El déficit de la Junta en agosto duplica al de hace un año y el gobierno mete la tijera a los servicios públicos

Desde la confección del presupuesto, el gobierno regional puso la vista en abril de 2019. En esa fecha y a falta de un mes para que los castellano-manchegos voten quién debe ser su presidente, se conocerá el grado de salud de las finanzas públicas, hasta qué punto están deterioradas. En esa fecha se sabrá, entre otros datos, el déficit alcanzado por Castilla-La Mancha en 2018, así como el crecimiento del PIB regional.

El Ejecutivo presentó un presupuesto moderadamente expansivo, conservador en función de los escenarios de crecimiento económico que él mismo barajaba como probables. Se trataba de presentar buenos resultados, de evitar sorpresas a menos de un mes de las elecciones. Pero siendo año preelectoral las previsiones presupuestarias ya han sido desbordadas a través de ampliaciones de crédito, que ya suman 160 millones de euros de gasto adicional al aprobado por las Cortes, además de que el escenario macroeconómico que contemplaba se ha roto a la baja.

A final del primer semestre se registró un fuerte desajuste entre ingresos y gastos y el déficit presupuestario alcanzó los 389 millones de euros (que llegaron a subir a 448 millones en términos de contabilidad nacional). Esta situación ha llevado al gobierno del presidente García-Page a frenar en seco a costa de recorte en los servicios públicos. Los datos confirman lo anticipado por clm21.es sobre las restricciones del gasto para el segundo semestre.

En julio el gobierno de la coalición de izquierdas llevó a cabo un recorte de 30 millones de euros en las líneas de ayudas con el que tratar de devolver las cuentas públicas a la disciplina fiscal. Los datos de agosto reflejan ese frenazo en la política de gasto, que sólo creció 5,79 puntos muy por debajo del promedio mensual que hasta ese momento era del 7,3% mensual.

Esa disminución en el ritmo de gasto también se produce en comparación con el año pasado. Si hace un año el gobierno cerró agosto habiéndose gastado el 58,96% de todo el presupuesto, este año la cifra se queda en el 57,17%.

El problema con el que se encuentra el gobierno durante el ejercicio presente es que recauda a menor ritmo. Los porcentajes de ingresos han caído con mayor fuerza que los del gasto, desde el 59,41% que llevaba recaudado el año pasado al 55,77% en la actualidad. Esa diferencia le supone a las arcas públicas 265 millones de euros menos y provoca que el saldo presupuestario se haya deteriorado con fuerza. Si en agosto de 2017 pasado el saldo presupuestario era deficitario en 38,48 millones de euros, en el mismo mes de 2018 ese déficit es de 80,67 millones de euros. El saldo presupuestario es la base a partir de la cual se calcula el déficit real en términos de contabilidad nacional tras considerar otros datos contables fuera del presupuesto.

El último cuatrimestre y especialmente los meses de noviembre y diciembre en los que se acelera la formalización de las obligaciones reconocidas (facturas) van a ser determinantes a efecto de que nuestra región cumpla el objetivo de déficit. Las cifras no acompañan al gobierno para esta recta final.

Con un presupuesto de actuación inicial de 7.510 millones, a fecha de hoy, el gobierno ya lleva autorizado gasto por 5.955 millones de euros de los que ha comprometido formalmente 5.639 millones. De esos 5.639 millones, el gobierno ya ha reconocido obligaciones de pago por 4.151, de los que ha abonado 4.069. Para cumplir sus propias previsiones el gobierno no puede gastar más de 7.510 millones de euros, siempre y cuando los ingresos respondan a sus cálculos, cosa que según la documentación oficial no termina de cumplirse.

Sólo en personal, el gobierno gastará en este último tercio del año 630 millones de euros. Según esto, le quedarían menos de 1.000 millones de euros para nuevos compromisos de gasto en servicios públicos desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre, a razón de 250 millones de euros al mes (de los que 75 se los lleva el gasto en recetas y material sanitario). La cuestión es que, descontado los gastos de personal, el Ejecutivo regional mantiene un promedio de ritmo de gasto de 365 millones de euros al mes.

Por otro lado están las actuaciones ya en marcha y a cuyas obligaciones (facturas) el gobierno va a tener que hacer frente en este último tramo del año. Esas facturas pendientes de llegar suman casi 1.500 millones de euros a 31 de agosto.