El 29 de agosto, el Gobierno regional anunciaba en la Cortes un ambicioso programa legislativo para desarrollar el marco legislativo de su acción política, “el proyecto común de reconstrucción social y económica”, como ha venido a denominarlo su presidente Emiliano García-Page. Eran 16 leyes, algunas de ellas ya habían sido anunciadas un año antes, justo al comienzo de su mandato. Finalizado el periodo de sesiones, a 31 de diciembre de 2016, el ejecutivo sólo había remitido a las Cortes una, la de Transparencia y el Buen Gobierno.
En el cajón se han quedado normas tan significativas como las de participación ciudadana, la de una “Sociedad Libre de Violencia de género en Castilla-La Mancha”, la de ordenación del sector turístico, de la caza, la de microempresa cooperativa …
Durante todo 2016 se aprobaron solamente cuatro leyes. Además de la de transparencia y buen gobierno, la de presupuestos, la de subida de impuestos y la de aprobación de un crédito para liquidar las subvenciones a los partidos políticos por los gastos de las elecciones autonómicas de 2015. En el cajón se quedaron sin hacer o sin ultimar leyes como las de participación ciudadana, la de una “Sociedad Libre de Violencia de género en Castilla-La Mancha”, la de ordenación del sector turístico, de la caza, la de microempresa cooperativa y cooperativa rural, la de creación del órgano que debe auditar las cuentas del Gobierno, la del mecenazgo, la del Estatuto del Consumidor, la de creación del consejo de relaciones laborales, la de promoción de zonas prioritarias, la de cámaras de comercio. Por no presentar, el Gobierno de Castilla-La Mancha no aprobó el proyecto de ley de presupuestos para 2017, el documento que recoge la plasmación en dinero de lo que será su proyecto político durante el próximo año. De este paquete de 16 leyes auditadas el 28 de agosto, cuatro ya habían sido comprometidas por el ejecutivo un año antes.
En su última reunión del año, el 27 de diciembre, el ejecutivo aprobó el Plan Anual Normativo 2017, un documento en el que el ejecutivo anuncia que durante este año enviará al Parlamento 34 proyectos de ley. En este paquete vuelven a aparecer algunas de las comprometidas para 2015 y vueltas a comprometer para 2016. En la lista vuelven a estar la de turismo, la de caza, la de microempresa cooperativa y cooperativa rural, la de zonas prioritarias, la del mecenazgo, la de ordenación de las instalaciones de radiocomunicaciones, la de Cámara de Cuentas, la de participación ciudadana y para una sociedad libre de violencia de género.
Hasta la fecha, ni el presidente, ni el vicepresidente, del que depende la coordinación de las Consejerías y las relaciones con las Cortes, han explicado las razones por las que el gobierno no ha presentado ninguna de las leyes comprometidas para el desarrollo del denominado por el presidente “proyecto común para la recuperación social y económica de Castilla-La Mancha”.
Hay quien busca la justificación en la ruptura del Pacto de investidura por Podemos, sin embargo esta formación señaló que cualquier texto legal se negociará uno a uno con o sin acuerdo. Es más, durante los quince meses en los que estuvo vigente el pacto, el Gobierno mostró una escasa actividad legislativa, lo que motivó la dura crítica del Partido Popular y de su portavoz, Francisco Cañizares, quien en agosto de 2016, un mes antes de la ruptura entre PSOE y Podemos, acusó al ejecutivo de “la parálisis que sufre Castilla-La Mancha por la falta de trabajo y la inoperancia del presidente García-Page” y se refirió expresamente a que el gobierno no remitía al Parlamento “leyes nuevas para resolver los problemas de los castellano-manchegos”.
Tampoco llegó a presentar las de creación del órgano que debe auditar las cuentas del Gobierno, la del mecenazgo, la del Estatuto del Consumidor, la de creación del consejo de relaciones laborales, la de promoción de zonas prioritarias y la de cámaras de comercio
En el paquete legislativo de esas 34 leyes para 2017 figuran otras, como la Ley Integral de garantías ciudadanas, cuyo proyecto puso sobre la mesa Podemos como condición previa a cualquier apoyo al ejecutivo y especialmente a la ley de presupuestos generales para 2017. Además, el gobierno tiene previsto aprobar una nueva ley del suelo, otra de vivienda y otra de ordenación del territorio. También figura en la lista una ley que pretende regular a los medios audiovisuales de Castilla-La Mancha. Este proyecto, cuyo contenido no ha anticipado el gobierno, se plantea en un momento en el que se han incrementado las informaciones críticas con el ejecutivo y existe un clima de deterioro en las relaciones entre medios de comunicación y el gabinete. El sector audiovisual, especialmente el televisivo, ha sufrido el impacto de la crisis económica y la caída de anunciantes. Las televisiones locales, cuya licencia de explotación concedió la Junta de Comunidades, en su mayoría han echado el cierre. Y algunos grupos nacionales con los que se relaciona muy bien este gobierno tienen interés por hacerse con licencias de explotación.
También está prevista una ley sobre colegios profesionales. El gobierno de España tiene a su vez congelado el proyecto básico en esta materia que desarrolla la normativa europea caracterizada por su marcado acento liberalizador, lo que en nuestro país provocó la protesta de algunos colectivos profesionales, como el de abogados o el de médicos, lo que motivó que el ministro Luis de Guindos retrasara su presentación en las Cortes Generales.
Ahora dice que en 2017 presentará 34 leyes en el Parlamento regional
Asimismo, el gobierno autonómico tiene previsto elaborar la ley para garantizar los derechos de hombres y mujeres homosexuales, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGTBI) y la de Bienestar y defensa de los animales.
Además de estas 34 leyes, el ejecutivo incluye en su cartera normativa para 2017 más de 120 decretos. De esa lista, en estos momentos, los departamentos trabajan en tres leyes y nueve decretos. Según el buscador del Código Legislativo del propio Gobierno, el ejecutivo habría aprobado 20 decretos desde julio de 2015, entre ellos los que establecen uno a uno la estructura y competencias de cada una de las consejerías.
A lo largo de 2016, las Cortes aprobaron cuatro proyectos del gobierno: Presupuestos 2016, subida de impuestos, subvención a los partidos políticos y transparencia
Entre las materias que no aparecen en el catálogo llama la atención la ausencia de la regulación de los plazos máximos en la atención sanitaria a los ciudadanos y los derechos de los pacientes en caso de demora, máxime por la polémica existente entre gobierno y la oposición a propósito de si se han reducido o no las listas de espera y los tiempos máximos para que los castellano-manchegos sean atendidos por el servicio público de Salud. El ejecutivo sostiene que existe una mejora sustancial, por ello llama la atención que esa seguridad en sus datos no la plasme en una garantía de los pacientes, que ya existió con otros gobiernos socialistas.
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