Las teles regionales ganan la guerra del IVA a Hacienda

El conflicto, que generó una situación de inestabilidad y que puso contra las cuerdas a las televisiones autonómicas, ha pasado por varias fases y cambios de criterio de Hacienda. Arranca a partir de 2012 cuando la Agencia Tributaria entendió que las televisiones autonómicas no podían deducirse, como venían haciendo, todo el IVA soportado, sino sólo el que afectaba a las operaciones comerciales, no a las de servicio público. Ese criterio llevó a Hacienda a reclamar a las televisiones regionales, incluida la de Castilla-La Mancha, cantidades millonarias en concepto de IVA, que consideraba deducido indebidamente desde 2012.

Esta situación provocó que, a finales de 2014, la casi totalidad de los grupos políticos del Congreso avalaran la enmienda introducida en el Senado a la ley de reforma fiscal del Gobierno. PP, PSOE, Entesa, CiU, PNV y grupo mixto acordaron que una modificación por la que las televisiones podrían deducirse todo el IVA soportado a partir del ejercicio de 2015. No obstante, las actas abiertas y las ejecuciones sobre años anteriores siguieron su curso.

A partir de 2015 se inicia una nueva etapa que no afecta ya a las deducciones de IVA, sino a las subvenciones que reciben las televisiones que se computan como ingresos y, por tanto, se les tiene que aplicar el IVA correspondiente. Las primeras televisiones en conocer ese nuevo criterio fueron las de Extremadura y Castilla-La Mancha, mediante procedimientos iniciados por la Agencia Tributaria, algo que fue interpretado en clave de medida política contra regiones no gobernadas por el PP.

Ese proceso llevó a la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicas (FORTA) en la que se encuadra la de Castilla-La Mancha, no así la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, a encargar un estudio y a llevar a cabo una estrategia conjunta. Algunas corporaciones, como la Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) consideraban que está nueva interpretación “haría más costosa la participación pública en los medios de comunicación de las administraciones autonómicas”. De hecho, su entonces vicepresidenta, Nuria Llorach, consideraba que en Cataluña el sobrecoste podría ascender a 50 millones de euros anuales.

En enero del año pasado se llegó a plantear que se adoptarse una medida política que evitase nuevas interpretaciones y especialmente el criterio que Hacienda estaba aplicando desde 2015, ya que se consideraba que ese criterio reducía de facto la financiación de las Comunidades Autónomas, todo ello en un momento en el que estaba y está sobre la mesa la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica, que sustituya al prorrogado desde 2014 y con el que ninguna Comunidad está de acuerdo.

Las Comunidades llegaron a plantearse como medio de elusión de la Agencia Tributaria la realización de lo que en el argot financiero se conoce como “operaciones acordeón”, mediante las cuales no se produjera una subvención anual de los gobiernos regionales a sus respectivas televisiones sino operaciones de reducción y ampliación de capital de los entes públicos, que no tributan por IVA. Sin embargo, decidieron esperar al fallo del TEAC.