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El presidente Emiliano García-Page saluda al consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina.
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El presidente Emiliano García-Page saluda al consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina.

La Junta hace recortes para cumplir el déficit y externaliza los fondos europeos

miércoles 20 de diciembre de 2017, 10:25h

El gobierno de Castilla-La Mancha ha dado instrucciones a las distintas Consejerías para que paralicen proyectos por importe de 80 millones de euros para tratar de alcanzar el objetivo de déficit a final de año. Ese freno al gasto afecta fundamentalmente de inversiones propias y de ayudas a la inversión de ayuntamientos y empresas. Según fuentes consultadas por clm21.es, además, el ejecutivo habría implementado esta medida con la retención de fondos a instituciones del sector público regional por importe de otros 40 millones de euros a fin de garantizarse que estos organismos cuyo déficit computa dentro del de la Comunidad Autónoma tampoco pueden gastar ese dinero. En total son 120 millones de euros de restricciones de crédito.

Estas restricciones se unen a los problemas que tiene el ejecutivo para llevar a cabo la gestión de los fondos europeos y que dejarán muchos de estas inversiones sin realizar. Según los datos recabados por clm21.es, el gobierno no tiene capacidad financiera suficiente para hacer frente al copago del 20% de los proyectos de FEDER y FEAGA y mucho menos para adelantar el cien por cien de los proyectos de inversión contemplados en estos programas europeos. Esta situación ha llevado al ejecutivo regional a poner en marcha un plan de externalización de los proyectos, para buscar inicialmente el apoyo de otras instituciones, fundamentalmente ayuntamientos y diputaciones gobernados por el PSOE, aunque no se descarta que acuda a empresas privadas, lo que de realizarse supondría una privatización de los proyectos europeos. Precisamente la mala gestión de los fondos europeos está detrás del incumplimiento del gobierno regional del objetivo de déficit en 2016.

En cuanto a los fondos retenidos a empresas e instituciones del sector público regional a las que debe librar el dinero comprometido y que figura en presupuestos, la intención del ejecutivo es hacer ese libramiento a 31 de diciembre, para que los organismos afectados tengan la disponibilidad de crédito dentro de este año, pero que no puedan llevar a cabo el reconocimiento de obligaciones de gasto, lo que permitiría rebajar en una décima el déficit público. La paralización de los proyectos de inversión y de ayudas a la inversión por otros 80 millones de euros permitiría al gobierno reducir en otras dos décimas el déficit a final de año.

A finales de noviembre el déficit presupuestario no financiero fue de 53,97 millones de euros. El año pasado a la misma fecha era de 97,4 millones. Esas cantidades son el punto de partida para calcular el déficit final tras la aplicación de los criterios de contabilidad nacional. El año pasado con esa cifra de partida en noviembre el ejercicio cerró con 313 millones de déficit, el 0,82% cuando el límite estaba en el 0,7% del PIB regional.

Para 2017 el límite está en el 0,6% y los saldos presupuestarios hacen prever a los economistas consultados que la Comunidad tendrá dificultad para alcanzar esa cifra, aunque no descarta que pueda llegar a conseguirlo a costa de recortes en los servicios públicos, vía inejecución de proyectos, que es lo que se ha ordenado a los distintos departamentos.

El gobierno regional atraviesa por problemas financieros, que se han agravado en los últimos años por presupuestos expansivos no sustentados con unos ingresos propios realistas y por el incumplimiento del déficit. Por otro lado la comunidad tiene prácticamente agotada su capacidad de endeudarse. El elevado endeudamiento en el que ha incurrido ha llevado a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) a advertir de la existencia de riesgos muy altos para la sostenibilidad financiera de la Comunidad, máxime si llegan a desaparecer los mecanismos de liquidez, como el FLA, que es el que permite un mínimo respiro financiero a nuestra Comunidad y poder atender al pago de la deuda comercial (la que se tiene con proveedores) y a la refinanciación de la deuda financiera. La desaparición del FLA ha sido barajada por algunos expertos durante la elaboración del documento que sirva de base para la elaboración del nuevo modelo de financiación.

Además, una vez se alcancen los objetivos de déficit, la Unión Europea aplicará sus esfuerzos a que los países y sus diferentes administraciones cumplan con el objetivo de reducción de su deuda pública.

En ese escenario, el lunes de esta semana el nuevo secretario de organización del PSOE, Sergio Gutiérrez, anticipaba la estrategia del PSOE en los próximos meses con una campaña "una financiación justa para nuestra comunidad autónoma", con la que tratar de derivar la responsabilidad financiera hacia el gobierno central.

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