Si en el año 2015 el gobierno de Cospedal presupuestó para atención integrada a la salud de los castellano-manchegos 2.200 millones de euros, en 2018, la cifra del gobierno de García-Page superaba ligeramente los 2.600 millones de euros más. En 2015 el gobierno disponía de de 6.876 millones (gasto no financiero) y en 2018 de poco más de 7.600 millones. El presupuesto de sanidad ha subido en estos años el 18,18%, mientras que el gasto de la Junta en su conjunto lo ha hecho en un 10,66%. De los 733 millones de euros que ha aumentado el presupuesto de la Junta, 400 han ido para el programa de atención sanitaria.
De los 733 millones que ha crecido el presupuesto de la Junta en estos tres años, 400 se han destinado a sanidad. A pesar de ello, se han disparado los tiempos de espera de atención a los ciudadanos.
A pesar de ese esfuerzo económico y de la implicación directa del presidente viajando incluso a Washington para ver la nueva tecnología que debían incorporar los hospitales castellano-manchegos, los resultados no acompañan. Ni tampoco habiendo renunciado al principio que consideraban sagrado de la defensa de la sanidad pública y sólo pública. El aumentar el presupuesto que destinaba el gobierno anterior a derivar pacientes a clínicas privadas tampoco ha servido para mejorar la comparativa quirúrgica, aunque sí ha ayudado a reducir la lista de espera para una prueba diagnóstica.
Si cuando llegó al gobierno Emiliano García-Page en 2015 se encontró una lista de 11.342 pacientes en espera de que se le realizasen pruebas, a finales de mayo de 2018 eran 9.968. La crisis había provocado que la vida útil de los aparatos que se emplean en muchas de las pruebas se estirara al máximo. El gobierno regional se propuso un plan de renovación con equipos de alta tecnología 2016-2020 y se encontró con el regalo añadido de 15 millones de euros donados por la Fundación Amancio Ortega, el propietario de Inditex, para que la Junta comprara equipos de alta tecnología. El convenio se firmó en abril de 2017.
Pero la lenta gestión y las necesidades de ajustes a cuenta de los sucesivos incumplimientos del déficit han provocado que el plan de renovación avance despacio y el gobierno haya tenido que recurrir a las clínicas privadas para tratar de mejorar la situación. Tal ha sido el uso que el gobierno de coalición ha hecho de la sanidad privada que la factura con los centros privados supera el dinero con el que disponía inicialmente. Y eso ha afectado no sólo a las partidas destinadas a tomografías, pruebas de ultrasonido o endoscopias. Se ha dejado sentir en las elevadas y millonarias cuentas por intervenciones quirúrgicas, que superan las que pagó el Ejecutivo anterior.
Se han incrementado los pagos a las clínicas privadas por derivaciones de pacientes
Las derivaciones de pacientes a las clínicas privadas se intensificaron en los primeros meses de 2016, después de que en el último trimestre de 2015, con tan sólo tres meses de gestión, el número de castellano-manchegos pendientes de una prueba pasara de los 11.342 a 19.663. Las derivaciones han permitido reducir la lista a 9.968 (mayo 2018), alcanzándose incluso picos más bajos de hasta 7.300 personas en algunos de los meses. Sin embargo, otro dato, el de los pacientes en periodos máximos de espera revela que en los complejos hospitalarios públicos todavía quedan muchos procesos por ajustar, porque ahora son 4.014 cuando hace tres años, cuando se produjo el cambio de gobierno eran 2.573.
Uno de los principales avances ha llegado en el proceso de estabilización de plantillas, incorporando a las mismas a los profesionales que ejercían de forma interina y fuera de la relación de plantilla, también el aumento de la plazas de formación MIR ofertadas y la oferta pública de empleo para contratación de nuevos profesionales y la conversión de puestos interinos en fijos. En el proceso de la oferta pública de empleo ha terminado interviniendo la fiscalía para investigar la filtración de algunas de las pruebas.
