El gobierno confía en que la situación económica regional no se agrave excesivamente antes de las elecciones

Las aguas se agitan en lo político y se enturbian en lo económico y aquí el gobierno regional se pone de lado y pone en marcha las bombas de achique. El curso ha comenzado con perfil plano, sin Consejos de Gobierno y sin plenos parlamentarios, que quedan para el 20 de septiembre. En lo económico, los datos del paro son un serio aviso. Pero el gobierno regional achica con los planes de empleo demorados en el tiempo para coger aire hasta las elecciones. El gobierno trata de achicar también el desbarajuste de sus finanzas y ya ha iniciado los recortes de los gastos en servicios sociales para tratar de poner un poco de estabilidad en las cuentas, cumplir el déficit y que los ciudadanos no se percaten de esos recortes.

Le urge cerrar frentes abiertos innecesariamente. Esta semana ha tocado firmar la paz con la Universidad, contra la que los halcones del Ejecutivo había disparado de forma gratuita su artillería pesada sin medir los daños ajenos, y tampoco los propios. Finalmente hay un acuerdo que complace a todos. El contrato-programa, que el gobierno puso sobre la mesa como la madre de todas las soluciones, puede esperar. La tesis de la Universidad de una financiación justa sale adelante. Finalmente se impone la sensatez.

En el escenario, es tiempo de apariciones para hacer campaña de lo mucho que se ha hecho en estos tres años de gobierno. Campañas sufragadas con medios públicos (algo que puede terminar más pronto que tarde en la Junta Electoral Regional), en los que se obvian los datos negativos, que los hay y no son pocos. Ha empezado la consejera de Bienestar Social, con la dependencia. Claro que la réplica le ha llegado desde la Plataforma de la Dependencia, y ha sido contundente. Los avances están en el sueldo, pero las cosas que hay sin hacer que son muchas y, en algunos casos sangrantes, son las que deben determinar el juicio ciudadano.

Quien más quien menos asoma la cabeza en un “Ya estoy aquí” y lo hace de forma estrambótica para que se hable de él o de ella. Eso es lo que ha hecho el flamante vicepresidente segundo del gobierno y secretario regional de Podemos, quien tras meses marcados por una actividad gubernamental de viajes y relaciones públicas, frenada por un paréntesis por una situación familiar, se asoma a Castilla-La Mancha (y al mundo) a través de un vídeo en Facebook para reclamar algo que es un clamor popular, que se oye todo los días en las conversaciones ciudadanas, en el trabajo, en los bares y que en los estudios de opinión se sitúa como el principal problema de los ciudadanos de Castilla-La Mancha: que exhumen los restos del general Moscardó del Alcázar de Toledo.

Lo malo es que habla y en su alocución da por sentado de un sentimiento de confrontación civil instalado en la sociedad actual. Y claro, eso es rizar el rizo y presenta una cuestión esencial. ¿Qué hacen los representantes públicos -él sin ir más lejos- para evitar ese clima que dice que existe? Porque uno de los objetivos esenciales de un buen gobernante es unir a los pueblos, gobernar para todos, trabajar en la concordia y no en la confrontación, sin renunciar por ello a sus postulados ideológicos o programáticos, incluida la memoria histórica. Hay quien busca autoafirmarse en la crispación, en el ataque gratuito al otro y a sus sentimientos. Es una fórmula que emplea el gobierno actual en sus comunicaciones oficiales y que ya se ha denunciado desde estas mismas páginas como germen de crispación y discordia. No es de extrañar que cunda el ejemplo. Malo para la convivencia… Y mientras, el Plan de Garantías Ciudadanas, el eje de la política social, del que Podemos reclama la autoría y su desarrollo, es un desastre. Las ayudas a los ciudadanos más vulnerables de la región llegan tarde, mal y nunca.

Con el tema de Cataluña por medio y tras los patinazos dados por el gobierno regional, la Junta quiere envolverse en la bandera y en la defensa de la Constitución y poner en valor el Estatuto de Autonomía. Y en esas García-Page topa con lo de presentar los presupuestos en plazo, algo que regula tanto la Constitución como el Estatuto. Debe hacerse antes del 1 de octubre. Tradicionalmente se venía haciendo en fecha, cumpliéndose las leyes del ordenamiento democrático. Pero la falta de mayoría absoluta ha llevado a García-Page a incumplir ambas normas básicas por conveniencia y demorar la presentación de presupuestos hasta tener asegurado el respaldo de Podemos. Para 2019 el gobierno ha enviado señales de que puede ser que no presente el proyecto de ley, que ya debería haber sido aprobado en Consejo de Gobierno y remitido al Consejo Consultivo para evacuar el informe preceptivo. Es una cuestión de oportunidad electoral. Una oportunidad reñida con la Constitución y con el Estatuto de Autonomía que, como bien recordó esta misma semana el propio presidente García-Page a Torra, son las bases jurídicas de las que emana su cargo y su poder. El presidente de la Junta criticó el “egoísmo del que algunos dirigentes políticos están haciendo gala, a pesar de que deben su cargo a la Constitución Española, que precisamente este año celebra el cuarenta aniversario de su nacimiento”.

Y es que en las próximas semanas debemos acostumbrarnos a oír a García-Page a hablar mucho de Cataluña y España, más incluso que de Castilla-La Mancha. Es un tema que no depende de él, pero que le puede hacer mucho daño electoral. Se mira de reojo a La Moncloa para evitar los daños que las actuaciones nacionales puedan ocasionar en la campaña de García-Page a las elecciones autonómicas.