que respecta a la solución jurídica y política, esta se conocerá el jueves tras la decisión que adopte la Mesa de las Cortes en función de los informes técnicos que presenten los letrados de la Cámara. Es la primera vez en 33 años de vida parlamentaria en la que los servicios jurídicos tienen que elaborar un dictamen sobre el futuro de una norma que se quedó pendiente de aprobación en un pleno habiéndose sometido a los votos de los diputados y, por tanto, sobre un pleno cuya sesión se levantó sin haberse agotado el orden del día y sin haberse suspendido. De hecho los portavoces de todos los grupos parlamentarios se refirieron ayer a la solución que se arbitre en un próximo pleno.
Por otro lado, la actualidad política se centra en las manifestaciones del secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha, José García Molina, en las que advertía de que “si los compromisos adquiridos por el PSOE no se materializan a partir de este momento, desde el GP Podemos ya no hablaremos de solicitar la dimisión de los consejeros. Empezaremos a explorar otras vías que están recogidas en el Reglamento de las Cortes.”. Esta ley contempla una medidas directa de reprobación y afecta directamente al presidente: la moción de censura. Sin embargo, Podemos con una estrategia de distanciamiento y confrontación, puede llevar al presidente del Gobierno, García Page, a someter su programa o su declaración política general a una cuestión de confianza. En ambos casos, si prospera la fórmula, conlleva la caída del presidente y la elección de su sustituto, que en el caso de la moción de censura se presenta como alternativo. La portavoz del PSOE, Blanca Fernández, ha tratado de trasladar el buen clima entre las dos formaciones de izquierda, que hacen el seguimiento del acuerdo de investidura. En privado, fuentes socialistas reconocen que esta actitud de Podemos responde a la situación preelectoral que se vive a nivel nacional.
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