Las actuaciones en materia de personal siguen siendo consideradas insuficientes o muy insuficientes por los trabajadores y sus organizaciones profesionales o sindicales. El Colegio de Médicos de Toledo ha elevado este mismo año un informe sobre la precarización en la contratación que lleva a cabo el SESCAM. Médicos de urgencias han llevado a poner en conocimiento de los tribunales las condiciones del servicio en Toledo y un jefe de servicio de un hospital de Puertollano también puso al descubierto la contratación por el gobierno de médicos extracomunitarios sin la homologación de la titulación. El principal sindicato de enfermería viene reclamando la adaptación del ratio de enfermeras en algunas provincias, especialmente en Toledo por la infradotación de plantillas.
Castilla-La Mancha es una de las pocas regiones que no ha recuperado la carrera profesional y mantiene los recortes de los complementos a los profesionales sanitarios.
Por otro lado el incremento de algunas partidas del gasto, especialmente las destinadas a derivar pacientes a clínicas privadas y a cubrir el gasto farmacéutico tanto hospitalario como extrahospitalario y del material sanitario fungible, llevó al gobierno a dar orden escrita de limitar las contrataciones de personal de refuerzo y de sustituciones.
No obstante la gestión de plantillas ha dado la mayor alegría a los actuales gestores en forma de reducción del número de pacientes que esperan consulta para un especialista. A pesar de que todavía son 46.850 los castellano-manchegos que aguardan una cita de este tipo, hace tres años eran 62.210. La cara negativa la presenta el hecho de que si hace tres años sólo eran 5.972 los pacientes que debían esperar más de 60 días para pasar por consulta, ahora son 9.004, un 50% más. Durante estos tres años la lista total llegó a rozar los 84.000 pacientes, de ellos casi 14.000 con tiempos de espera para consulta superior a los dos meses.
Desde la oposición se ha acusado al gobierno de maquillar los datos de lista de espera, de purgar la quirúrgica sacando de ellas a los pacientes para cirugía menor que antes si contabilizaban y de purgar las listas administrativamente, sin que los ciudadanos lleguen a ser atendidos.
Una de las medidas más controvertidas ha sido el proyecto de trabajo en red, por el cual los servicios del SESCAM derivaban pacientes de una provincia a hospitales de otras provincias de la región, con el argumento de “optimizar los hospitales”, todo ello, a pesar de que todos de ellos tenían importantes listas de espera para quirófanos fundamentalmente. El paciente que no aceptaba la derivación ya no era considerado en lista de espera. Clm21.es informó que el año pasado en diciembre esta medida permitió la segunda mayor bajada de la serie histórica de la lista de espera quirúrgica (3.085 personas), a pesar de ser uno de los meses en los que se realizaron menos operaciones (7.384) en los hospitales de la región debido al número de fechas festivas (Constitución, La Inmaculada y Navidades) y a la epidemia de gripe. La mayor bajada se registró en junio de 2016. El Sistema Nacional de Salud elabora dos informes de situación semestrales, con los datos de lista de espera que presentan las Comunidades Autónomas en junio (final del primer semestre) y en diciembre (final de año)
En materia de infraestructuras, el gobierno ha retomado o mantenido algunos de los proyectos de inversiones hospitalarias, como el del nuevo hospital de Toledo, incluso manteniendo el modelo de pago y financiación de la obra y el de concesión de explotación de determinados servicios a las adjudicatarias privadas.
La ampliación del cribado neonatal y del cribado de cáncer de colon, principales mejoras del sistema
Como medidas principales el gobierno esgrime la incorporación del cribado de cáncer de colon y el aumento de enfermedades detectables con el cribado neonatal, conocido como “prueba del talón”. En 2015 mediante esta prueba se detectaban 10, en la actualidad son 20 y el gobierno espera ampliarlas hasta 24 a partir del mes que viene.
Desde el punto de vista de la salud pública, la región ha registrado en estos años el caso más grave desde la crisis de la colza de 1.989. Fue a finales de 2015 y en los primeros meses de 2016, cuando un brote de legionella en Manzanares (Ciudad Real), que tuvo su foco en la fuente de la estación de autobuses de la localidad, afectó a 244 personas, de las que cuatro fallecieron.
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