Los datos están incluidos en los papeles económicos del gobierno regional sobre la gestión presupuestaria de sus diversos departamentos, que han permanecido ocultos diez meses. Según este documento, la dirección general de Asistencia Sanitaria se gastó entre retribuciones básicas y complementarias para el personal de refuerzo y de sustituciones 80 millones de euros durante el año pasado. El gobierno dejó de gastar en contratación de este tipo de personal 12 millones de euros (el 13,5%) del presupuesto que tenía aprobados por las Cortes.
Un año antes, en 2016, el gobierno se había gastado en contrataciones 92,8 millones de euros. Ese año el SESCAM no sólo utilizó todos los fondos aprobados por el Parlamento, sino que necesitó 3 millones adicionales. De hecho, en octubre de 2016 saltó la polémica al conocerse que el gobierno había dado orden a las gerencias hospitalarias de restringir las contrataciones. Un proceso de recortes que se mantuvo durante 2017, hasta el punto de que de los fondos para la contratación de médicos de refuerzo el año pasado sólo se gastó el 56% de los fondos aprobados y se quedaron sin gastar 3,55 millones de euros. En el caso de los fondos para sustituciones del personal facultativo, el gobierno dejó sin gastar 2,3 millones de euros, el 40% de la partida.
En el resto de categorías profesionales el gobierno priorizó las sustituciones, a las que destinó más fondos de los presupuestados, sin embargo, en todas ellas sin excepción dejó fondos sin gastar en la contratación de personal de refuerzo. De hecho, a sustituciones destinó 5,3 millones más de los 39 aprobados. En cambio en las partidas para personal de refuerzo que aligerara la carga de trabajo el gobierno dejó sin gastar 17,8 millones de euros, un tercio de los fondos aprobados por el Parlamento. En el balance total entre refuerzo y sustituciones aparecen gastados 80 millones de euros en lugar de los 92,5 previstos.
Más sanidad privada con cargo al presupuesto público
Al tiempo que se seguía esa política restrictiva de contratación de personal de refuerzo en la sanidad pública, el SESCAM incrementó los fondos para derivar pacientes a la sanidad privada. En 2017 el gobierno había recibido la aprobación del Parlamento para destinar 50,12 millones de euros a hospitalización, cirugía, pruebas diagnósticas y terapias para pacientes en clínicas privadas. El gobierno argumentó que esa cifra reducía la de 2016 (que fue de 51,88 millones de euros) y que estaba destinada sólo para casos de contingencia (“como el de averías de algunos de los aparatos de los hospitales públicos”).
Sin embargo, al finalizar el año el gobierno había incrementado los fondos aprobados por el Parlamento a 72,28 millones de euros, un 44,21% más de lo acordado por las Cortes en la aprobación de la ley de Presupuestos.
La cuantía es la más alta de los últimos años. En 2016 el gobierno había iniciado el año con el propósito de gastarse 51,88 millones de euros en esas derivaciones de pacientes a la medicina privada, sin embargo terminaron por ser 59,08 millones.
Durante 2017, los fondos para este tipo de asistencia estaban divididos en 24 partidas. Sólo en tres el gasto final estuvo por debajo del presupuestado. Las mayores desviaciones se registraron en endoscopias, en las que se llegó a gastar un 1.768,65% (diecisiete veces) más del dinero aprobado por las Cortes. En tomografías el gasto realizado se multiplicó por casi 6.
En cirugía en clínicas privadas el gobierno gastó un 33% más de lo aprobado. Las facturas abonadas alcanzaron los 15,12 millones de euros, cuando el presupuesto inicial permitido era de 11,37 millones. La mayor desviación se produjo en intervenciones cardiacas. El gobierno había consignado en el presupuesto que remitió a las Cortes 4,4 millones de euros para este tipo de intervenciones, que finalmente se convirtieron en 7,02 millones.
A pesar de estas desviaciones de pacientes a la sanidad privada y a la purga administrativa de las listas de espera (especialmente en el mes de diciembre), 2017 terminó con más pacientes en espera de pasar por el quirófano que los que había oficialmente en 2016. Además, se aumentaron los tiempos medios que debían aguardar los pacientes para que se les realizase una operación programada. Los que debían esperar más de 180 días (que es el tiempo máximo establecido como garantía por el Sistema Nacional de Salud y sólo para cuatro tipo de intervenciones concretas) se incrementaron durante el año pasado en relación a 2016 un 10,19% hasta totalizar los 13.173, lo que suponía que el 36,41% de los castellano-manchegos que aguardaban ser intervenidos llevaban en la lista de espera más de seis meses.
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