Los datos oficiales indican que en nuestra Comunidad se generan al año en torno a las 100.000 toneladas de residuos peligrosos de origen industrial. La cifra se ha reducido por el descenso de la actividad económica registrada desde el inicio de la crisis, cuando este registro se situaba en 190.000 toneladas.
A estas cuantías hay que añadir las cifras de otros tipos de desechos, agrupados en varias categorías: envases, aparatos eléctricos y electrónicos, de construcción y demolición, pilas y acumuladores o lodos procedentes del tratamiento de aguas residuales, los de la minería, los sanitarios
Las estadísticas oficiales son bastante opacas tanto autonómicas como estatales. Ningún organismo oficial tiene publicado el mapa de puntos negros de vertidos y vertederos. Los datos más conocidos, como el de los neumáticos de Seseña o el del amianto de Toledo, lo son por su visibilidad y por su seguimiento informativo durante los últimos años. De hecho, hace tan sólo unas semanas, la oposición pedía medidas inmediatas de actuación en el cementerio de neumáticos de Seseña, que afecta a dos Comunidades: Castilla-La Mancha y Madrid.
En lo que no han entrado en profundidad las autoridades en el comercio nacional e internacional de residuos y de su tratamiento. Es un negocio que mueve más de cinco mil millones de euros al año como denuncian las organizaciones ecologistas.
La Guardia Civil tramitó en España en 2015 26 mil sanciones administrativas por residuos en España
Uno de los casos más conocidos de comercio de residuos es el de los nucleares de alta actividad que no se pueden almacenar en España por falta de espacio y que están siendo derivados a Francia. En concreto, nuestro país paga a los almacenes galos 60.000 euros diarios por recoger 2.000 toneladas de residuos radiactivos.
El Tribunal de Justicia de la Unión ya ha condenado a nuestro país por la dejadez de actuación y no haber cerrado treinta vertederos concretos. La denuncia fue interpuesta por la Comisión Europea contra el Reino de España.
La Ley española de residuos y suelos contaminados, que así se denomina, data de 2011, y su actualización en cuanto a qué desechos tienen esta categoría es de 2014.
En nuestra Comunidad, los datos oficiales se refieren a las encuestas sobre generación de residuos de carácter anual que hace el Instituto Nacional de Estadística, pero que arrojan cifras bastantes distantes de las que se generan realmente.
El último plan de gestión de residuos industriales de Castilla-La Mancha para el periodo 2014-2020 fue aprobado en noviembre de 2011 por la Consejería de Agricultura y contempla unas necesidades financieras de 2,3 millones de euros para los programas vinculados a este tipo de vertidos.
En el documento, se señala que nuestra región deriva 52.000 toneladas de residuos industriales peligrosos para su tratamiento en comunidades limítrofes, próximas a las zonas de generación. De igual modo, en Castilla-La Mancha se tratan 120.000 toneladas procedentes de otros territorios españoles.
Existe un comercio nacional e internacional de almacenamiento y gestión de residuos
Según un informe elaborado por Ecologistas en Acción a finales de 2013, el 70 por ciento de los residuos en España terminan en vertederos., “muchas veces sin que reciban ningún tratamiento, lo que incumple la normativa europea”. La Comisión Europea estableció en 2015 un catálogo de objetivos para todos los países miembros que contempla que deben alcanzar un 50 por ciento de reutilización y reciclado en 2020. Esa cifra se eleva a un 65 por ciento en 2030. Además la Unión exige que en 2030, los países reduzcan los vertidos de residuos al 10 por ciento de los que hayan generado.
Diversas organizaciones ecologistas españolas denuncian que estos objetivos están fuera del alcance de la mayoría de las comunidades autónomas y municipios de nuestro país. El Gobierno de Castilla-La Mancha tiene abierto un programa de registro de producción y gestión de residuos, que identifica a productores, gestores y transportistas de los vertidos.
Por otro lado, el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil actuó en 26.086 casos de infracciones administrativas en materia de residuos en España durante 2015
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