Como informó clm21.es el pasado día 25, el gobierno de Castilla-La Mancha cerró el tercer trimestre con una deuda no financiera de 280 millones de euros, equivalente al 0,67% del Producto Interior Bruto (PIB) regional. De esa cuantía 153 millones (0,37% del PIB) eran en facturas pendientes de pago, la cifra más alta desde mayo, aunque es inferior en 23 millones a la que el ejecutivo tenía un año antes. Sólo en septiembre el importe de las facturas sin pagar creció un 21,54% y situó a nuestra región como la tercera en la que más aumentó el volumen de las cuantías de las facturas pendientes de pago y como la sexta región con más deuda comercial de España, tanto en valores absolutos como en relación a su riqueza.
El informe del Banco de España advierte de que “un retraso importante en los pagos de las deudas comerciales de un número significativo de administraciones públicas, como sucedió durante la crisis, tendría un elevado efecto sobre la actividad económica”.
Como se recordará, en el caso de Castilla-La Mancha, en 2011, con el cambio del gobierno, afloraron más de 3.500 millones de euros en facturas pendientes de pago, a las que se sumaban otras comprometidas pendientes de formalizar. Esa situación que había provocado las dificultades de muchas pymes y autónomos, provocando incluso el cese de su actividad, llevó al rescate financiero de nuestra Comunidad por parte del gobierno central. El gobierno central facilitó 5.000 millones de euros a través de créditos. Un rescate que todavía sigue pagando nuestra Comunidad y que junto a los elevados déficits anuales posteriores supone el pago de más de 200 millones de euros en intereses cada año.
El documento del Banco de España sobre la situación a septiembre de 2018 (últimas datos oficiales), señala que “desde un punto de vista económico, una cuantía elevada de deuda comercial, junto con un retraso elevado en el PMP, puede acarrear consecuencias negativas sobre las empresas proveedoras, especialmente en momentos de restricción crediticia como las experimentadas durante la última crisis. Ello es, si cabe, más relevante aún en el caso de España, debido a que la mayor parte del tejido empresarial está constituido por pequeñas y medianas empresas, que se enfrentan a mayores dificultades de financiación. Así, un retraso en el pago por parte de las Administraciones Públicas puede suponer que la empresa tenga que ajustar su estrategia de producción y retrasar las decisiones de inversión y contratación. Si, finalmente, la Administración acaba no resarciendo sus facturas pendientes, el impacto podría ser aún más significativo, dependiendo de la estructura y la magnitud de los créditos comerciales, y llegar incluso a poner en peligro su viabilidad. El efecto agregado podría verse aumentado si la quiebra de una empresa comportara el cierre de otras dependientes de la misma”.
Los datos de Castilla-La Mancha
Los datos sobre Castilla-La Mancha recogidos en el informe constatan que la deuda comercial de Castilla-La Mancha en relación a su PIB es de las más altas del país. En concreto, señala que las facturas sin pagar del gobierno regional equivalen al 0,4% del PIB regional. La deuda comercial media de las Comunidades Autónomas equivalía al 0,2% del PIB. La del gobierno central es del 0,1%. Las Corporaciones locales tienen un volumen de facturas pendientes de pago que equivalen al 0,3% del PIB. La Seguridad Social no presenta deuda comercial. En lo que llevamos de año, el conjunto de las regiones ha disminuido sus facturas pendientes de abonar, no así Castilla-La Mancha, que mantiene el mismo 0,4% del PIB que en diciembre de 2017.
En cuanto a los plazos de pago a proveedores, el Banco de España pone de manifiesto, en contra de lo que venía sosteniendo el gobierno regional, que el ejecutivo de nuestra Comunidad incumplía los plazos de 30 días máximos establecidos para pagar a sus proveedores. Ese incumplimiento continúa tras el cambio de modelo de cómputo de los plazos por otro más claro y permeable. Así el Banco de España señala que a finales del año pasado el Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) de Castilla-La Mancha superaba en 15 días el plazo máximo de un mes. El gobierno regional ha logrado mejorar su PMP a lo largo de este año, pero sigue incurriendo en morosidad legal al pagar en 40 días. Castilla-La Mancha es, según los datos del banco de España, una de las seis regiones españolas morosas que pagan a más de 30 días
A lo largo de 2018, el conjunto de las Comunidades Autónomas ha pasado de pagar en 42 días de media a hacerlo en 39. El gobierno central tiene un PMP de 47 días, corporaciones locales de 63 y sólo la Seguridad Social cumple con sus proveedores pagándoles en 25 días, cinco días por debajo del límite legal. De ahí que el documento señale que “la mayor parte de las AAPP continúan presentando todavía, de manera persistente, plazos de pago de sus facturas superiores a los que contempla la ley, con desviaciones significativas en el caso de algunas corporaciones locales de menor tamaño”.
El banco de España recuerda que las medidas que se pusieron en marcha en 2012 han permitido reducir tanto el stock de la deuda comercial, desde el 3,4 % del producto interior bruto en 2011 hasta el 1,1 % en 2017, como el período medio de pago a los proveedores.
Con el fin de limitar la evolución del volumen de deuda comercial de las administraciones públicas y reducir el período medio de pago a los proveedores (PMP), se aprobó en 2013 la ley de control de la deuda comercial en el sector público, que incluyó el cumplimiento del límite del PMP entre los objetivos de estabilidad presupuestaria. Desde entonces, el control de la evolución del volumen de deuda comercial y del PMP se ha intensificado, lo que se ha visto favorecido por la publicación de nuevas estadísticas. La combinación de una legislación más estricta y el apoyo financiero recibido del Fondo de Financiación de Pago a Proveedores (FFPP) ha permitido reducir el nivel de deuda comercial y los retrasos en el pago a los proveedores de las Administraciones Públicas.
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